Los contemporáneos heredamos la civilización democrática moderna construida a lo largo de varios siglos por mujeres y hombres que entregaron hasta sus vidas para alcanzar la libertad, reconociéndola como el estado de cosas en el que las sociedades garantizarían las condiciones morales, jurídicas, institucionales y materiales para que el individuo-ciudadano se formara en capacidades para discernir eligiendo actuar para dar felicidad a su vida y a las de sus congéneres. En esa formación de la sociedad abierta, como la llamó Karl Popper, filósofos y activistas diseñaron los caminos de la libertad, enmarcándolos en fronteras que les dan sentido y su incomparable valor: la responsabilidad, con la que el sujeto asume las consecuencias de sus decisiones, y los derechos humanos, que enmarcan el respeto por los otros.Le puede interesar: Vida y presencia de Guillermo Gaviria EcheverriLa libertad como valor último de la vida y la sociedad necesita de instituciones sociales que la promuevan, defiendan y garanticen en igualdad de condiciones para todos los miembros de la sociedad. Una institución esencial para la civilización democrática y la garantía de las libertades es la de los medios informativos, responsables de ofrecer información confirmada mediante métodos exigentes de acceso y comprobación de los hechos, así como de mantener espacios para la presentación de opiniones plurales, a través de las cuales los ciudadanos conozcan y confronten ideas diversas. Esas calidades de los medios informativos no son reemplazables por otros canales de expresión, como las redes sociales, ni por los hoy promovidos influenciadores, que no se someten a las exigencias de la actividad periodística, así estos nuevos escenarios tengan amplia aceptación o incluso se les declare, erróneamente, como modernas ágoras.Vea: Desinformar y manipular en tiempos de covid-19Quienes recibimos gratuitamente las conquistas de la libertad no tenemos cabal conciencia de los esfuerzos y sacrificios para alcanzarlas; y a veces tampoco comprendemos qué significa ser libres. Fruto de ello, es la sacralización de una libertad que es más bien libertinaje, y que va en contra de la vida de las sociedades e, ingenuamente, termina propiciando abusos y engaños como los que se van revelando dramáticamente por la pandemia de covid-19 y su acelerada expansión, favorecida por la libertad de movilización e intercambios comerciales; dos de los más notables productos de la globalización de los mercados.Lea también: El caso Assange y los valores democráticosEn efecto, paralelo a la aparente plena liberalización del mundo que ocurriría con la liberalización de los mercados se han venido consolidando formas de autoritarismos estatales y privados, que se ejercen con la aparente complacencia de la ciudadanía. Tal aprobación, sin embargo, se hace dudosa, como se demostró en los abusos de Cambridge Analytica, con la manipulación de las voluntades producto del abuso del big-data y sus seductores discursos asociados a la seguridad, generalmente, o, como viene sucediendo en el marco de la pandemia, de la protección de la vida. Las manipulaciones producto de invasión a la privacidad, tolerada, repetimos, por los individuos, van así poco a poco haciendo parecer impráctico el ejercicio de la libertad. Lo invitamos a leer: Lecciones del escándalo de Cambridge AnalyticaA consecuencia de ese cerco a la democracia, asistimos a un dramático retroceso de los valores e instituciones de la civilización democrática. El derrumbe, acelerado por los efectos catastróficos de la pandemia, ha afectado a las instituciones políticas, al Estado y al sistema de medios de comunicación. Esta destrucción de bienes comunes va a exigir reflexiones y ojalá replanteamientos que posibiliten resignificar los principios y valores de la civilización democrática y repensar las instituciones sociales, para que ellas velen por la libertad, la solidaridad y el cuidado de la vida de los hombres y el planeta. Aunque en las incertidumbres, temores, egoísmos y desaciertos de este presente pandémico, el horizonte no parece esperanzador, nosotros mantenemos la confianza en el ser humano y su capacidad de discernir.Lea también: FundaMundo anuncia la suspensión parcial de actividades de El MundoCon estas reflexiones concluimos 41 años de historia del periódico EL MUNDO y su portal www.elmundo.com, en sus facetas de aporte de ciudadanía crítica, garantía del derecho a la información y garantía de la libre expresión de columnistas, colaboradores y ciudadanos. En la hora de hacer efectivo el cierre parcial de actividades, FundaMundo tiene enorme gratitud con directivos, periodistas, colaboradores, empleados, lectores, anunciantes que por cuatro décadas nos acompañaron a realizar estos ideales democráticos, que siguen vigentes. Esta Fundación seguirá trabajando desde estrategias edu-comunicativas para aportar a la formación de ciudadanos críticos que forjen una sociedad libre, participante y comprometida con el cuidado de la vida y la realización de la equidad.
Con su premonitorio nombre, el puente La Libertad, contratado en 2007 como adición al contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz, obra que ella misma incluía otro puente de 75 metros de luz sobre el río Cacerí, es la 'cereza' de las obras que unieron, sin sobrecostos, y según cronogramas, varios municipios del Bajo Cauca con su centro subregional, Caucasia. El puente integró a El Bagre y sus 50.000 habitantes a la Troncal de la Paz atendiendo el clamor de una comunidad que para conectarse con el mundo tenía que depender del paso en lanchas o barcazas. A pesar del dictamen 'sin hallazgos' emitido hace 12 años por la Contraloría, hace un año y medio un fiscal decidió abrir investigación contra el Gobernador de la época, Aníbal Gaviria Correa, porque le pareció extraño que el puente se hiciera como parte de una adición a un contrato de obra pública, dentro de los límites presupuestales permitidos. A esa sospecha le suma otras dos o tres preguntas sobre aspectos no sustanciales del contrato de obra pública, que realmente ni siquiera vale la pena intentar resumir en este breve espacio.Lea también: “El puente hacia el progreso del Bajo Cauca”Nadie en Colombia, ni los fiscales, ni los jueces mismos, están por encima de la ley. Y mientras mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la vigilancia sobre los servidores públicos de todas las ramas del poder. En ese sentido, a pesar de los casi 15 años desde que se abrió la licitación de la obra, podría verse con cierta normalidad la apertura de la investigación, aunque no deja de levantar suspicacias que la misma, después de un año de iniciada, se pusiera en modo 'fast track' cuando el investigado fue reelegido gobernador de Antioquia en octubre pasado. Lo que sí es extraño es que al imputar cargos, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia decretara necesaria medida de aseguramiento en contra del Gobernador, y más extraño aún que la Sala Especial de esa corporación confirmara la medida, por no encontrarla desajustada a la ley y justificar su necesidad, contra las argumentaciones casi unánimes de juristas, líderes de opinión y la Procuraduría General de la Nación, y contra la ratificación de la confianza en Aníbal Gaviria Correa como gobernador de Antioquia, por la gran mayoría de la ciudadanía e institucionalidad antioqueñas. Le puede interesar: La infame captura del gobernador Aníbal GaviriaLas decisiones sucesivas del fiscal delegado y los dos togados extrañan al derecho y la democracia. Es insólito que cuando el proceso apenas está en la etapa de investigación, los operadores judiciales hayan determinado la separación de su cargo, fin último de la medida privativa de la libertad, del gobernador del departamento más importante del país, y mucho más que lo hagan al prejuzgar la existencia de delito, que declaran querer prevenir impidiendo al mandatario el ejercicio de sus funciones, como si no existieran acciones preventivas en la contratación para garantizar su transparencia plena, como el acompañamiento de las contralorías.Además: Justicia espectáculoY, por supuesto es extraño que, fruto de la violación al principio de presunción de inocencia, la justicia señale como peligroso a un ciudadano que tiene una hoja de vida incólume y que en tres ocasiones diferentes ha recibido el aval de sus conciudadanos para liderar los destinos de Antioquia y Medellín. La determinación es mucho más inexplicable cuando proviene de la misma Corte que hace poco más de un año desestimó, en cambio, la peligrosidad del hoy prófugo y ese sí confirmado criminal a. jesús santrich, abriéndole el camino a su rearme.Lo invitamos a leer: El paseo judicialPor cuenta de la determinación de la Fiscalía y la reiteración por la Sala Especial de la Corte Suprema, Antioquia se ve privada temporalmente del Gobernador que eligió para guiar sus destinos y al que le premió con un 83% de aprobación, aún después de su detención domiciliaria, por sus capacidades para coordinar la lucha contra la pandemia de covid-19 y sus desastrosos efectos económicos y sociales; grave ausencia atenuada por la contundente aprobación por 25 de 26 votos del plan de desarrollo 2020-2023, y porque en la dignidad ha sido encargado Luis Fernando Suárez, dirigente con el conocimiento y las calidades necesarias para tomar decisiones en la pandemia y la ejecución del plan de desarrollo.Vea: Masivo y enfático apoyo a la inocencia de Aníbal GaviriaContrario a lo predicado por el fiscal Barbosa en la directiva 001, a sentencias de la Corte Constitucional e incluso a decisiones previas de la Corte Suprema con sujetos de demostrada peligrosidad, con la incoherente detención preventiva del gobernador Aníbal Gaviria no sólo se violan varios de sus derechos fundamentales, sino el derecho de todos los ciudadanos que votaron por él, y aún de los que no, pues así es la regla democrática. La medida y su confirmación por la Sala Especial también notifica de hecho a todos los gobernantes que su calidad de tales queda sometida al arbitrio, no objetivo o equilibrado, de órganos de justicia que pretenden ponerse por encima de los principios constitucionales que ordenan un Estado con poderes independentes entre sí, pero, como lo consagra el artículo 113 de la Constitución de 1991, con colaboración armónica entre ellos. Tomadas las decisiones, fiscal y magistrados rompen la seguridad jurídica que debe prevalecer en el ejercicio, vigilado, de las responsabilidades políticas y fijan un peligroso precedente para que los fiscales y los jueces de garantías admitan medidas igualmente desproporcionadas en situaciones comparables.Vea: In dubio pro reoSomos respetuosos y defensores del Estado de Derecho pero ejercemos nuestro derecho a disentir y expresar dicho disenso, sobre lo decidido por los dos magistrados que hoy integran la Sala Especial. Considerar esta actitud, en el investigado y quienes lo respaldamos, como un irrespeto a las decisiones judiciales, que en ningún momento se han desacatado, no sólo es arbitrario, sino peligrosamente antidemocrático. Para nadie es un secreto que EL MUNDO es un medio de comunicación cercano a Aníbal Gaviria Correa. Tampoco es un secreto que siempre ha defendido y respaldado a la Rama Judicial como el baluarte de la Justicia Colombiana, honrando a los miles de jueces y fiscales que han entregado sus vidas por este ideal. Mantenemos la confianza en que las oscuras actuaciones de algunos de sus miembros no son la regla general, y esperamos por el bien de Colombia que la misma Institución sepa tomar las medidas correctivas que nos confirmen a todos que el poder de administrar justicia, con la diligencia, probidad y objetividad que merece todo procesado, es todavía la norma en nuestra Patria.De su interés: Deberes de la Fiscalía en el proceso al gobernador de Antioquia
Tres estudios recientes han destacado serias dificultades que corren el riesgo de agravarse con la pandemia, generando nuevas dificultades para alcanzar la meta de vida con dignidad para todos. Las mayores demandas son para el Estado, aun embebido en el centralismo y su burocracia.Lea también: Responder con prontitud y seguridad a los retos de la pandemiaLa Ocde ha presentado a Colombia como el país con la mayor tasa de desempleo, al proyectar su tasa de desempleo para 2020 en 21,2 por ciento, 12,7% superior al promedio de sus 32 miembros y muy superior a España (14,5%) y Grecia (14,4%). El organismo no consideró dos indicadores inquietantes: el de población inactiva, que es 44,8%, y el de informalidad laboral, que en febrero pasado estaba en 47,9%. Este panorama, que rápidamente desciende por la espiral negativa de la informalidad a la ilegalidad a la criminalidad y al hambre, clama por que se recuperen sectores decaídos y los empleos perdidos; formalizar actividades, y generar oportunidades para los inactivos. Estas acciones necesitan entregar a los gobernantes departamentales y municipales capacidades para acompañar, con apoyo experto, la apertura de sectores que están listos a ofrecer servicios, pero no han podido hacerlo por la centralización o exageraciones de las decisiones sobre la pandemia, curiosa talanquera que no aplica para los agentes informales que siguen actuando a la luz del día, sin protocolos y sin autoridad que pueda, o se atreva, a exigir el autocuidado y el cuidado de todos; ello para no mencionar al crimen organizado que campea con el microtráfico, la extorsión y los paga-diario.Además: Barreras del crecimiento y el empleoTras las barreras a las empresas y el empleo formal, afectado por normas anacrónicas impuestas a rajatabla, crece la informalidad empresarial, que según una investigación de Fedesarrollo (2018) representa el 50% de las compañías del país; el 37% de los trabajadores y el 33% de la producción. Tal informalidad responde al descrédito de la formalidad, la alta tributación y las suficientemente descritas, y no resueltas, trabas al establecimiento de actividades formales en el país. Estas dificultades han quedado profundamente descritas en el estudio Monitor Minero de Antioquia realizado por la firma Portex y dirigido por la doctora Claudia Herrera. Entre varios datos sumamente inquietantes sobre la legalización y formalización de la minería en el departamento, sobresale que al finalizar 2019, la Secretaría de Minas del departamento, autoridad delegada, tenía represadas 1.942 solicitudes de inicio de actividades de exploración de minas; mientras existen 101 solicitudes de empresarios mineros para que les fueran protegidos sus títulos invadidos. A lo que se agrega que el 36 por ciento de Planes de Trabajo de Obra -que son los planes de construcción de las minas- tardaron 4,2 años en ser aprobados, cuando el plazo de ley es de 30 días. Mientras los mineros formales enfrentan un bloqueo oficial para su trabajo, la ilegalidad y la criminalidad crecen con mínimos controles y máxima violencia y daño ambiental.Le puede interesar: La agenda por la minería sostenibleEn otro campo, destacamos el importante estudio de la Fundación Éxito sobre la desnutrición en menores de cinco años, según el cual el 58% de los municipios colombianos se encuentran en alerta por su prevalencia, mientras otro 32%, de nivel medio, tiene riesgo de perder sus avances en esta materia. El estudio reconfirma que en esta etapa es necesario intensificar acciones para ofrecer a las familias acceso a educación nutricional, alimentos y nutrientes. Aún con este panorama, una ONG acaba de arremeter contra gobiernos y empresas que, entre sus ayudas a las familias en riesgo de hambre y desnutrición, entregaron algunas bebidas que además de excelentes componentes nutritivos tienen azúcar. Satanizar esos alimentos en un acto de radicalismo desproporcionado hace preguntarse si ante la amenaza del hambre física y desnutrición absoluta, no se debe reconocer, y aplaudir, a decir verdad, el apoyo imperfecto.Lo invitamos a leer: Sí a cumplir un objetivo por la vida y la equidadEl brutal impacto económico y social de la pandemia exige realismo y sensatez para acomodar las reglas de juego y decisiones a las prioridades de generar empleos formales, recuperando actividades económicas y facilitando la contratación laboral junto a las acciones asistenciales urgentes, pues en la situación presente, el cuidado de la vida y la salud no son contraparte, sino complementos, de la dignidad que da la generación de los propios ingresos.Vea: Apertura controlada para cuidar y dar calidad a la vida humanaRosita Turizo de TrujilloAbrazamos en señal de solidaridad, admiración y afecto, a nuestro columnista Bernardo Trujillo Calle, a sus hijos y a la Unión de Ciudadanas de Colombia, en la dolorosa ausencia de Rosita Turizo de Trujillo. A ella la reconocemos y recordamos como valiente e incansable trabajadora por los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres colombianas. Paz en su tumba.Le puede interesar: Cincuenta años de la Unión de Ciudadanas de Colombia
Con la misma intensidad y con creciente espectacularización, la pandemia por covid-19 sigue ocupando prioritariamente la agenda informativa. Esta concentración de la atención pública y el despliegue noticioso, comparable con la vivida en la negociación del fin del conflicto con las Farc, oculta graves acontecimientos nacionales e internacionales, con repercusiones irreversibles. Así como los sectores productivos deben reactivarse, los medios de comunicación y la opinión pública deben darle la debida importancia a temas que no pueden seguirse evadiendo. A continuación sólo algunos de los más importantes.Lea también: Desinformar y manipular en tiempos de covid-19En los enclaves del narcotráfico señalados por la ONU, persiste el asesinato de líderes sociales, sin que las autoridades hayan construido hipótesis serias y un registro confiable de los crímenes contra abanderados de sus comunidades, como el taraceño Eider Lopera, o el caleño Jorge Enrique Oramas, luchador contra la minería ilegal. En esta tragedia son igualmente censurables su manipulación con fines políticos y el desinterés de la Fiscalía por aclarar la situación, el Gobierno por proteger a los amenazados y los jueces por imponer sanciones que den a las víctimas reparación y garantías de no repetición.De su interés: Llamado por los líderes sociales y políticosLas dolorosas denuncias de familias y comunidades Emberá Chamí, de Risaralda, y Nukak Makú, de Guaviare, sobre la conducta de algunos soldados que abusaron de su dignidad y poder para violar a niñas indígenas y afrentar a sus comunidades, nos vuelve a enfrentar a la desgracia del abuso del cuerpo como botín de guerra. Sobre estas niñas se ha reeditado la tragedia de casi un millón de mujeres en el país, según datos de Sisma Mujer, aunque apenas 15.076 de ellas aceptaron denunciarla y narrarla para la investigación La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica.Le puede interesar: El cuerpo como botín de guerraSobre los crímenes cometidos por algunos militares que traicionan su juramento y uniforme, no se puede mantener ni repetir la impunidad que favoreció a los paramilitares y sigue beneficiando a los farianos culpables de violencia sexual y atrocidades asociadas a ella. Por eso, para que haya justicia es necesario que la Fiscalía General de la Nación vigile rigurosamente las imputaciones para que los jueces puedan imponer sanciones acordes con la gravedad de los crímenes. Para evitar que estos hechos se repitan, se necesitan estrictos procesos de selección de miembros de las Fuerzas Armadas y volver a la formación de los militares en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.Vea: La CPI también exige paz con justicia para los crímenes de guerraEste 5 de junio se cumple el primer mes de la detención domiciliaria y separación de su cargo del gobernador Aníbal Gaviria Correa, medida desproporcionada y contradictoria, ordenada por la Fiscalía, situación que demuestra la indefensión de quienes han recibido la confianza de la ciudadanía frente al poder de un solo funcionario, nombrado. La permanencia de la medida mantiene una seria violación a sus derechos fundamentales a la libertad y el ejercicio pleno de la ciudadanía, además, vulnera los derechos de los antioqueños a elegir para darse un gobierno estable, afectación que llega a poner en riesgo la vida de los habitantes de este departamento, dado el contexto de la pandemia, la peor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.Lo invitamos a leer: Deberes de la Fiscalía en el proceso al gobernador de AntioquiaEn el marco de la emergencia económica, social y ambiental, el Gobierno Nacional expidió el decreto 637, que lo autoriza a enajenar activos del Estado. A pesar de que no ha logrado dar trámite a la llamada Ley Isagén, el Congreso debe conocer, discutir y finalmente aprobar, o improbar, la enajenación de esos activos, mucho más si se busca vender empresas ejemplares y de alto valor estratégico, como Cenit, filial de Ecopetrol responsable del transporte de crudo y propietaria de 10.000 kilómetros de oleoductos, o ISA, alma de la transmisión de energía eléctrica y de la innovación en el sector eléctrico y de comunicaciones.Lea: Privatizada Isagén, ¿qué hacer?En el campo internacional también abundan hechos invisibilizados que provocan daños irreversibles. Con casi total impunidad, limitada apenas por la justicia británica, que avaló a Juan Guaidó como presidente, el sátrapa Nicolás Maduro, apoyado por Rusia y China, subsumió los poderes públicos, aplastando a la oposición y humillando hasta la inanición al otrora bravo pueblo venezolano. Con igual impunidad, gracias al apoyo de Donald Trump, Benjamín Netanyahu ejerce una política de tierra arrasada con la población palestina, para anexarse el 30% de Cisjordania, borrando así el acuerdo de paz con la Autoridad Nacional Palestina y las pocas esperanzas de tranquilidad para el Medio Oriente.
En su nota editorial introductoria al informe anual de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito -Onudoc- sobre la producción y consumo de drogas, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, invitó a los gobiernos a retomar enfoques como el suyo en Portugal, para tratar a los consumidores de drogas como población vulnerable y enferma, perspectiva que, consecuentemente, implicaría intensificar la prevención del consumo y el tratamiento a los adictos. En lo atinente a la cocaína, segunda droga más usada por los consumidores, Guterres se refiere al 0,4 de la población mundial consumidora, la que se encuentra principalmente en Australia y Nueva Zelanda, países donde el 2,4% de los adultos usan coca; Estados Unidos, con 2,2% de la población adulta consumidora; Europa, donde el 1,4% de la población consume el alcaloide, y América Latina, región que ya tiene el 1% de sus habitantes adictos a la cocaína.Lo invitamos a leer: El debate sobre las drogasLa propuesta de Guterres retoma propuestas del expresidente Barack Obama, quien inició en Estados Unidos programas federales, hoy suspendidos, para abordar el problema de las drogas como uno de salud pública, no el principalmente criminal que predomina en el mundo desde los años 70, sin que la penalización de toda la cadena haya dado los resultados deseables en formación de uso responsable, atención a los adictos, terminación del narcotráfico y tratamiento integral a los eslabones débiles de la cadena de producción-tráfico-consumo de estupefacientes.Además: Cuatro décadas contra el narcotráficoLa perspectiva de esos líderes amplía la comprensión parcial a este, uno de los principales problemas globales. A pesar de su novedad y aparentes bondades, ella es parcial, pues desconoce la afectación que las drogas y el comercio ilícito imponen a la población vulnerable de los países productores y por los efectos perversos del narcotráfico como generador de violencia, corrupción y mayor pobreza, principalmente en las zonas de producción, aunque también son importantes los impactos en violencia en los centros de distribución y consumo.Lo invitamos a leer: El acuerdo de sustitución de cultivos ilícitosLa producción y tráfico de drogas crece por la cooptación o amenaza a población altamente vulnerable: comunidades étnicas y campesinos empobrecidos por la falta de comercio justo para sus productos o cercados por grupos criminales que han florecido en el negocio del narcotráfico; pequeños empresarios o trabajadores informales afectados por el lavado de dinero y vinculados a esa cadena, y jóvenes con pocas oportunidades o educación, reclutados forzosamente para servir a ese crimen. Así como se reclama para los adictos, esas comunidades o ciudadanos en riesgo de caer en las redes de los poderosos narcotraficantes merecen prevención y tratamiento integral que les permita salir de esa cadena, especialmente si se encuentran en los que la ONU ya describe como “enclaves” de producción de hoja de coca -Catatumbo, Bajo Cauca, región de Tumaco, Alto Naya- o si pertenecen a las poblaciones que han sido seriamente afectadas por la recesión asociada a la pandemia de coronavirus. En estas situaciones el narcotráfico es, a su vez, causante o agravante de la vulnerabilidad de campesinos y jóvenes sometidos por una industria creciente.Le puede interesar: El combustible de la violenciaEl informe de Onudoc ratifica las conclusiones del Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, Simci, según las cuales en el país siguen cayendo las hectáreas sembradas con matas de coca -la reducción entre 2018 y 2019 fue de 15.000 hectáreas, 9% del total- sin que ello implique una menor producción del alcaloide, pues en 2019 el potencial de producción de cocaína pura creció en 1,5%, llegando a 1.137 toneladas métricas en 2019. El Simci y la ONU atribuyen esos resultados a la consolidación de enclaves y a la mayor productividad de los cultivos, dado que en 2018 se obtuvieron 6,5 toneladas de hoja de coca por hectárea sembrada, frente a las 5,2 toneladas que se tenían en 2015.Además: La OEA y el debate antidrogasPara preocupación del país, han sido demostradas, pues, la industrialización de los cultivos, que ya no son las pocas hectáreas de campesinos sino extensiones controladas por mafias, y de los laboratorios de coca, que ya tienen capacidad de producirla 100% pura, y quedando certificada la preocupante consolidación de “enclaves” cocaleros, que son territorios prácticamente controlados por grupos criminales como el Eln en el Catatumbo; el clan del golfo en el Bajo Cauca; las disidencias de las Farc en Tumaco y el Alto Naya. Esta evolución del narcotráfico en Colombia, aunada ahora a la pandemia y la recesión, facilita el mayor riesgo para las poblaciones vulnerables y una seria afectación sobre la seguridad. En tales condiciones, es necesario que Colombia sume su voz al secretario de la ONU para reclamar nuevas formas de concertación y cooperación internacional que propenda por el tratamiento integral, no sólo criminal, a la producción, tráfico y consumo de drogas.Lea también: De la insurgencia a las bacrim
Transcurridos 107 días de la declaratoria del primer contagio de covid-19 en Colombia y 92 del inicio de la cuarentena por la vida en Antioquia, que empató con el confinamiento nacional, hay valiosos aprendizajes del sistema de salud y buena parte de la sociedad para atender el contagio y respetar las normas de autocuidado. Estos tres meses de quietud personal, social, económica e institucional han provocado un brusco frenazo de la economía, cuyas consecuencias en la dignidad de la vida de millones de personas, la supervivencia de miles de empresas y las expectativas de consumo deben ser contenidas con firmeza.Lea también: Ciudadanía a pruebaLa cuarentena para preparar el sistema de salud ante la pandemia covid-19, aunque necesaria, golpeó especialmente a los más vulnerables, millones de personas que vivían del día a día y que se quedaron sin ingresos, situación compensada parcialmente con los programas asistenciales que palían sus apremios, pero no les permiten forjar su mañana y el de los suyos. También propinaron un durísimo golpe a pequeñas y medianas empresas en las que estaban invertidos grandes esfuerzos de empresarios y trabajadores. Sobre ellos pesan la angustia del daño económico y el sentimiento de fracaso, junto a la incertidumbre por el muy lento despegar de la actividad económica, que según analistas de Bancolombia registra una caída anual de 16,4%, aliviada por la reactivación parcial, pero afectada por la caída del consumo, que al 14 de junio fue estimada en 55%.Le puede interesar: Solidaridad por la vidaAunque la crisis económica, que es de vida para millones de personas, corre minuto a minuto, el Dane, guía de la situación y las decisiones en el país, sigue ofreciendo sus datos con un mes y más de retraso. Es así como apenas a mediados de la semana que termina se conocieron los resultados económicos y sociales del mes de abril, en el que el país vivió la etapa más fuerte de confinamiento. En materia de empleo, son dramáticos, pues el desempleo se disparó a 19,3%, mientras que la población inactiva, que son personas en edad de trabajar que decide no buscar trabajo y generar sus propios ingresos, llegó a 48,2%. ¿Qué esperanzas pueden tener e irradiar a su entorno quienes consideran que perdieron su lugar en la economía?Además: Infodemia y el valor de la verdadLa otra cara de la desesperanza la representa el activismo no planificado en que han incurrido centenares de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, que ante la falta de perspectivas de empleabilidad determinaron incursionar en emprendimientos, repetidos hasta el cansancio, para responder a las necesidades de la pandemia. Su carácter coyuntural, su perspectiva incierta y su gestión artesanal hace de ellos frágiles aventuras con escasas perspectivas de aporte a la economía y muchos riesgos de ser fuente de frustración para sus gestores.Lea: Silencio, reflexión ¿transformaciones?La dispersión de la epidemia y la incertidumbre sobre la posibilidad de que la ciencia encuentre, con el rigor que requiere, fabrique y distribuya equitativamente una vacuna, así como las preguntas sin respuesta sobre las estrategias de reactivación, han causado ya fuertes impactos en inversionistas que tienen el espíritu y la capacidad para impulsar la actividad económica, el empleo y el consumo, que se retroalimentan y son, como ha reiterado el gobernador Aníbal Gaviria, la mejor política social. La falta de señales sobre el camino para la apertura de la economía y las resistencias feroces a ese necesario paso han desincentivado a inversionistas que serían el verdadero motor para una activación de la vida productiva y personal digna, sin asistencialismo y con esperanzas al futuro.Le puede interesar: El renovado rol de la familia en el sistema educativoEn el ámbito institucional, es notable la prontitud y disposición del sistema educativo para adaptarse a la pandemia y ofrecer soluciones a la medida de sus capacidades; el amodorramiento del Congreso, que concluyó esta legislatura con más pena que gloria, mientras el poder ejecutivo da pasos desiguales y los despachos judiciales han entrado en cuasi parálisis, con peculiares excepciones, que acarrea serios impactos humanos, económicos y sociales.Lo invitamos a leer: Desinformar y manipular en tiempos de covid-19La economía, los ciudadanos que miran al futuro, esperan justicia o necesitan activar su vida, no pueden seguir postergando sus decisiones como si el tiempo, que es frío e inexorable, se hubiera detenido. Tampoco les son convenientes disrupciones que pudieran fracturar la estrategia cuida-vidas que ha sido protectora. La reactivación de la economía, de la vida, de la educación y hasta de la actividad social, son necesarias para que como sociedad podamos empezar a planificar y construir el futuro posible de oportunidades para todos. Pero más que permisos de salida, la reactivación y el reencuentro tienen que estar regidos por los conceptos de pujanza, solidaridad y autocontrol que como sociedad tenemos que recuperar y aprender.
Se cumple este domingo el décimo día de la detención preventiva de Aníbal Gaviria Correa, decisión con la que la Fiscalía General ha privado sin justa causa a los antioqueños del liderazgo de su gobernador elegido democráticamente, generando una ruptura del equilibrio de poderes. La lentitud previa del proceso, su aceleración reciente y la desproporción de la medida evidencian las más protuberantes fallas de la justicia que minan el Estado de DerechoLea también: Deberes de la Fiscalía en el proceso al gobernador de AntioquiaEl fiscal general ha caído en la peligrosa tentación del espectáculo mediático, que deniega justicia. En efecto, antes de que el investigado se notificara de la decisión, el doctor Francisco Barbosa presentó la decisión en una transmisión a los medios de comunicación y a través de las redes sociales del organismo, generando miles de réplicas y el linchamiento público de quien no ha sido vencido en juicio, situación equiparable a los juicios unilaterales de la Inquisición. La exposición unilateral de la causa facilita, como aquí ha ocurrido, que se viole abiertamente el principio de presunción de inocencia, con la grave consecuencia de que el investigado se ve apremiado a demostrar su no culpabilidad, en vez de la Fiscalía ser exigida, como señalan la Constitución y la Ley, a demostrar la existencia de un hecho punible. La justicia-espectáculo ejercida en centenares, si no miles, de causas, termina convertida en una forma de injusticia contra la cual sólo unos pocos pueden defenderse, invirtiendo en ello cuantiosos recursos económicos y humanos, sin que ello evite lesiones indelebles y en algunos casos fatales.Además: Inquietantes señales de la justiciaEl fiscal Barbosa ha demostrado conocer los impactos perversos sobre las personas, la Fiscalía General y el orden constitucional del abuso de la figura de detención preventiva. Según su directiva 001 de 2020, que orienta a la mesura en la adopción de estas disposiciones, en 2019 los fiscales solicitaron a los jueces de garantías la emisión de 136.896 medidas de aseguramiento, de las cuales les fueron concedidas 118.919 medidas (87% de las pedidas). Los propios fiscales realizaron 301.523 imputaciones, a partir de las cuales dictaron 137.388 medidas de aseguramiento. Del total de medidas, 69% implicaron la detención intramural del imputado, 20% se realizaron con medida de detención domiciliaria y 11% más no tuvieron medida privativa de la libertad. De acuerdo con el análisis en el que el fiscal sustentó su llamado a reducir las medidas de detención preventiva, los centros penitenciarios tienen hoy una sobrepoblación de 48%, del cual el 29% corresponde a personas en detención preventiva.Lo invitamos a leer: Necesaria reivindicación¿Sirve esta medida excepcional y sumamente lesiva para el investigado a los fines de combatir la impunidad y proteger a la sociedad? Datos contundentes lo niegan. Una investigación de la Universidad de las Américas de Puebla (México), con su centro experto en impunidad, y la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, demostró que, del total de casos a cargo de la Fiscalía General, sólo el 1% permanece activo, situación que explica el sinnúmero de causas en las que los investigados recuperan la libertad por vencimiento de términos. Frente a la poca utilidad de la detención preventiva sobresale su riesgo para el Estado. Desde 2013 la Fiscalía ha recibido 6.249 condenas por privación injusta de la libertad, que le quitan al erario 1,3 billones de pesos y están en curso 13.398 demandas por igual causa, con pretensiones por 18,2 billones de pesos.Vea: ¿Justicia en subasta?En cualquier caso, la detención preventiva de quien no representa un peligro para la sociedad, no puede huir y no va a manipular pruebas (ya todas están aseguradas), constituye una grave violación a los principios constitucionales Pro libertad y Pro persona. En tratándose de un ciudadano elegido a un cargo del Ejecutivo, se violan también los derechos fundamentales de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, y se vulnera seriamente la dignidad del gobierno a cargo de quien recibe la imputación y una medida extraordinaria injustificable en los hechos objetivo de indagación, como en este caso lo han señalado distintos juristas.De su interés: Entre la Procuraduría y la FiscalíaPor la generalización de estas notables fallas, el país ha intentado sucesivas reformas a la justicia, incluyendo modificaciones a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que esta cumpla con el propósito por el que fue creada por los constituyentes de 1991: combatir la impunidad con respeto a los derechos humanos y principios constitucionales. Sesgos de congresistas investigados, desinterés de las cortes en perder sus potestades de nominación y elección, y poco interés del Gobierno para impulsar ese cambio necesario para hacer valer el Estado de Derecho, han obstaculizado que se atienda esa necesidad perentoria del país. Ante tales bloqueos, parece necesario recurrir a las opciones que la Constitución ofrece para que el pueblo, liderado por la academia, tome la iniciativa de una reforma a la justicia, que fortalezca el hoy debilitado Estado de Derecho.Le puede interesar: Un Congreso de espaldas al país
Los amplios e inequívocos mensajes de gobernantes, instituciones, gremios, líderes públicos, y ciudadanos conscientes, interrogando la orden de detención preventiva domiciliaria contra Aníbal Gaviria Correa coinciden en ofrecer su confianza en el gobernador de Antioquia y demandar de la Fiscalía, proporcionalidad, celeridad, respeto a los derechos del investigado y objetividad, calidades mínimas del servicio de justicia.Lea también: Masivo y enfático apoyo a la inocencia de Aníbal GaviriaDesde todos los sectores ha sido contundente el reconocimiento a la trayectoria de Aníbal Gaviria como servidor público transparente, institucionalista y garante de los derechos de la ciudadanía. Estas voces nos llenan de orgullo como sus gobernados, y también, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, como el periódico en el que inició su carrera profesional como gerente y editor general, en tanto miembro de la familia Gaviria Correa, que hasta 2010, año en que cedió sus acciones a FundaMundo, fue propietaria de EL MUNDO.Le puede interesar: Nuestra apuesta por la democraciaAdemás de su voz de confianza a la figura del gobernador y reclamar que no se afecte al departamento en un momento tan crítico como el de la pandemia por covid-19, las instituciones han expresado importantes interrogantes sobre la actuación del investigador.Aunque en su directiva 001 del 4 de junio de 2020, el fiscal Francisco Barbosa señaló que “sólo en casos excepcionales, y luego de que el fiscal de conocimiento haga una valoración exhaustiva, pueden solicitarse medidas de aseguramiento”, al día siguiente fue él mismo quien anunció a medios de comunicación la orden de detención domiciliaria al gobernador Gaviria Correa. La actuación es, pues, incoherente, como destacó el comunicado de Proantioquia. Y es desproporcionada, considerando que el mandatario ha asistido a todas las diligencias convocadas por el investigador, aportando en ellas la información solicitada. En ese mismo sentido, no se explica cómo el espectáculo mediático y la detención domiciliaria, con suspensión del cargo, contribuirían a que el investigado explique sus actuaciones; entre tanto, lo obtenido es afectar una noble carrera de servicio público al país y debilitar el importante desempeño de la Gobernación de Antioquia en el manejo de una crisis inédita para la humanidad.Vea: Celeridad y transparenciaEl proceso por el cual se encausa a Aníbal Gaviria Correa se refiere a actuaciones de su primera gobernación, entre los años 2005 y 2007. Han sido, pues trece años de demora injustificada que desdice de todas las declaraciones de interés en la lucha contra la corrupción. Son razonables las suspicacias sobre la forma como se ha llevado el proceso y el momento de toma de una decisión que crea una situación injusta para el afectado y la ciudadanía despojada del gobernante que estaba tomando las mejores decisiones en la crisis presente, además de que también se convierte en medio para disuadir a los ciudadanos honestos de cualquier interés en prestar un servicio público a la sociedad, dejando el camino abierto a quienes, por el contrario, ven el erario como coto de caza. Después de las largas, corresponde ahora a la institución atender el llamado a actuar con prontitud en un proceso que genera inestabilidad al departamento.Lo invitamos a leer: El triunfo de AntioquiaLa decisión tomada y la forma mediática como se la presentó contrarían principios elementales del derecho como el de la presunción de inocencia del investigado, al presentarlo como responsable ante la opinión pública, cuando la investigación se encuentra en etapa inicial, e imponerle una medida 'preventiva' que más bien parece una condena anticipada. El efecto de esta forma de actuar es el error de llevar al público a pensar que el investigado debe demostrar su inocencia, cuando en realidad, es al poderosísimo ente investigador al que le corresponde demostrar si hubo delito en los contratos objeto de investigación.Por inoportuna, mediática y desproporcionada, la Fiscalía despierta dudas sobre la objetividad y juridicidad de las decisiones adoptadas en este proceso y, consecuentemente, generan preguntas por las verdaderas intenciones tras una medida que ha provocado daño irreparable a la persona y los cercanos a Aníbal Gaviria Correa, y ha puesto en peligro la buena marcha de la Gobernación, en momentos críticos como los presentes. Riesgo que atinadamente se redujo al permitir que el Departamento quedara bajo la guía de Luis Fernando Suárez, leal coequipero del gobernador Gaviria Correa.Lea: El complot contra el alcaldeDudas, contradicciones puestas en evidencia y desproporción en lo actuado, son razones suficientes para reclamar que los pasos siguientes en esta causa sean dados con celeridad, máximo apego a la ley, así como respeto a los antioqueños y su mandatario.
Hacen tránsito en el Congreso de la República dos iniciativas que pretenden contener la violencia contra infantes y adolescentes. El proyecto de acto legislativo que propone la pena de prisión perpetua para responsables de abuso sexual contra menores de edad y el proyecto de ley que busca prohibir los castigos físicos y humillantes a los menores tendrán efectos dispares en la formación de una cultura noviolenta con la niñez.Lea: Yuliana y el síndrome del caso específicoPor segunda ocasión, se busca aval al populista proyecto de acto legislativo que propone instaurar la pena de prisión perpetua para responsables de violencia sexual contra menores de edad. La norma ha sido aprobada en seis de ocho debates, el último de ellos en plenaria de la Cámara de Representantes, a pesar de que sus impulsores no han podido demostrar su aporte al control a la impunidad en la violencia sexual contra la infancia, que supera el 90% de los casos, dadas la baja denuncia y la generosidad judicial con los culpables. Tampoco aclaran cómo la ley eliminaría los beneficios judiciales y jurídicos que hacen inanes los castigos a responsables de crímenes sexuales contra la infancia.De su interés: Referendo de prisión perpetuaMientras el proyecto de acto legislativo transitaba acompañado por un amplio y acrítico despliegue publicitario que desoye observaciones expertas, se divulgó que, en apenas un año y medio de prisión, Rafael Uribe Noguera, responsable de la violación y muerte de la pequeña Yuliana Samboní, ha logrado redimir ya dos meses de su condena de 58 años, no los 60 previstos por la ley. También que consiguió ocultar sus bienes para eludir la obligación legal y moral de indemnizar a la familia víctima de un dolor innombrable.Le puede interesar: Garavito y la rebaja de penasDespués de que la obtuvieran los paramilitares, que han logrado acallar las denuncias por reclutamiento y abuso sexual a menores de edad, las Farc también recibieron garantía jurídica de impunidad para los crímenes de reclutamiento forzado de por lo menos 10.440 niños y adolescentes -según el Icbf- delito desencadenante de abuso sexual y aborto forzado. Esos culpables gozan de impunidad y garantía de no ofrecer verdad o reparación, además, en el caso de las Farc, reciben del Estado oportunidad de ocupar sus más altas dignidades. Tales beneficios, por demás, serán los que reclamen para sí quienes en el futuro negocien acuerdos de paz o desmovilización.Lea también: Reclutamiento forzado, el crimen que el Estado ignoraControlar a la justicia para que tome decisiones acordes con el daño infligido y contener su generosidad en la concesión de generosas gabelas a criminales irredentos, además de dar trámite privilegiado a iniciativas que impulsan verdaderas revoluciones culturales en la relación de los adultos con los menores de edad, sí que serían los apoyos certeros del Congreso a ofrecer bienestar y estabilidad a infantes y adolescentes.Vea: Sobre la prisión perpetuaEn agosto pasado inició el trámite del proyecto de ley que propone la prohibición de los castigos físicos y humillantes para la niñez y, por consiguiente, dota al Icbf de herramientas para asumir labores pedagógicas, preventivas y de contención con padres y cuidadores, de manera que ellos adopten medidas amorosas y noviolentas en la crianza con disciplina de los menores de edad a su cargo. La literatura médica ha documentado que los castigos físicos o humillantes infringidos en la escuela -donde los prohibió el Código del Menor- o en el hogar -que pretende terminar esta ley- son causantes de graves daños a los niños: emocionales, pues los hace inseguros o agresivos; mentales, pues es detonante de enfermedades severas como la ansiedad y la depresión, así como físicos, pues generan cardiopatías y desatan patologías autoinmunes, como ciertas formas de artritis. No hay, por el contrario, evidencia científica o de los pedagogos de alguna utilidad para el desarrollo intelectual, moral o físico de quien recibe esa clase de tratos de sus padres o cuidadores.Lo invitamos a leer: Sí a la ley que prohíbe los castigos físicos y humillantesA pesar de la contundente evidencia a favor de una norma que ni siquiera propone castigos de prisión para los castigadores, así como del respaldo del Comité de Infancia de la ONU, que la promovió para Colombia, y los expertos que en el país trabajan con niñez, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Carlos Eduardo Acosta, del partido Colombia Justa y Libre, introdujo ocho proposiciones que destruyen la norma y simplemente vuelven a legislar sobre lo ya legislado en materia de maltrato a los menores de edad. La adopción de esas proposiciones haría inane el propósito de dotar a los adultos de capacidades para verdaderamente cuidar a los niños y adolescentes bajo su tutela.Vea: Compromiso de todos, no más violencia contra la niñezA pesar del avanzado tránsito de las normas, el Congreso todavía puede corregir sus decisiones y actuar por el bien de la niñez y la adolescencia, no para favorecer su propia imagen o en defensa de un falso sentido de libertad de la familia o la tradicionalidad de ciertas formas de educación, inicuos cuando violan los derechos especialmente protegidos de la infancia y la adolescencia.
Metro por la 80El alcalde Daniel Quintero Calle y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, lograron los avales técnico y financiero del Gobierno Nacional para poner en marcha la solución planeada por el Metro para el transporte masivo por la Avenida 80, entre los puntos de Caribe, en el norte, y Aguacatala, en el sur. A partir de estos acuerdos, la Nación y las autoridades municipales, que cuentan con su parte de recursos para esa obra, desarrollarán el documento de planeación física y financiera de la tercera línea del Metro de Medellín, una obra necesaria a cuya contratación y ejecución estaremos atentos.Destrabar el proyecto que durante cuatro años durmió el sueño de los justos es, sin duda, el mejor regalo para la ciudad y el Metro, en sus treinta años de exitosa operación del sistema de transporte masivo.Lea también: Logros y deudas de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de MedellínEPM en el CaribeAl recibir la adjudicación a EPM del bloque Caribe Mar, uno de los dos en que fue dividida Electricaribe, la compañía pronto empezará a ofrecer servicio de energía a 1,5 millones de usuarios de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Esta operación, que esperábamos desde la intervención de la distribuidora de energía a la Costa, ofrece a la empresa la posibilidad de crecimiento en distribución, pues llegará a tener el 35% de la distribución y comercialización de energía de Colombia, y brinda a los golpeados usuarios de esa región la posibilidad de acceder a un servicio de calidad, confiable y a costos razonables. Esperamos que estas garantías sean el mejor argumento para transformar la cultura de pago en los nuevos usuarios de EPM.Le puede interesar: Respaldar a Superservicios
Lorena y Epifanio Domicó BailarínLorena y Epifanio, de 12 y 17 años, murieron el pasado 9 de marzo, cuando la guardia indígena de la comunidad Emebra Éyabida, a la que pertenecían, intentaba trasladarlos al casco urbano de Frontino, después de que fueran heridos al pisar un campo minado sembrado en el resguardo indígena de Murrí Pantano.Sus pérdidas tempranas atemorizan a una comunidad que poco ha sabido de paz y respeto por sus vidas. Y deben interpelar a los firmantes del acuerdo de paz con las Farc, quienes deben responder por qué a tres años y medio de la firma, la exguerrilla no haya entregado los datos de los campos minados, y realizado su levantamiento, lo mismo que deben explicar el crecimiento de “disidencias” que mantienen los negocios criminales, lo mismo que muchas armas y mañas de la organización a la que pertenecieron.Lea también: Verdades pendientes sobre minas antipersonaGrande HiguitaAvanzar como el mejor juvenil de la Clásica París-Niza, carrera de gran importancia en la que Colombia también brilla con Nairo Quintana, y acariciar el podio, es una victoria temprana para el corredor antioqueño Sergio Andrés Higuita García, quien había tocado la gloria en el país con su victoria en el Tour Colombia y con el título del Campeonato Nacional de Ruta, el pasado mes de febrero. A sus escasos 22 años, este corredor que se enamoró del ciclismo participando en el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil EL MUNDO-Almacenes Éxito, ha demostrado su nivel y la categoría que lo ubica a la par de las estrellas del pelotón internacional, quienes ya ven en su pequeña talla y estatura a una de las grandes promesas del ciclismo mundial.Le puede interesar: Gracias por este Clásico Nacional de Ciclismo Infantil
Es necesario fumigarEl anuncio de la Oficina de control de drogas de la Casa Blanca sobre que el país cerró el 2019 con 212.000 hectáreas de cultivos de coca, superando en 40.000 las hectáreas cultivadas en 2018, explica el carácter urgente de la reunión que en Washington sostuvieron los presidentes Iván Duque y Donald Trump, así como sus conclusiones sobre el combate a los cultivos ilícitos. Aunque el Gobierno Nacional sigue haciendo grandes esfuerzos en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la erradicación forzosa, con el incremento de cultivos y producción de coca ha crecido la criminalidad en las regiones de prevalencia cocalera. En tales condiciones, y es un mensaje que debe entender la Corte Constitucional, el país no tiene otro camino que emprender, con máximo cuidado técnico y precisión operativa, la fumigación aérea de cultivos ilícitos.Lea también: Cultivos ilícitos: tolerancia e improvisaciónProtección y justiciaCondenamos con energía los atentados contra la profesora Sara Fernández, secretaria del sindicato de profesores de la Universidad de Antioquia, y el señor Arley Hernán Chalá, coordinador de escoltas de Leyner Palacios, el líder visible de las víctimas de Bojayá. Estos graves hechos exigen que se preserven las medidas de protección a las personas amenazadas, pero especialmente demandan de la Fiscalía y la Justicia, investigaciones rigurosas que esclarezcan las responsabilidades de estos hechos, sancionen a los culpables y le brinden a la sociedad garantías de no impunidad para tan graves delitos.Le puede interesar: La desprotección de Bojayá y los corredores del narcotráfico
UniverCiudadCuando en 2012, la Alcaldía de Medellín hizo la propuesta de desenmallar los campus del sector Robledo, vimos una magnífica ocasión para construir espacios públicos para el conocimiento, la cultura y la integración de la ciudadanía a las universidades. Al resurgir la propuesta para las universidades del norte de la ciudad inicialmente, reconocemos la riqueza de las discusiones que alienta, en tanto se dirigen a propiciar un proceso de apertura de los campus a la ciudadanía favoreciendo la integración de la universidad a la urbe y, como resultado obvio, que autoridades competentes asuman la seguridad integral de los espacios, hoy amenazados, más que protegidos, por la exótica extraterritorialidad que llegó asociada al levantamiento de mallas que han terminado siendo duras fronteras.Le puede interesar: Medellín y la educación superiorInforme sesgadoEl informe sobre Colombia presentado por el coordinador del sistema ONU en Colombia, señor Alberto Brunori, rompe con los principios de objetividad de los documentos técnicos y amistad con un Estado democrático miembro y sometido a las normas de la comunidad internacional. Además de afirmaciones impertinentes para un diplomático, el documento usa unas cifras inexactas, fuentes desconocidas y seguramente tendenciosas, y hasta desconoce los informes entregados por el Estado y verificados por otras instancias de la ONU, producto de sus acciones certeras para garantizar el cumplimiento del acuerdo con las Farc y la seguridad del país. La valiente interpelación del consejero Emilio José Archila a los infundios merece respuestas de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresidente Michele Bachelet.Lea también: El desequilibrado informe de la ONU sobre los avances en paz
Regreso desafianteMientras persiste en sus demandas internacionales contra Colombia, Uber sorprendió con la reactivación de su plataforma para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y la imposición de un nuevo contrato que pretende hacer aparecer su intermediación como un servicio para el arrendamiento de vehículos tripulados, que sigue violando la ley colombiana e impone pesadas cargas a los usuarios.La agresiva respuesta de los taxistas bogotanos a este regreso contrasta con el silencio de las autoridades responsables de regular a esta y otras aplicaciones que prestan servicio de transporte de pasajeros a fin de equilibrar las condiciones para las empresas y garantizar a los pasajeros la seguridad en sus viajes. Con el regreso de Uber, la SIC debe hacer cumplir su mandato administrativo a los operadores de telecomunicaciones, para que suspendan el acceso a la plataforma.Lea también: Chantajes y falacias de UberEmergencia ambientalSequías que dificultan la prestación del servicio de acueducto, la contaminación del aire que enferma a personas y agresivos incendios forestales son algunos de los síntomas del verano que está afectando a los antioqueños y los ecosistemas del departamento. Para usar las herramientas de que hoy disponen corporaciones autónomas regionales, alcaldes y empresarios, así como para modernizar las normas en favor del clima, la Gobernación de Antioquia decretó la emergencia ambiental.La medida gubernamental coincide con el nombramiento de Sergio Trujillo Turizo en la gerencia de RIA. Su conocimiento de la filosofía de Guillermo Gaviria Correa para diseñar este programa bandera conducente a agilizar la reforestación del departamento y generar oportunidades para las familias campesinas da esperanzas por la revitalización con buen rumbo de esa empresa.Le puede interesar: Hacia una sociedad sostenible
Del error a la barbaridadEl abuso de un avión de uso presidencial para un paseo de familia y amigos con motivo del cumpleaños de la hija del primer mandatario abrió una necesaria discusión pública que Palacio no logró responder aceptando la fuerte equivocación y procurando acciones reparadoras. Pero más grave que esa fallas fue la bochornosa exaltación de la periodista Vicky Dávila de Semana, ante la interpelación del periodista Hassan Nassar, comunicador de la Presidencia, calificando el debate como lleno de hipocresía, dado que la misma periodista y muchos otros que más tarde se solidarizaron con ella, han aceptado invitaciones a vuelos presidenciales con familiares. ¿Cuándo será que estos periodistas, ávidos de escándalo, se miden con la vara que miden a los demás?Lea también: ¿Y del Invima qué?Apoyo a las universidadesLa decisión del alcalde Daniel Quintero Calle de ordenar el ingreso de la fuerza pública a los campus que se encuentren amenazados por los delincuentes encapuchados que aprovechan la limitada seguridad de las universidades para armar y usar explosivos contra personas y bienes públicos es una decisión necesaria para proteger a las universidades y la protesta pacífica. Los verdaderos enemigos de la universidad y de la protesta pacífica no son las autoridades, como los radicales pretenden mostrarlo, son los delincuentes que se amparan en la pretendida extraterritorialidad de los campus y en el malestar ciudadano para actuar con violencia. Con este paso en la dirección correcta podrían definirse nuevas formas de garantizar a las autoridades universitarias la dedicación a sus actividades académicas y a la sociedad, la plena recuperación de estos espacios públicos para su uso y disfrute.Le puede interesar: Pensándolo bien del 2 de febrero
Los datos de la tiraníaLa prohibición del gobierno de Nicolás Maduro a la visita de verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma el carácter tiránico del chavismo y demanda mayor solidaridad de los organismos internacionales y los demócratas para con los demócratas que sufren persecución y los ciudadanos sometidos a hambre y miseria.La visita de observación ha permitido reconocer la existencia de 382 presos políticos, para quienes se dictaron medidas cautelares; la miseria del 60% de los ciudadanos, y la inexistencia de la democracia.Un gobierno fraudulento, despótico y criminal no merece reconocimiento.Lea también: Cercos a la brava oposiciónPresiones A la inmovilidad desconcertante de los ministerios de Transporte y TIC para avanzar en una concertación que permita reglamentar el servicio de transporte público mediante aplicaciones tecnológicas, Uber ha respondido con presiones inaceptables: su retiro del país tras una intensa campaña mediática; la amenaza de convocatoria a un improbable tribunal arbitral internacional, y la inadmisible arremetida del embajador estadounidense Philip Goldberg contra una decisión judicial.No es con el irrespeto a un Estado y sus normas como se logrará avanzar en armonizar los distintos servicios de transporte público ofreciendo seguridad a trabajadores y usuarios.Le puede interesar: Chantajes falacias de UberTerrorismo urbanoAl derrumbamiento de una torre de energía en atentado que se atribuyó el Eln le siguió la divulgación de una alerta del alcalde Daniel Quintero Calle tras hallazgos de explosivos en la ciudad. Acrecentada por exfarianos y sus operaciones en la economía ilegal, esa guerrilla soberbia debe ser contenida con rigor por autoridades militares y la justicia.Vea: La desprotección de Bojayá y los corredores del narcotráfico
“Imbécibil”Con la captura de Aída Merlano en Venezuela se han sucedido las “imbecibilidades” de Nicolás Maduro, quien inicialmente aprovechó la circunstancia para espetar su odio contra el presidente Iván Duque, pero luego recalculó para tender la trampa de la reapertura de relaciones diplomáticas con la tiranía, insinuando que lo contrario sería como encubrir a los corruptos que Merlano podría denunciar. El gobierno del doctor Duque no puede aceptar ninguna presión para legitimar a un dictador que usurpa elecciones, destruye a su pueblo y ha minado las libertades políticas. La Justicia venezolana, si fuera independiente, debería seguir los procedimientos para entregar la prófuga a la justicia colombiana.Lea también: Un atentado difícil de explicar no justifica la reacción de MaduroA nuestra saludEn decisión que da continuidad a una de las más importantes políticas de sanidad del país, el Ministerio de Salud ha publicado un listado de 770 medicamentos cuyo valor de venta a instituciones y pacientes queda sometido al techo definido por las autoridades, según fórmula que compara el valor de los fármacos y componentes en distintos países.Con la medida, un total de 2.441 medicinas por las que se hacían cobros excesivos, quedan sometidas a la vigilancia que alivia al sistema de salud y los pacientes.Le puede interesar: Control razonable en medicamentosPor el desarrolloCon la conformación del Consejo Territorial de Planeación de Antioquia y el acuerdo para construir el plan de desarrollo de Medellín se abre camino el proceso participativo para planear la guía del desarrollo en los próximos cuatro años. Celebramos la unidad y voluntad de participación de los gobiernos en un proceso de la mayor importancia, al que permaneceremos atentos.Lo invitamos a leer: Esperanzada bienvenida al 2020 y sus cambios
Y del Invima, ¿qué?Apenas el viernes 24, el Invima ordenó la alerta sanitaria por la presencia de diclofenaco en Dololed, medicamento promocionado como natural ya que aparentemente era sólo un compuesto de caléndula. Al cierre de esta edición, este vigía de la salud no se pronunciaba sobre la tragedia por la venta en un expendio de Tramadol a una madre que buscaba purgante para sus dos hijos, que murieron por el uso del analgésico tipo opioide dispensado por Cruz Verde. La ausencia o lentitud para reaccionar del instituto en situaciones que arriesgan salud y vida exige explicaciones de sus directivos y correctivos inmediatos por el bien de los colombianos.Lea también: Camino a erradicar el uso del mercurioAvanza el túnel Guillermo Gaviria EcheverriEl compromiso del Gobierno Nacional para desembolsar en forma paulatina los $1,4 billones necesarios para construir el tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de acceso, en el boquerón del Toyo, desató también los compromisos de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para avanzar en aportes a la obra y agilizar su entrega en el año 2023, anticipándose al cronograma previsto. Negociar, concertar, construir unidad, son promesas de Aníbal Gaviria y Daniel Quintero que ofrecen frutos en esta obra estratégica para el país.Le puede interesar: Reconocer a un visionario que sembró paísRegresa el Foro Económico MundialLa exitosa presencia del presidente Iván Duque en el Foro Económico Mundial en Suiza deja el reconocimiento de las decisiones gubernamentales en materia de futuro y el anuncio del fundador del organismo, Klaus Martin Schwab, indicando que la edición 2021 del FEM Latinoamérica volverá a nuestro país. El reputado centro de pensamiento y acción económica confirma así que Colombia, a diferencia de los vecinos, tiene durante el gobierno del doctor Duque un rumbo promisorio para la inversión y el desarrollo.