Justicia

An unjustified transfer
Un traslado injustificado
Autor: Juan David Morales Gaviria
23 de Enero de 2013


Analistas aseguran que existen procesos contra grupos paramilitares que han pasado por las manos de hasta cuatro y cinco fiscales, como el del Bloque Cacique Nutibara. Una falta de continuidad que altera las investigaciones.


Foto: Cortesa 

La fortaleza de la fiscal Patricia Hernández son los temas relacionados con la violencia de género. Hecho que posiblemente motivaría su traslado a Caquetá debido a que en esa seccional se estaba necesitando una fiscal especializada en esos casos.

 


La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, presidida por el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, le hizo saber a Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación, su inconformismo por el traslado injustificado de la fiscal 15 de esa unidad, Patricia Hernández Zambrano, a la seccional de Florencia, en Caquetá.


Lo que más preocupa en el alto tribunal de nuestra ciudad son los  retrasos y perturbaciones que esta decisión pueda causar en las investigaciones de Justicia y Paz que se venían adelantando.


“La fiscal Hernández Zambrano llevaba procesos de mucha trascendencia, ejemplo de ello la investigación que venía realizando a las acciones violentas que desde 1984 cometió uno de los bloques más antiguos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el Bloque Mineros”, aseguró Pinilla Cogollo.


“La fiscal no solo lideraba el proceso contra el excomandante de esa estructura ilegal, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, sino hechos muy conocidos como las masacres de La Granja, Las Juntas y El Aro; todos los hechos de Ituango y todo lo que venía sucediendo en el Bajo Cauca”.


El funcionario judicial manifestó que la propia Fiscalía había destacado a Hernández Zambrano para recibirle declaración en los Estados Unidos a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y a otros líderes paramilitares como Francisco Javier Zuluaga, alias “Gordo Lindo”.


“Afecta evidentemente el traslado de una fiscal que llevaba todos estos casos, y con quien habíamos avanzado y estábamos a punto de determinar lo que es el control de legalidades y el establecimiento de la verdad sobre lo sucedido en todos estos procesos, pues trastorna el proceso de Justicia y Paz debido a que  implica que tenga que llegar un nuevo fiscal a conocer lo que ella ya había investigado y, mientras estudia los pormenores del proceso y se familiariza con la investigación, pues obviamente habrá un notable retraso que, por casos que ya conocemos, puede ser de seis meses o más”, explicó Pinilla Cogollo.


Sin razones de peso


El presidente de la Unidad de Justicia y Paz insistió en que aunque no puede afirmar que el objetivo de la Fiscalía General sea entorpecer la justicia colombiana, sí aseguró que no encontró motivos suficientes para el traslado de Hernández Zambrano al departamento de Caquetá.


“Uno entendería esos cambios cuando hay un fiscal que no da rendimientos o que no cumple con las expectativas. El cual no es el caso de la doctora Patricia Hernández”, expresó.


Según él, la razón que conocen por parte de la Fiscalía es que a ella se le traslada con el objetivo de reforzar la investigación, prevención y sanción de delitos basados en género en la seccional de Florencia, lo que a su modo de ver no admite comparación con la magnitud de los delitos que la jurista conocía en Medellín. Además de la necesidad que tiene la ciudad de tener buenos fiscales investigando crímenes sexuales y violencia de género en las Auc.


“Uno tampoco le puede decir al señor fiscal que consulte con nosotros una medida que es de su fuero. Lo que sí es que una decisión de esas, como cualquier decisión de cualquier funcionario público, tiene que estar justificada a la luz de la ciudadanía y debe estar debidamente informada”, aseveró.


“Un error garrafal”


Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, se refirió al tema asegurando que el traslado de la fiscal Hernández Zambrano es un hecho sensible y que causa traumatismos, “porque ella estaba a cargo de los casos más importantes y de mayor relevancia que hay contra la mafia y contra paramilitares”.


“Retirarla a ella de sus casos significa primero que todo un castigo y segundo, que las investigaciones que venía adelantando se queden en nada y que nunca sepamos quiénes, desde la clase política y desde el empresariado, han patrocinado y auspiciado el proyecto paramilitar y mafioso”, dijo.


Para Quijano esta medida también va en contra de las víctimas de las Auc,  pues ellas le estaban tomando profunda confianza al trabajo de esta fiscal, en especial las mujeres, porque estaba dándole una notable fortaleza  al tema de la violencia de género.


“El fiscal Montealegre comete un gran error y la pregunta es: ¿quién está luchando detrás de todo esto para que una de las fiscales con mano de hierro en Colombia abandone estas investigaciones?”, se preguntó.


Finalmente, Quijano afirmó que “desde Corpades pensamos que la decisión de la Fiscalía General es un error garrafal. Por tal motivo nos solidarizamos con la doctora Patricia Hernández y le pedimos al fiscal que no le haga juego a quienes quieren hacer cortinas de humo”.


 



El descontento de las vctimas

 


La decisión de trasladar a Hernández Zambrano inquietó a las organizaciones de víctimas, especialmente a las de mujeres, puesto que esta fiscal, por iniciativa propia, había investigado en detalle los delitos de género cometidos por el Bloque Mineros en el Norte y Bajo Cauca antioqueño. 


Un primer capítulo de estos crímenes se presentó en audiencia en septiembre pasado. Ese día se relataron más de 150 agresiones sexuales, vejámenes, atropellos, asesinatos y desapariciones de paramilitares contra mujeres de estas subregiones de Antioquia. Esta fue la primera audiencia de Justicia y Paz que abordó los delitos de género.


“Por eso creemos que la decisión de trasladar a la fiscal vulnera nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación, porque en el Bajo Cauca las víctimas sobrevivientes tienen nombres y rostros de mujer”, aseguró Magdalena Calle, integrante de la Red de Mujeres Líderes del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, en diálogo con www.verdadabierta.com.


“Veníamos trabajando con ella desde el 2006, cuando se realizó la primera jornada de atención a víctimas en el municipio de Yarumal. Ya se estaban imputando estos crímenes contra las mujeres. Pero la decisión de traslado va a entorpecer este trabajo porque falta ver si el que llegue va a seguir con esto y si lo hace, va a tener el mismo tacto, va a generar las mismas confianzas o nos va a revictimizar, como pasa con muchos fiscales”, concluyó Calle, a quien los paramilitares de alias ‘Julián Bolívar’ le asesinaron y desaparecieron a su esposo.