El Mundo

La Corte Constitucional ordenó suspender el desalojo que venían desarrollando las autoridades policivas de la ciudad en el barrio la Hacienda Molinos, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá.

La determinación tomada es de índole provisional, ya que hay varias tutelas en curso en las que varias familias afectadas con la orden de desalojo alegan derechos fundamentales vulnerados como el derecho a la vivienda digna y de protección a los menores.

Sin embargo, dicha orden de la Corte llegó cuando la mayoría de viviendas ya habían sido desalojadas, lo que generó protestas de los afectados. 

Según datos de la alcaldía local, la mayoría de las construcciones ya fueron derribadas y gran parte de los habitantes tuvieron que buscar albergue donde familiares o amigos. En 117 lotes destruyeron 90 viviendas, 45 de ellas estaban habitadas por 37 familias y para facilitar que las familias sacaran sus enceres, la autoridades prestaron camiones para realizar los trasteos.

La Corte sostuvo que en este caso de los desalojos hay derechos como el de la vivienda y los derechos de los niños que deben ser protegidos, mientras se fallan de fondo las tutelas que reposan en el alto tribunal.

El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dijo que en el trámite de las tutelas se ordenó una inspección judicial para el próximo 23 de enero, para constatar la situación de las personas y verificar la propiedad del terreno.

Así mismo se requirió a la empresa de Acueducto y Alcantarillado para que explique quién está haciendo el pago del servicio y así establecer quien está respondiendo por todas y cada una de las viviendas que allí se encuentran.