Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona  El sector construcción es uno de los principales generadores del efecto invernadero en el mundo.

Actualmente, los trámites ambientales que los constructores deben adelantar para poder construir en el Valle de Aburrá son el de aprovechamiento forestal y, en algunos casos, un permiso de ocupación de cauce de ríos o quebradas.

Pero, qué hacer si se desea ir más allá e incluir en las construcciones temas como la calidad del aire, el consumo del agua y el manejo de residuos sólidos.

Intentando responder esta pregunta, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, vienen trabajando en el diseño de una política pública para la construcción sostenible.

Sobre esto, Ana Milena Joya, subdirectora del Área Metropolitana, explicó que ellos, “como autoridad ambiental, tienen un compromiso, desde el 2014 cuando se declaró como hecho metropolitano el tema de la construcción sostenible, de generar una política para que los nueve municipios del área metropolitana tengan una guía para poder trabajar la construcción de una manera más eficiente con los recursos naturales” aseguró.

Es decir, la idea es contar con una guía que permita que el sector de la construcción tenga en cuenta el impacto ambiental que genera con su actividad y más que frenarla, con la política lo que esperan es mejorar aspectos como el aprovechamiento del agua, la energía y la disposición de residuos sólidos.

Y es que, según Joya, al día, el área metropolitana está utilizando 10.000 toneladas de materiales para construir y, al día también, se generan 12.000 toneladas de residuos sólidos que “tienen que parar en alguna parte”.

Sobre esto, Juan Guillermo Penagos, director técnico del proyecto, aseguró que la idea es disminuir los impactos ambientales asociados al proceso constructivo, un sector que incluso debe mirarse desde la formación de sus profesionales en cuanto al impacto ambiental que genera el desarrollo de su profesión.

A esto, Joya añadió que “el proyecto no sólo incluye a los municipios como entes territoriales y públicos sino también al sector de la construcción. Se ha venido trabajando ya hace un tiempo con Camacol para que el tema de la construcción vaya mucho más allá de dar un permiso de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal que es lo que hoy exige en determinado momento la ley para este tipo de construcciones”, contó Joya.

Tanto así que, tal como explicó “con ellos -el sector construcción-  hemos avanzado en el tema de cómo se organiza el departamento de gestión ambiental de las empresas constructoras, cómo se trabaja el tema de residuos peligrosos y de residuos sólidos, cómo se trabaja el tema del agua, de la calidad del aire y ahorro eficiente de energía dentro de las construcciones. Además, no es solamente en el momento constructivo, también con un programa de hábitos y consumos responsables, porque también los que vivimos hoy en las edificaciones somos los mayores consumidores de energía del Valle de Aburrá”.

Penagos aseguró que esperan que para agosto de este año esté listo el diseño de la política pública de construcción sostenible cuyo desarrollo técnico es liderado por el Área y cuenta con el apoyo de un equipo interdisciplinario compuesto por arquitectos, ingenieros, biólogos, comunicadores y abogados de la UPB.