Columnistas

¡Pobre Estado!
Autor: Rubén Darío Barrientos
8 de Septiembre de 2011


El tema no es pues en millones: ¡es en billones! De acuerdo con datos de la Contraloría General de la Nación, existe una provisión de $ 8 billones de pesos, para causas litigiosas derrotadas.

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La prensa reveló hace apenas dos semanas, que la ex senadora Piedad Córdoba prepara una demanda contra el Estado “por violación de los derechos fundamentales al debido proceso, el respeto a la vida, el buen nombre y la honra, provenientes de la persecución política gestada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. Seguramente, ella y su abogado –Luis Guillermo Pérez- leyeron en la Revista Dinero que las demandas contra el Estado superan los $ 846 billones de pesos, una cifra que incluso rebasa con creces el PIB, que es de $ 546 billones. Y se animaron.


Claro está que no se ha filtrado la cifra por la cual demandará Córdoba. La que sí vio la luz pública fue la que solicitaron los que perdieron plata en las pirámides. Los abogados de ese colectivo de 200.000 personas, tasaron en la friolera de $ 45,6 billones de pesos la demanda, que ostenta el récord de ser la más cuantiosa en la historia de Colombia. Baste decir, que ese monto refleja más de la mitad del recaudo de impuestos que espera recoger este año el gobierno y equivale a la mitad de la deuda externa.


El tema no es pues en millones: ¡es en billones! De acuerdo con datos de la Contraloría General de la Nación, existe una provisión de $ 8 billones de pesos, para causas litigiosas derrotadas. Es una cifrota, pero al lado de las pretensiones de los demandantes, es nada. Mucha gente dice: “demande al Estado que eso es pan comido. Solo hay que esperar unos añitos y listo el pollo”. El tema pareciera peor que la propia corrupción que carcome al erario público. Y el dolor se agudiza, cuando somos los mismos colombianos los que ponemos de nuestros bolsillos los dineros para pagar las condenas.


Violaciones de derechos humanos, incumplimientos de contratos y muertes imputables a policías y militares, son parte de este cáncer que nace en las entrañas de la negligencia y la indolencia, como aglutinantes de fallas en el servicio. Se reciben al mes, casi 6.000 demandas contra el Estado. Toda una hemorragia incontenible, que produce rabia. Y se topa este lamentable escenario, con una población que le encantan las demandas y que encuentra por doquiera, abogados que viven listos para disfrutar los pleitos y para sacar jugosas fortunas de honorarios.


Desde luego, la pregunta que emerge es: ¿no hay buenos abogados en Colombia, para defender al Estado? La respuesta es que sí los hay, pero es que el Estado “da mucha papaya” y así es muy difícil ganar demandas. Esa cadena de derrotas en los estrados, ha sido otro imán para atraer gentes que sueñan con balotos judiciales de esta naturaleza. Y hay un factor determinante: el Estado (con inocultable resignación a perder todo lo que le llega) carece del número suficiente de abogados para atender la avalancha de demandas. El Ministerio de Justicia tiene solo dos abogados para vigilar 2.000 procesos.


¡Así no gana ni Mandrake!
El promedio de duración de los pleitos contra el Estado es de ocho años. Es cuestión de esperar y de apartar la ansiedad. Lo que es ridículo es que la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, sumen condenas por más de $ 200.000 millones. Todo esto le cuesta al país “un ojo de la cara”. Pero aquí no hay dolientes, hay personas que sienten esto como ajeno. Mientras tanto, que siga la piñata con su danza de millones. ¡Pobre Estado!




Comentarios
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John
2011/09/08 01:32:46 pm
Quienes alguna vez demandamos al Estado lo hacemos 1° porque consideramos que se ha violado un derecho, 2° Ganamos porque la violación existia, 3° o porque los abogados defensores no actuaron diligentemente, y no actauna sí porque 1° No son los más preparados, 2° Están allí como cuotas burocráticas y 3° Proque no son suficientes. Quisiera que diga algo con relación a los abogados que demandan, representando a los bancos, a los pobres ciudadanos y tiene inundados los juzgados civilies. ¿De manera que los administrativistas ya no tenemos ni siquiera el derecho de ejercer nuestra profesión?