Columnistas

Mercaderes del testimonio
Autor: Rubén Darío Barrientos
23 de Agosto de 2012


El reciente caso de Sigifredo López y el actual de Luis Alberto Colmenares, vuelven a poner el dedo en la llaga en un asunto clave: los testimonios.

El reciente caso de Sigifredo López y el actual de Luis Alberto Colmenares, vuelven a poner el dedo en la llaga en un asunto clave: los testimonios. Se ha revelado que hay 7.500 demandas contra la Fiscalía, por eventos similares a los del ex diputado del Valle. Claro está, todos con la ignominia del pedido de resarcimientos con varios ceros a la derecha. El tema, pues, resulta tan grave como preocupante, porque el carrusel de testigos es un cáncer que carcome los estrados judiciales. Y en yuxtaposición con las acomodaticias, espurias o compradas declaraciones, se están produciendo vejados fallos en el país.


Viene a la memoria la masacre de San José de Apartadó (año 2005), en donde se arrimaron al juicio tres severos testigos que decían ser reinsertados de las Farc. Pues bien, luego se acreditó que no eran tales y que sus declaraciones habían sido compensadas con la miserableza del vil billete. Y así por el estilo, podríamos incluir un luengo listado de la infamia, porque muchas veces han pagado justos por pecadores, amén de que se han absuelto personas sobre las cuales tendría que haber caído el implacable peso de la ley. En ese espectáculo social, asistimos a la velada de la injusta justicia o de la justicia injusta, como quiera llamársele.


No contentos con los carteles de los remates y de las herencias, ahora musculosamente se avienta el carrusel de los testigos falsos, en donde los testimonios se han convertido en grotesca mercancía. La justicia nuestra, paquidérmica e irradiadora de desconsuelo, se impregna de otra plaga. Y su médula espinal, se alimenta de nutrientes como la normatividad de rebajas desde 1993, los beneficios económicos y las recompensas. El embuste sale airoso en muchas ocasiones y a los jueces –en principio- les queda difícil poner en funcionamiento el detector de mentiras.


Analicemos la pena marco que hay para el delito de falso testimonio: prisión de 6 a 12 años. Y miremos el castigo que hay para el delito de soborno para el que entregue dinero a un testigo en el propósito de que falte a la verdad: prisión de 4 a 8 años. ¿Son apreciables? ¿Resultan precisas? ¿Se quedan cortas? ¿Les falta berraquilina? ¿Deberían endurecerse? En mi sentir, hay que revisar dos temas en Colombia: a) la edad penal, que cada vez se hace más precoz ante la cantidad de delincuentes juveniles y b) las penas para los delitos de falso testimonio y soborno a testigos.


La hemorragia de testigos extraditados, reinsertados, ex guerrilleros, paracos, delincuentes de todas las calañas, etc., ha hecho que la prueba testimonial se lastime desde su esencia. Creerles a pie juntillas a unas personas cuestionadas por su reputación y principios, que cambian de opinión como de calzoncillos, tiene su alto riesgo. Es que si se tachan los testimonios de familiares (por obvias razones), ni hablar de las declaraciones de quienes han estado al margen de la ley y les venden su alma al diablo, con suma facilidad.


Me parece que estamos graves en materia de recolección de prueba testimonial: o no se recauda o se consigue sucia desde el origen. Pienso que, así como se evalúa aumentar la pena a los conductores ebrios, debería revisarse la de los falsos testigos y las de los que sobornan declarantes. Doblar las que están hoy, no le caería mal al país. Nuestros legisladores les deben dar vida a realidades actuales y que están acorralando la justicia. De no ser así, las demandas contra el Estado y los entes que profieren decisiones, se duplicarán, triplicarán y llegarán al equivalente de pandemia.