Internacional

Colombia does not pull out frigates
Colombia no retira las fragatas que custodian mar territorial
22 de Noviembre de 2012


Preservar la soberanía, proteger a la población y la continuación de todas las operaciones normalmente desarrolladas en el área por la Armada Nacional, son las órdenes perentorias dictadas por el Presidente Juan Manuel Santos.

Foto: AP 

“No vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la defensa de sus derechos”, dijo Santos a los habitantes de la isla de San Andrés en pasados días. El presidente reafirmó ayer ese compromiso.


Resumen Agencias


En la Costa Atlántica y las playas de San Andrés y Providencia  reina la tensión luego que el Gobierno Nacional confirmara que no retirará las unidades de la Armada Nacional que custodian el mar territorial. 


En este momento en el área marítima del mar Caribe “hay toda una cobertura con buques de superficie”, dijo el comandante de la Armada Nacional, Almirante Roberto García Márquez, al tiempo que invitó a los pescadores sanandresanos y de otras regiones a que “salgan a hacer su trabajo tranquilamente como lo han hecho toda la vida porque estarán protegidos por la Armada Nacional”. 


Así se confirma la presencia y permanencia de unidades guardacostas, unidades de la aviación naval, de la Fuerza Aérea Colombiana del grupo del Caribe y unidades de infantería de marina. 


“Es nuestro deber constitucional proteger a todos los colombianos, lo que siempre hemos hecho por más de 200 años”, indicó el almirante García Márquez luego de recordar que “todos los días realizamos operaciones, hay una enorme cobertura de área marítima de altamar, no dejaremos nunca de efectuar tránsito y control. Estos trabajos tradicionales de la Armada Nacional se extenderán perennemente”. 


El Ministro de Defensa también confirmó la presencia militar en la zona. “Los buques están en aguas colombianas ejerciendo soberanía”. 


Están fondeados en los cayos adyacentes a San Andrés los buques de guerra ARC Antioquia, ARC Caldas, ARC Cartagena de Indias, ARC 11 de Noviembre, ARC San Andrés y ARC Providencia.


La estrategia jurídica


Por su parte, la canciller colombiana María Ángela Holguín manifestó que el Gobierno buscará una nueva estrategia jurídica el actual problema de soberanía del país. 


Explicó que solicitará la ayuda y asesoría de los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Jamaica y Estados Unidos y que, de la misma forma, enviará una carta de reclamación al Secretario General de la ONU. 


Posteriormente, en un Consejo de Seguridad la canciller llamaría a los sectores políticos a unirse a la discusión. 


Se descarta además la posibilidad de que se presenten confrontaciones entre ambos países. De hecho, el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, Ricardo Seitenfus, confió en que las diferencias entre Colombia y Nicaragua por la nueva frontera en aguas del Mar Caribe se mantengan dentro de las vías pacíficas y de la legalidad.




Pros y contras de una decisión


Clara María Mira González,  abogada de la Universidad Eafit, Especialista en estudios internacionales y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia Profesora de las Universidades CES y Eafit, afirma: “Uno de los efectos contrarios que pueden derivarse de un posible desacato de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es que Nicaragua decidiera llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano que en virtud del artículo 35 de la Carta de las Naciones Unidas, deberá primero buscar una solución negociada al conflicto que se presenta y de no ser posible la misma podría, tal y como lo prevé el artículo 36, acudir a medidas procedimentales, incluidas las coercitivas para arreglar la controversia”.


“El efecto benéfico de un no cumplimiento del fallo, es que Colombia conservaría su soberanía territorial, por lo menos temporalmente, pero se arriesga a que el conflicto con Nicaragua, en vez de solucionarse jurídicamente sea resuelto a través de la guerra, lo que no es conveniente para las relaciones internacionales de Colombia sobretodo en estos momentos en los que el Gobierno está intentando negociar con las Farc. “La percepción internacional de los diferentes países del mundo ante un fracaso de una solución jurídica que abandona eventualmente el recurso de revisión para dejar que un litigio se solucione por otras vías, puede entenderse como una debilidad del Gobierno para buscar salidas negociadas al conflicto.


Realmente lo más conveniente en este caso es someter a revisión el fallo, dado que ya fue aceptada la competencia de la Corte”.