Editorial

Los mandatarios sub judice
5 de Enero de 2012


El caso de alcaldes presos y los gobernadores enjuiciados está desnudando la persistencia de graves deficiencias, tanto en el otorgamiento de avales como en la actuación de la justicia, llámese electoral, disciplinaria o penal.

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El caso de los alcaldes de Moñitos y Los Córdobas, elegidos el pasado 30 de octubre, pese a estar cobijados por una medida de aseguramiento, y que intentaron una ridícula pantomima de posesión desde su celda en La Picota, podría pasar a la historia de la picaresca política colombiana, si no fuera porque está desnudando la persistencia de graves deficiencias, tanto en el otorgamiento de avales como en la actuación de la justicia, llámese electoral, disciplinaria o penal. Lo mismo podría decirse en el caso de los seis gobernadores -¡casi el 19% de la nómina de mandatarios seccionales!- elegidos y posesionados, pero bajo la amenaza de destitución o incluso de ir a la cárcel antes de terminar sus mandatos.


No son delitos de menor cuantía los que tienen bajo las rejas a los dos alcaldes electos. El de Los Córdobas, Bonifacio Contreras, fue capturado diez días antes de las elecciones bajo sindicación de haber ordenado el asesinato en 2003 de Saúl Antonio Pérez, candidato a la Alcaldía de ese municipio para el período 2004-2007. También se le sindica, al igual que al de Moñitos, José Félix Martínez, de haber firmado con las Auc el Pacto de Mariscos para manipular la mencionada elección.


Nos parece exagerada la escandalera que se armó en este caso, pues es de sentido común que personas privadas de su libertad, así no hayan sido aún juzgadas y condenadas, están imposibilitadas para asumir cualquier cargo público y con mayores veras el de gobernar un municipio o un departamento. Y la solución no podía ser otra que la que se adoptó, bajo orientación del Ministerio del Interior y conocido el concepto del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que para evitar el vacío de poder en esos municipios, bastaba que el gobernador de Córdoba nombrara alcaldes en calidad de encargados.


El ministro Germán Vargas Lleras ya dijo que en la reforma del Código Electoral, que está para primer debate en el Senado, se va a incluir una norma para evitar que personas privadas de la libertad se posesionen en cargos de elección popular. Pero ese no es el problema fundamental, a nuestro juicio, y prueba de ello es que ya está resuelto de manera expedita con el nombramiento de los encargados. Lo que no está claro es si la interinidad dura hasta cuando se produzca un fallo, en cualquier sentido. O si la reforma que habría que proponer es que a los candidatos a elección popular que sean cobijados con medida de aseguramiento se les retire de la contienda electoral para no causar traumatismos mayores, como es, por ejemplo, una larga interinidad de los cargos, con grave perjuicio para los entes territoriales, o lo que es peor, la repetición de la elección si el funcionario electo resulta condenado.


El caso de los gobernadores es también preocupante. Cielo González, del Huila, contra quien ya se adelantó audiencia de acusación el pasado 15 de diciembre, en un proceso por peculado culposo relacionado con el manejo de las regalías durante su período como alcaldesa de Neiva (2004-2007); Nelson Mariño, de Casanare, investigado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, por presunta destinación indebida de regalías cuando ofició como alcalde de Yopal; Héctor Fabio Useche, del Valle, quien afronta juicio fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 107.000 millones para las finanzas departamentales; José Facundo Castillo, de Arauca, investigado por Procuraduría y Fiscalía por posible interés ilícito en celebración de contratos cuando era director del Hospital San Vicente de Arauca; y Luis Gilberto Murillo, del Chocó, condenado en 1997 por peculado por asignación oficial diferente, pero quien aparentemente es el menos encartado de todos, pues con la reforma del Código Penal en el 2000 el delito fue abolido del ordenamiento legal colombiano.


Es cierto que a todos esos funcionarios, incluidos los que están encarcelados, les asiste el derecho a la presunción de inocencia y por eso no les son aplicables las normas del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades (Ley 734 de 2002), en tanto no han sido vencidos en juicio. Pero también es cierto que no hay solución perfecta y podría argüirse el otro principio de derecho universal de que el interés público y el bien común prevalecen sobre el interés particular. Este sería un buen tema de reflexión para el legislador.




Comentarios
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JUAN
2012/01/05 12:42:16 pm
Señor Alcalde Aníbal Gaviria, por favor nos explica y responda a todas las denuncias que tiene en curso, lo de las tierras del Monte de María, el caso de la Chinita, lo de las minas, lo de su embargo, lo de la contratación con su periódico el Mundo mientras era gobernador, los patrocinios y vínculos con el Cebollero, El Alemán, Don Berna, las contrataciones y licitaciones en la FLA durante su mandato en la Gobernación. Aclárenos ,y a las autoridades pertinentes todos estos cuestionamientos y denuncias de actos ilegales de su parte…………….habitantesdelpoblado.med@hotmail.com
JUAN
2012/01/05 12:02:25 pm
En aras de la Justicia y la magna Constitución Política de Colombia, y a Ustedes como ciudadanos, les pido con todo el respeto pronunciarse acerca de la violación de la Ley 42 de 1989 , no acatar y hacer cumplir la Consulta Popular de Octubre 7/90 por parte de la Alcaldía de Medellín, sus secretarios y colaboradores, además del Concejo de Medellín , además del silencio de la Procuraduría, Personería, Fiscalía, Defensor del Pueblo y en general de los medios de comunicación al respecto. …………………..habitantesdelpoblado.med@hotmail.com
JUAN
2012/01/05 12:01:07 pm
Señores Aníbal Gaviria , Funcionarios del municipio , Concejales y otros funcionarios tales como personero, Procurador , contralor, defensor del Pueblo, que insistan y persistan en desconocer, no acatar y no hacer cumplir el mandato soberano de los habitantes de Medellín , que por medio de la Consulta Popular de Octubre 7/90 NEGAMOS el cobro por valorización de la mayoría de las obras que están en el proyecto de valorización Poblado, al que no la cumpla, viola la ley 42 de 1989 y esto acarrea mala conducta que les da destitución del cargo, se los notifico nuevamente…………………………..habitantesdelpoblado.med@hotmail.com