Columnistas

Fajardo, el derroche y la ley de prensa
Autor: Rubén Darío Barrientos
17 de Septiembre de 2015


El diputado Jorge Gómez Gallego, hace un poco menos de dos meses, denunció en plena sesión de la Asamblea departamental, que el presupuesto de publicidad del gobernador Sergio Fajardo es del orden de los $ 17.765 millones.

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El diputado del Polo Democrático, Jorge Gómez Gallego, hace un poco menos de dos meses, denunció en plena sesión de la Asamblea departamental y ante la opinión pública, que el presupuesto de publicidad del gobernador Sergio Fajardo es del orden de los $ 17.765 millones. Y puntualizó que lo más humillante es que “esa publicidad se hace visible en los grandes medios bogotanos, pensando en su futura carrera presidencial”. Inobjetablemente, estamos ante un inmenso derroche del que pregona que “aquí no se pierde un peso”. Adolfo León Palacio, otro diputado serio, se sumó a la voz irritada y bien plantada de Gómez Gallego.


Desdeña el gobernante de marras, que en Colombia existe la ley 29 de 1944, por la cual se dictaron disposiciones sobre prensa. Y léase bien: en su artículo 4º., reza: “queda prohibida la propaganda oficial remunerada en la prensa hablada (sic) y escrita del país. Los funcionarios que violaren esta prohibición serán destituidos y se les aplicará una multa de $ 100.000 a $ 500.000, que impondrá su respectivo superior”. Con el correr de los años, esta norma se ha tornado en válida pero ineficaz. ¿Por qué? Porque en este país se hace propaganda política que da miedo, incluyendo ese moho en el feudo del que pregona que Antioquia “es la más educada”. 


Mejor aún: el gobernador Fajardo, desde épocas de la alcaldía de Medellín (cuando la revista bogotana Jet Set lo llevó a su primera página como el burgomaestre más sexy de Colombia), ha destinado grandes y amañadas partidas a este rubro. Para no ir muy lejos, en la última edición del periódico Vivir en El Poblado, páginas 4 y 5, se observa el siguiente panorama: a la izquierda una publicidad oficial de la Gobernación de Antioquia, pautando en favor de Fajardo que expresa de manera propagandística, más no difusora con alcances desprevenidos, que “Los parques educativos están transformando la vida de los municipios de Antioquia” y a la derecha, conservando los colores verdes y su línea de punteo, una publicidad paralela y como si estuviera adherida de la anterior, en pro de Alonso Salazar y Federico Restrepo, diciendo que son fajardistas. Aquí el mensaje es de asociación y, por ende, de publicidad política descarriada. 


Intervenciones en política como la anterior, también la constituyen las vallas que el gobernador asentó en muchos puntos de la ciudad, inquiriéndole a la gente si quiere un gobernante transparente o politiquero. Esto inclina un favorecimiento a su candidato a la gobernación, Federico Restrepo, quien aún así con estas ayudas no levanta cabeza en las encuestas. Todo esto es un festival con los recursos públicos, que pasa de agache, porque nos acostumbramos a que la publicidad oficial se distribuya sin control y sin hígados. Y mientras haya más proximidad a las elecciones, más se actúa con vocación non sancta. 


Todo esto es una forma de corrupción, que refleja una intervención en política indebida e impúdica. La ley 29 de 1944, se viola consciente y ferozmente ante la mirada impávida de los habitantes. El brillante senador Iván Duque, radicó y sustentó hace poco el proyecto de ley 98 de 2014, que ya tuvo aprobación en primer debate en el seno de la comisión sexta del Senado de la República. Dicho proyecto busca regular la publicidad estatal. Tenemos que decir que en enhorabuena llega ello, no obstante que la ley de prensa está vigente. Destaco el artículo 7º y su parágrafo único, que expresan: “Estará prohibida toda publicidad oficial que se preste para la autopromoción de funcionarios y/o que esté orientada a difundir metas y resultados de gestión, enaltecer o promocionar la imagen particular de un funcionario, el gobierno y/o un partido o movimiento político. Parágrafo: Ningún funcionario podrá aparecer en la publicidad oficial, sea cual fuere el medio”.


Necesitamos que este proyecto pase todas las etapas legislativas y sea ley de la República. Pero queda una pregunta: ¿Si se aprueba, qué ira a hacer el señor Fajardo en adelante?