Columnistas

Una Colombia unida
Autor: Pedro Juan González Carvajal
3 de Enero de 2012


Guadalupe Salcedo, los miembros de la Unión Patriótica (UP), el M-19, algunos narcotraficantes y otros tantos paramilitares, han llegado, en diferentes épocas y en distintas circunstancias, a negociar con el gobierno de turno.

Guadalupe Salcedo, los miembros de la Unión Patriótica (UP), el M-19, algunos narcotraficantes y otros tantos paramilitares, han llegado, en diferentes épocas y en distintas circunstancias, a negociar con el gobierno de turno y viabilizar por ese camino su reincorporación a la vida civil.


Lamentablemente para la historia nacional, todos ellos han sufrido persecuciones y lo que es peor, eliminaciones casi sistemáticas que han dejado en entredicho la real seriedad y capacidad del Estado para cumplir y hacer cumplir lo pactado y asegurar la vida de aquellos que se han acogido a los parámetros de negociación acordados entre las partes.


Pero no es solo el Estado quien tiene que poner de su parte para que este tipo de procesos funcionen, tengan credibilidad y sostenibilidad en el tiempo. La sociedad civil, la sociedad política y la sociedad económica deben ser garantes de que los acuerdos que se han logrado sean respetados por todos y cada uno de los ciudadanos.


Si uno no puede derrotar al enemigo y consigue remediar la situación de conflicto por medio de la negociación, pues ésta tendrá que acarrear obligatoriamente costos para cada una de las partes, quienes han de ceder total o parcialmente a sus pretensiones y objetivos con el fin de garantizar su supervivencia: este es el costo obvio por no ganar.


Es impensable en una sociedad madura, que sus miembros o sus representantes guarden algún tipo de desconsideración con algunos miembros de aquellas organizaciones después de haber sido aprobados y ratificados los acuerdos previos. Como decían los abuelos, la palabra es sagrada, lo que equivale en términos modernos a reconocer que las leyes deben ser obedecidas y no solamente respetadas.


De nada sirven las marchas de solidaridad, ni las convocatorias públicas a expresar rechazo ante acciones de los violentos, si no respetamos los acuerdos que firmamos con anterioridad con aquellos colombianos que decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y eligieron una segunda opción a la luz de la legalidad. 


La vida personal es una cosa, y la vida pública es otra: lamentablemente éste es uno de los raciocinios más defendidos y más violados por los grupos de poder cada que les conviene defender sus particulares intereses.


Las invocaciones a la sociedad para que se apliquen los postulados de “perdón y olvido”, manteniendo viva la memoria para asegurar que los casos que atentaron contra la propia sociedad no se repitan, deben ser desarrollados para que no nos sumemos todos en una impunidad que nos lleve a la venganza individual y colectiva, lo cual haría que el remedio se volviera más costoso que la enfermedad.


Una mentalidad liberal, globalizada y cosmopolita como requieren los nuevos tiempos, se hace necesaria para que nuestro tardío proyecto societario tenga alguna posibilidad de futuro.


Retomemos a Voltaire cuando dice: “No estoy de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final para que puedas decirlo”.


Nota: Pasado el día de los inocentes, llama la atención que en el Atlético Nacional las embarradas de los grandes las paguen los chiquitos, como acaba de suceder cuando la “gran poda” anunciada muestra una salida masiva de jugadores de las divisiones inferiores… Sus razones tendrán.