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Derechos Humanos

La Escombrera, state inefficiency to unearth the truth
La Escombrera, inoperancia estatal para desenterrar la verdad en Medellín
Autor: Heidi Tamayo Ortiz
30 de Junio de 2015


Al occidente de Medellín está la única fosa común urbana de Colombia, una montaña de escombros que alberga casi cien cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Trece años después, no se han iniciado las búsquedas.


Foto: Jhon Alexander Chica Yara 

Por la cantidad de escombros acumulados, el riesgo de que no se halle ningún cuerpo es de grandes magnitudes. 

Su rostro deja ver una suma de emociones encontradas en los últimos trece años: rabia, impotencia, dolor, esperanza, desilusiones, agotamiento y el deseo infinito de poder sepultar a su hijo antes de partir de este mundo. A sus 62 años, Gloria Holguín Chavarría se siente cansada. De esperar. De promesas incumplidas. De una lucha que la ha mantenido en pie, pero que le ha dejado secuelas irreparables, el dolor ha trascendido los límites del corazón y se ha instalado en su cuerpo. 


No tiene certeza de nada, pero cree fielmente en el testimonio de un exparamilitar, quien, según ella, afirmó que el cuerpo de su hijo Carlos Emilio Torres Holguín está perdido entre toneladas de escombros que han sido arrojados a lo largo de los años en el sector conocido como La Escombrera, ubicado en la Comuna 13, noroccidente de Medellín, donde se presume que hay enterrados alrededor de cien cuerpos.


El lugar se ha hecho conocido en la ciudad porque fue uno de los elegidos como fosa común urbana en el marco de la Operación Orión, que tuvo lugar en octubre de 2002. Desde entonces empezaron a indagar por el paradero de personas que eran sacadas de sus casas o detenidas en lugares públicos y nunca más aparecían. Como Gloria, hay otros 110.723 colombianos que un día no pudieron ver más a sus seres queridos, por causa del conflicto armado, como lo indica la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 


Morir en vida 


29 de noviembre de 2002. A las 6:30 a.m., Carlos Emilio llegó a su casa en Robledo, noroccidente de Medellín, luego de una jornada de trabajo que empezaba a las 10:00 p.m., en una empresa textil. A las 8:00 a.m., partió hacia la Comuna 13, para dormir en casa de su novia, sin saber que sería la última vez que vería a su madre. 


“De allá lo sacaron. A las 10:00 de la mañana, llegaron tres hombres y preguntaron por el ‘muchacho’ de la moto. No les importó que estuviera dormido, lo hicieron levantar, porque necesitaban hablar con él, se lo llevaron en arrastraderas”, dice Gloria, con voz quebrada y recuerdos que se instalaron en su mente como retazos de versiones contadas por otros. También recuerda, como si lo hubiese visto con sus propios ojos, que los mismos hombres fueron a la casa de la novia por los zapatos de su hijo. 


Cuando se empezaron a escuchar versiones de la comunidad y de jóvenes sobrevivientes, sobre la desaparición forzada en la Comuna 13 y el uso del sector de las escombreras para esconder los cuerpos, inició una de las luchas más difíciles que han padecido las familias de las víctimas, quienes consideran que no ha habido investigaciones serias por parte de la Fiscalía para identificar donde están los restos ni a quiénes pertenecen y se han sentido desatendidas por parte del Estado. 


Negligencia y olvido 


Y es que según Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, la Administración 2001 – 2004 no se interesó por hacer un seguimiento serio a las denuncias de las víctimas. “Ante la Operación Orión, en la cual actuaron juntos agentes de la Fuerza Pública y paramilitares, no hizo nada para proteger a la población y mucho menos para buscar a los desaparecidos”, una situación que fue constante en el período 2005 - 2008. 


El panorama no cambió mucho en la Administración 2009 – 2012, aunque se presentó un informe realizado por expertos nacionales e internacionales (de Argentina, Perú y Guatemala) y se le pagó a la Universidad de Antioquia, para que hiciera una investigación preliminar, acciones que no desembocaron en nada concreto. 


Estos dos hechos, pese a su importancia, ”no satisficieron a la Fiscalía y a la Administración, respectivamente”, así lo explica Jorge Mejía, consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de Medellín, quien asumió este tema en la Administración actual, en la cual por primera vez se contempla la posibilidad de que inicien las búsquedas y exhumaciones de los cuerpos, una acción llena de dificultades, riesgos e incertidumbres, que podría constituirse como un intento fallido, al fin y al cabo.


Diversas conmemoraciones se han hecho en La Escombrera, para honrar la memoria de las víctimas.


A lo largo de tantos años, la familia de Gloria sufrió la ausencia de una madre que acudía frecuentemente a plantones, marchas, capacitaciones, conmemoraciones, se reunía con mujeres y hombres que entendían lo que vivía, porque lo experimentaron en carne propia. Sus dos hijas manifiestan que no perdieron sólo a un hermano sino también a su madre. 


Pero este es solamente un ejemplo de la problemática de desaparición forzada en Colombia, que se ha caracterizado por ser una práctica sistemática en muchas épocas, tardar mucho en tipificarse como delito penal, ser cometido por agentes estatales y actores armados ilegales y por poca eficacia del Estado para investigar, buscar e identificar a los desaparecidos, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh). 


Entre el riesgo y la esperanza


En el 2014, la Alcaldía de Medellín tomó la decisión de iniciar exhumaciones en La Escombrera, contrario a otras sugerencias como convertir el lugar en camposanto o construir un parque ambiental de memoria histórica. Pero, uno de los graves problemas son los aproximadamente 800.000 metros cuadrados que componen el sector.


Por ello, la petición fue a la Fiscalía General de la Nación, para que iniciara labores de investigación que permitieran concretar puntos de búsqueda. Su respuesta consiste en el testimonio del exparamilitar alias móvil 8, quien presentó tres sitios con coordenadas en los que asegura se enterraron cuerpos, y la designación de dos fiscales para encargarse del caso, así lo explica Mejía. Respecto a este tema la Fiscalía se negó a pronunciarse, bajo el argumento de que están verificando información.


El siguiente paso fue la conformación de una comisión técnica enfocada en el tema y otra compuesta por delegados de la Administración, la Personería y representantes de las víctimas. Una de las acciones emprendidas fue la realización de un estudio técnico a cargo de la Secretaría de Infraestructura, que determinó características físicas del terreno y costos de las búsquedas. 4.600 millones de pesos cuesta intervenir los tres puntos, una suma que representa la primera dificultad, sin contar las condiciones del terreno, que aparte de la gran cantidad de escombros depositados también tiene edificaciones alrededor.


Según Mejía, este año iniciarían las búsquedas en uno de los puntos, por un costo de 1.300 millones de pesos aproximadamente, los cuales ya están listos, luego de que la Alcaldía destinara 600 millones, la Unidad para la Atención a las Víctimas, 200 millones; la Unidad Municipal de Víctimas, otros 200 y el Ministerio del Interior, 300 más. 


Pero la historia podría tener un triste final, pues el riesgo de que no encuentren ningún resto humano es alto, el periodo de la actual Administración finaliza en diciembre y la Ley de Garantías impide la ejecución de proyectos y la destinación de recursos para los mismos.


Pero este hecho, que podría constituir una esperanza, es visto por muchas víctimas como un anuncio que en la práctica no surte efectos y que se prolonga cada vez más. Según Arboleda, es necesario poner en marcha un plan de búsqueda, que debe empezar por tener con nombre propio a todos los posibles desaparecidos. “Eso de empezar en un sitio con 1.000 millones de pesos es un riesgo muy grande y basado en la presión. Además, dependemos de la palabra de un exparamilitar y no ha habido una labor de contrastación de información”. 


Gloria quisiera terminar con esa espera que la atormenta y que transformó su vida y lamenta que el tema de La Escombrera sólo sea visible por épocas determinadas. “A mí me gustaría que empezaran a buscar y aunque no encuentren a mi hijo, encontrarán a otra persona y es una familia menos, alguien que deja de ser errante como lo soy yo”, dice. 



Tarea pendiente

En todo esto, también se evidencia un vacío por parte del Gobierno Nacional, que, según Mejía, “debe vincularse, pues la Administración Municipal no puede asumir toda la responsabilidad de destinación de recursos y búsqueda de los cuerpos”, algo con lo que coincide Arboleda, quien expresa que resolver el problema de La Escombrera y, en sí, de la desaparición forzada en la Comuna 13 es una obligación estatal, porque la Operación Orión fue “un operativo nacional, estuvo la Fuerza Pública del ámbito nacional, fue una orden de la Presidencia, por lo cual tiene que haber complementariedad con las autoridades locales”. Más allá, hay un problema escondido. Otra escombrera del sector sigue en funcionamiento y se presume que también haya cuerpos enterrados allí, sostiene Arboleda. Y mientras tanto, la frustración de las víctimas crece, al tiempo que su desconfianza frente a la institucionalidad se hace más fuerte. 




Los tres puntos

Las características de los tres puntos delimitados en La Escombrera, se definieron en el informe técnico así: 


- Punto 1: 


Área: 3.713 metros cuadrados.


Volumen de excavación manual: 3.326 metros cúbicos.


Volumen de extracción mecánica: 20.012 metros cúbicos. 


- Punto 2:


Área: 7.797 metros cuadrados.


Volumen de excavación manual: 4.953 metros cúbicos.


Volumen de extracción mecánica: 10.276 metros cúbicos. 


- Punto 3:


Área: 8.489 metros cuadrados.


Volumen de excavación manual: 21.787 metros cúbicos.


Volumen de extracción mecánica: 43.575 metros cúbicos. 




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