Editorial

La ‘re-dictadura’ de Ortega
11 de Enero de 2012


Santos tomó la mejor decisión, enviando a la viceministra Mónica Lanzetta, porque tampoco estamos interesados en ahondar diferencias – que las tenemos y muy serias – con el régimen del señor Ortega.

Somos solidarios con el colega La Prensa, de Managua, que considera en su editorial de ayer que la toma de posesión para un tercer mandato del comandante sandinista Daniel Ortega es un ultraje a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro, reconocido Mártir de las Libertades Públicas, pues tal mandato no solo es abiertamente inconstitucional sino obtenido a través de un fraude monumental el 6 de noviembre de 2011. Chamorro fue abatido a tiros el 10 de enero de 1978 y como homenaje a su memoria de gran luchador contra la dictadura somocista, por las libertades y la democracia en su país, a partir de 1985 se decretó que el cambio de mando presidencial se haría en esa fecha conmemorativa.


Para ganar la elección, Ortega ni siquiera se tomó el trabajo de reformar la Constitución, como han hecho algunos de sus homólogos del Alba, sino que pasó por encima de ella, forzando a la Corte Suprema de Justicia, de mayoría sandinista, a declarar inaplicables dos artículos de la Constitución que prohíben expresamente presentarse como candidato a quien ejerciere la Presidencia al momento de la elección y quien la hubiese ejercido por dos períodos presidenciales. Ambos impedimentos se cumplían en su caso, pero no contento con eso, ante el temor de que pudiera perder en las urnas, se agenció un fraude que fue denunciado ampliamente en su momento, no solo por la oposición sino por observadores nacionales e internacionales.


Algunos elementos del fraude, ampliamente demostrados y documentados, fueron, por ejemplo, la negativa del Consejo Nacional Electoral, también dominado por el sandinismo, a entregar oportunamente miles de cédulas a ciudadanos de regiones tradicionalmente antisandinistas; la apertura de las Juntas Receptoras de Votos a las cuatro de la madrugada del 7 de noviembre, sin la presencia de fiscales ni veedores, para introducir en las urnas boletas marcadas a favor del orteguismo; inclusive, a los observadores de la OEA y la Unión Europea se les impidió el ingreso a algunos recintos electorales. Esas y otras irregularidades fueron denunciadas por la misión de observadores de la UE, que dijo en su informe que había faltado “transparencia y neutralidad”. Similar conclusión sacó la ONG Transparencia Internacional: “El incumplimiento de requisitos mínimos internacionales en la materia nos obliga a declarar que el actual proceso electoral no es justo, honesto o creíble”.


Todo lo contrario a lo que preconizaba el doctor Chamorro en sus respetados editoriales del periódico La Prensa, en su lucha denodada contra la dictadura de Somoza, quien también echó mano varias veces del mecanismo de elecciones fraudulentas, como las de febrero de 1967, para atornillarse en el poder, dando una apariencia de democracia. Al final del artículo, el editorialista reitera que es un ultraje a su memoria, del cual “son cómplices quienes, por el motivo que sea, han venido a avalar con su presencia la inauguración del nuevo período de Daniel Ortega, el cual es flagrantemente inconstitucional, ilegítimo y fraudulento”.


La crítica va dirigida, sin mencionarlos, a los presidentes del Alba, encabezados por el coronel Hugo Chávez; al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, también reelegido mediante fraude y a quien se aplica muy bien aquello de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”; a presidentes centroamericanos, como Álvaro Colom (Guatemala), Mauricio Funes (El Salvador) y Porfirio Lobo (Honduras). El que había confirmado asistencia pero a última hora se excusó, sin dar explicaciones, fue el presidente Martinelli, de Panamá. El presidente Calderón, de Méjico, que había asistido a la anterior posesión, esta vez envió a su esposa en su representación. Y la más sorprendente fue la presencia de su Alteza Real, el príncipe Felipe de Borbón. Pero hay una explicación para eso y es que el presidente Zapatero madrugó a reconocer la legitimidad del tercer gobierno de Ortega y esa decisión de gobierno comprometía al jefe de Estado, el rey Juan Carlos.


Finalmente, creemos que el presidente Santos tomó la mejor decisión, enviando a la viceministra de Relaciones Exteriores, Mónica Lanzetta, porque tampoco estamos interesados en ahondar diferencias -que las tenemos y muy serias- con el régimen del señor Ortega.