Foto: Cortesía  La decisión del Ministerio no afectará al uso comercial del glifosato, ya que en ese caso los usuarios tienen la autonomía de decidir si emplean o no este herbicida.

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La Defensoría del Pueblo y otros sectores sociales entre los que se incluyen varias ONG y académicos, se mostraron bastante complacidos por la recomendación que hizo el Ministerio de Salud al Consejo Nacional de Estupefacientes respecto a las amenazas que representa el glifosato para la salud.  

En un comunicado, el Ministerio Público informó que luego de una visita a terreno en varios municipios del departamento del Putumayo, con el propósito de recopilar testimonios de las comunidades indígenas allí asentadas y a los efectos nocivos del herbicida, respaldó las recomendaciones para suspender dicha estrategia en el marco de la lucha contra las drogas.

Funcionarios de la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría estuvieron en la zona entre los meses de febrero y marzo de este año, cuando visitaron diez comunidades en las que se encontraron 378 familias conformadas por 1.378 personas, de las cuales 486 son niñas y niños.

Fumigaciones indiscriminadas

Los testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo y remitidos a la Corte Constitucional indican que las fumigaciones fueron permanentes e intensas entre los años 2000 y 2007, que fueron suspendidas en 2008, pero se reanudaron en 2011 y se mantuvieron cada tres meses hasta septiembre del año pasado.

Según la Defensoría, “los indígenas señalan que como consecuencia de las aspersiones con glifosato, quince fuentes hídricas resultaron contaminadas, entre ellas once quebradas, dos ríos y dos nacimientos de agua en los caños El Cofre y Santa Rosa de Villagarzón. Todos, incluido el resguardo Santa Rosa de Juanambú que no hace parte de la demanda, coincidieron en los daños a la salud, los recursos naturales, la afectación en los cultivos de pancoger, el deterioro de los suelos y ecosistemas, así como la pérdida de especies difícilmente recuperables como erizos, armadillos y venados”, informó el comunicado.

En materia de afecciones a la salud, las comunidades entrevistadas por la Defensoría refieren enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias, siendo frecuentes según ellos, los dolores de cabeza, los casos de intoxicación  y síntomas como la diarrea y la fiebre entre los niños.

Mientras tanto, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, por su parte, destacó que el glifosato vendido comercialmente deberá llevar un aviso en las etiquetas acerca del riesgo que conlleva para los humanos. Sin embargo, subrayó que “la decisión no es vinculante y el Gobierno es independiente de tomar la recomendación”.

Celebran la decisión

El economista agrícola José Ignacio Díez cree que la recomendación del Ministerio de Salud es lo mejor que le puede pasar a la política antidrogas sin tener ningún riesgo para la economía y que al contrario, esta decisión traería mayores beneficios, pues “en muchas de las zonas donde se cultiva la coca y la marihuana ya no se estaba cultivando ni yuca, ni plátano, ni papa y lo que ocurrirá ahora es que ya se cultivarán estos productos sin miedo a que sean contaminados por el glifosato”, explicó.  Además, desde su óptica, a mediano plazo, con los acuerdos de paz, esto permitirá que se vaya desmontando el narcotráfico. 

A propósito de la política antidrogas, Liliam Eugenia Gómez, presidente del Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia,  considera que lo primero que debe hacer el país es acabar con el negocio y “llevar programas de educación agroecológicos a los campesinos para que ellos siembren su propio alimento. Otra alternativa, en caso de continuar con la política represiva, es la destrucción manual”. Y añadió que se debe “llevar al campo la equidad necesaria y dar al campesino el valor que tiene”.