"En el Bajo Cauca antioqueño para nadie es un secreto que tuvimos muchas plantaciones de cultivos de coca, en Nechí se ha erradicado del 90 al 95% de la coca", Eduardo Cabrera, alcalde del municipio de Nechí |
Durante su historia la región del Bajo Cauca antioqueño ha tenido que soportar el flagelo de la violencia, la erradicación de cultivos ilícitos, y varios paros mineros. Esos son los temas más álgidos que tiene la región y que los nuevos gobernantes deben enfrentar para sacarla adelante. Al respecto, los alcaldes de Caucasia, Zaragoza y Nechí le contaron a EL MUNDO sus propuestas sobre estos temas.
Solo por mencionar la historia reciente se puede decir que la zona del Bajo Cauca fue la base de las Autodefensas Unidas de Colombia durante mucho tiempo, al desmovilizarse el Bloque Minero en enero del 2006, las bandas “de Urabá” y de “los paisas” se disputaron a muerte la zona. En el 2008 hubo 200 homicidios, fue la región más violenta de Antioquia.
Pero el que las bandas y la violencia se hayan asentado en la zona no es un hecho fortuito, estos grupos han tenido como combustible el narcotráfico. Esta subregión llegó a ser la tercera en producción de coca del país. Además, esta ruta sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales.
El Bajo Cauca limita con Córdoba. Ha sido históricamente un corredor estratégico de la guerrilla y los paramilitares por su cercanía con el Nudo del Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño.
Según Eduardo Cabrera Urbiña, alcalde de Nechí, cuando el Gobierno Nacional se dedicó a erradicar los cultivos ilícitos de la zona manualmente o por medio de fumigaciones, “causaron mucho daño al campesinado, no solo derribaron la coca sino también, los cultivos de pancoger”, precisó el mandatario municipal, quien además añadió que “el gobierno prometió la restitución pero no ha habido tal, han hablado de unas familias guardabosques pero eso no fue lo que prometieron para mitigar el impacto que eso creó, por eso la gente se ha volcado a la minería”.
Los gobernantes son conscientes de la historia de violencia que ha tenido la región del Bajo Cauca antioqueño, por eso en reuniones planificadas para este mes de enero, presentarán una propuesta conjunta de seguridad en donde la violencia no se limite a las fronteras de cada municipio.
“Queremos que la gente tenga más confianza en las instituciones”, indicó Camilo Mena Serna, alcalde de Zaragoza. También José Nadín Arabia, alcalde de Caucasia, explicó lo que haría propiamente en su municipio: “Estamos haciendo una campaña con la Policía y el Ejercito de permanente vigilancia en las diferentes calles del municipio, aquí lo grave es que se perdió la credibilidad y eso es lo que hay que recuperar”.
Así mismo, los mandatarios coinciden en la forma para apoyar a la población minera, “nuestra propuesta de minería es en conjunto en todo el Bajo Cauca, nosotros somos conscientes de que se está provocando un impacto ecológico, pero pedimos al Gobierno que manden unos ingenieros forestales para que les enseñen a manejar los recursos naturales”, comentó Cabrera Urbiña.
Por su parte, Arabia dijo que harán una gran campaña para que los mineros se legalicen y el Gobierno Nacional los deje trabajar, “esa es la mayor fuente de ingresos del Bajo Cauca en general, si el gobierno deja trabajar a las multinacionales por qué no puede trabajar un mediano minero, ambos contaminan el ambiente, pongámosle condiciones para que minimicen ese efecto de la contaminación ambiental”, puntualizó.
Por su parte, el alcalde de Zaragoza planea hacer un estudio socioeconómico de los mineros en su municipio, para hablar con argumentos ante el Gobierno Nacional, “ya que a simple vista las multinacionales mineras no están generando ningún aporte social al municipio, como sí lo hace la minería artesanal que se hace de una manera familiar”, puntualizó Mena Serna.
En cuanto a las propuesta para impulsar la sustitución de cultivos ilícitos sus estrategias difieren un poco: “para impulsar a la gente del municipio crearemos primero una Dirección de Derechos Humanos para hacer un acompañamiento a la comunidad y además una Secretaría de Espacio Rural y Campesino, para tener argumentos organizados ante el Gobierno Nacional”, comentó el alcalde de Zaragoza.
Entre tanto, Cabrera Urbiña, pide una ayuda al Gobierno Nacional y Departamental ya que siente que su pueblo no recibió lo que la Nación prometió por los cultivos ilícitos. “Los campesinos quedaron en quiebra, porque además la ola invernal acabó con los cultivos que habían quedado. Además hace más de año y medio estamos incomunicados, la ola invernal nos partió la carretera”, añadió el alcalde de Nechí.
Al mismo tiempo, Arabia dijo: “le voy proponer al Gobierno Nacional que 2.700 ha que hay aquí en el casco urbano de Caucasia, en la Finca Uribe, Paraguay y Santa Elena, pongamos a trabajar a la gente, si la gente ve que tiene trabajo no tiene porque elegir el camino fácil”.
El auge minero trajo al departamento capitales de inversión nacional y extranjera para proyectos de exploración y explotación, por lo que creció la titulación minera y, de paso, las explotaciones informales. Este es otro foco del conflicto de la zona ya se han presentado varios paros mineros en los últimos años. Los mineros de la región negociaron con una comisión del Gobierno Nacional una tregua de seis meses para que se legalicen y puedan inscribirse en el registro minero, además de acogerse a las leyes ambientales. "El gobierno le ha querido declarar una guerra a los mineros porque han querido dar a entender que está con los grupos al margen de la ley, pero por miedo ¿quién aquí no paga vacunas?, aquí hay gente de bien, que están trabajando y que no tienen nada que ver con los grupos", comentó, Cabrera Urbiña.