Columnistas

La contratitis de Santos y Montealegre
Autor: Rubén Darío Barrientos
20 de Agosto de 2015


Solo dos pantalonudos medios en Colombia (El Espectador y La Hora de la Verdad), han revelado con profusión los indecorosos contratos con periodistas, abogados y exmagistrados que han celebrado el presidente Santos y el fiscal Montealegre.

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Solo dos pantalonudos medios en Colombia (El Espectador y La Hora de la Verdad), han revelado con profusión los indecorosos contratos con periodistas, abogados y exmagistrados que han celebrado el presidente Santos y el fiscal Montealegre. Todo ello ha sido urdido en nombre de la paz y esa hemorragia de contratos se ha llevado a cabo a puro “dedo”. La estratégica vaguedad de sus objetos contractuales, se reclina entre asesorías para la justicia transicional y el marco legal para la paz.   


En un artículo anterior, comenté acerca de solo cinco casos de trescientos cincuenta suculentos contratos, sin contar el de Mockus que fue de $ 480 millones: 1) Gobierno contrató a “Sístole S.A.”, de Felipe Santos, hermano del presidente, para ejecutar estrategias digitales del proceso de paz (no se filtró la cuantía); 2) Gobierno contrató con empresa de otro hermano del Presidente Santos por $812 millones, para estrategias digitales del Proceso de paz; 3) Gobierno pagó a la revista Semana, cuyo director es Alejandro Santos, $1.092 millones para la “pedagogía para el postconflicto”; 4) Gobierno pagó $1.422 millones a una Corporación del exguerrillero y columnista de Semana, León Valencia, para hablar del proceso de La Habana y 5) Gobierno pagó $1.012 millones a la Fundación García Márquez, para “seminarios a periodistas en cobertura del proceso de paz”.


Entretanto, el fiscal Montealegre –muy experto en materia de asesorías, como las frondosas que él tuvo con Saludcoop, Fidupetrol y con el propio presidente Santos– ha dado muestras de un derroche sinigual en contratar trece personas o firmas, denotando una “queridura” sin límites, desde su propia llegada al cargo (marzo de 2012). Para la columnista y analista Natalia Springer, hubo un contrato inicial por $ 895 millones; para  el abogado Alejandro Aponte, hubo cuatro contratos por $ 816 millones; para el español Baltazar Garzón, los contratos sumaron $ 725 millones y para Pedro Medellín, excolumnista de El Tiempo y consejero editorial de Semana, alcanzaron tres contratos por $ 241 millones.


Así mismo, hubo repartición para muchos más. Por ejemplo, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo de Estado, Pedro Antonio Munar, le llegó uno por $ 345 millones, Y para Néstor Javier Osuna, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Rodrigo Vargas, exmagistrado de la Corte Constitucional y Bertha Lucía Ramírez, exmagistrada del Consejo de Estado, los medios no han descifrado el quantum de sus contratos, que no deben ser nada chichipatos. Esta dicha también la recibió el periodista Camilo Chaparro y los abogados Rodrigo Durán y Pedro Hernández. Y ni hablar de los que llenaron los bolsillos de Ángel Becassino y Luis Eduardo Jaramillo Hoyos. 


En fin, Montealegre, ya se ha gastado (o malgastado) más de US$ 3 millones y aunque este tema debería estar en el ojo del huracán, pasa de agache. No deja de producir rabia que en el ministerio de Justicia también ha habido piñata contractual. Por ejemplo, el exmagistrado de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, recibió por hacer lo mismo de los otros, la suma de $ 93 millones. Eso significa que es más amarrado el ministro que el fiscal. Cecilia Orozco, en una de sus columnas, dijo que “Montealegre es un tipo vanidoso y que sufre afán electorero”. 


Pero, pásmese usted amable lector: la angelical Natalia Springer, en menos de un mes, recibió dos contratos más tipo baloto: uno, por $ 1.400 millones con la alcaldía de Valledupar para asesorar escuelas de paz (19 de junio de 2015) y otro con la fiscalía por $ 3.085 millones (3 de julio de 2015), para procesar información sobre crímenes cometidos por las Farc. Springer suspendió su columna en El Espectador, para concentrarse en estos contraticos. ¡Pobrecita, cómo le hará de falta escribir sus artículos! En toda esta contratitis, que desemboca en compra de conciencias y en una feria del despilfarro con los impuestos de los colombianos, la pregunta es: ¿Quién sabe de los resultados de estos trabajos de asesorías? ¡Y aquí no pasa nada!