Fue tan frontal el ataque a la corrupción en Antioquia de la nueva contralora regional Luz Helena Arango Cardona que planteó que de considerarlo conveniente se debe proceder a instaurar las acciones necesarias para la liquidación de la Fundación para el Bienestar Global, antes conocida como la controvertida Fundación para el Buen Gobierno.

En este punto, anticipó, se emitirá un control de advertencia al Gobierno Departamental para prevenirlo sobre los procedimientos utilizados en materia de contratación.

Explicó que el control de advertencia tiene por objeto prevenir a los municipios, a las entidades públicas seccionales y a la administración departamental, que son los sujetos de control regional, sobre los graves riesgos que comprometen o amenazan en forma inminente el patrimonio público de las entidades.

En tal sentido anunció controles de advertencia a todas las instituciones públicas del Departamento, para que revisen las contrataciones con fundaciones y asociaciones, para que se cumplan los principios de la contratación estatal.

En consonancia con la gestión que viene realizando la contralora general de la República, Sandra Morelli, la fiscalizadora antioqueña fue enfática que desde ya le declara la guerra a todas las formas de corrupción, con la cual será implacable y se aplicará con todo los alcances de la nueva Ley o Estatuto Anticorrupción.

La Morelli antioqueña consideró que las medidas adoptadas en el país para la lucha contra la corrupción han arrojado resultados satisfactorios, pero como es un flagelo dinámico, cuyas manifestaciones varían con el transcurrir del tiempo, sus prácticas son cada vez más sofisticadas y difíciles de descubrir.

Para la contralora, quien asumió la vespertina del pasado jueves el cargo ante la Asamblea de Antioquia en una sesión taquillera porque el recinto de plenarias de la corporación se colmó de público, la corrupción es uno de los fenómenos más nocivos para los estados modernos.

Y la fiscalizadora mostró preocupación porque el 80% de la contratación en el departamento se hace en forma directiva y viola los principios contractuales de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.