Nacional

Colombia, number one in aggressions against unionists
Colombia,primera en agresión contra sindicalistas
Autor: Redacción EL MUNDO
23 de Enero de 2012


Las condenas que se han logrado en este sentido, según HRW, son menos del 10 por ciento de más de 2.900 muertes de sindicalistas desde 1986.

Foto: Cortesía 

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch.

Un informe presentado ayer sobre derechos humanos en Colombia durante 2011 por la ong Human Right Watch, indica que 175 sindicalistas fueron asesinados en el país en los últimos tres años. “Esta cifra permanece más alta que en cualquier otro país del mundo”, dice el informe, que además asegura que las amenazas contra el gremio no cesan y que, por el contrario, van en aumento desde 2007.


No obstante, Human Rights rescata que este número de casos es inferior al presentado hace una década, cuando desde 1986 se cometieron en Colombia más de 2.900 homicidios de sindicalistas. Esta situación llevó al Congreso de Estados Unidos a retrasar cinco años la aprobación del Tratado de Libre Comercio.


Señala HRW que en el marco del conflicto armado interno de Colombia se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares. “La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos y continúa desplazando a varias decenas de miles cada año. Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, docentes, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras”.


Subraya el escrito que el presidente Juan Manuel Santos mostró mayor preocupación sobre temas de derechos humanos en su primer año de mandato, respecto del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, “que se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y abusos por parte del servicio de inteligencia nacional”.


Insiste el informe que los nuevos proyectos de reforma constitucional impulsados por el gobierno de Santos podrían favorecer la impunidad de violaciones de derechos humanos, al ampliar el alcance de la justicia penal militar en casos de abusos militares y al permitir que se otorguen amnistías en casos de violaciones graves cometidas por todos los actores.