Economía

Goldex has fallen, reportedly laundered $2.3 trillion
Cayó Goldex, que habría lavado $2,3 billones
Autor: Olga Patricia Rendón Marulanda
17 de Enero de 2015


El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. 


Foto: Cortesía 

La minería ilegal en Colombia, según el vicefiscal Perdomo Torres, financia organizaciones criminales.

Twitter: @olgarendonm


La Comercializadora Internacional Goldex S.A.S., conocida por crear el primer banco de oro del país del que podía retirarse lingotes de oro como en un cajero electrónico, fue acusada ayer del lavado de capital por cerca de $2,3 billones.


Supuestamente, según la Fiscalía General de la Nación, Goldex utilizaba personas naturales inexistentes y empresas fachadas constituidas a lo largo del país con los mismos socios para comprar oro derivado de la minería ilegal, producido principalmente en el Nordeste antioqueño, para luego exportarlo.


“El caso se inició, precisamente, porque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificó que Goldex, en la declaración de la vigencia 2010, tenía inconsistencias en la información con respecto a los proveedores y no tenía los soportes contables adecuados, en ese entonces se impusieron unas multas. Ese elemento sirvió de piedra angular para encaminar toda la investigación que concluyó con este operativo”, explicó Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público.


Ayer mismo se capturaron 26 personas principalmente en Medellín, domicilio de esa empresa, entre ellas Jhon Úber Hernández Santa, único accionista de la compañía, algunos de sus familiares y representantes legales de las empresas fachadas.


La investigación fue un trabajo conjunto entre la  Fiscalía, la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), una agencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aclaró Jorge Fernando Perdomo Torres, vicefiscal General de la Nación.


Financiación a criminales


“El país desde hace mucho tiempo sabe que la minería ilegal y el lavado de activos son una fuente de financiamiento de las organizaciones criminales y por eso es tan importante  que de la misma manera que se ha combatido el narcotráfico tengamos los primeros golpes a esta otra forma de financiamiento del terrorismo en nuestro país”, aseguró Cárdenas Santamaría.


Por eso, agregó el vicefiscal, “no queremos investigar los hechos de minería ilegal aislados sino que queremos llegar a los hechos donde organizaciones delictivas estén aprovechándose del negocio de la minería ilegal para cometer otro tipo de delitos”.


Así, estuvieron de acuerdo ambos, Colombia puede dejar de perseguir al minero ilegal, que produce muy poco oro, para ir detrás de grandes estructuras criminales que, en este caso, por la magnitud de las transacciones económicas como explicó el ministro: “Con esos $2,3 billones podríamos construir 55.000 nuevas viviendas gratis en Colombia, esa es la magnitud de lo que se ha detectado que se movía a través de esa empresa Goldex”.




C. I. Goldex

Esa compañía se constituyó como sociedad anónima en agosto de 2001 y en noviembre del mismo año se registró como exportadora nacional y sociedad de comercialización internacional de bienes y servicios ante el Ministerio de Comercio Exterior.


Cuenta con una experiencia en la comercialización de metales preciosos, especialmente venta de oro, desde el año 1985, y se ha caracterizado por tener una gran participación en el mercado joyero y minero de todo el país.


Su propietario, Jhon Úber Hernández Santa, cuentan quienes le conocieron en la juventud, empezó su vida laboral comercializando plásticos en la Central Mayorista y  en los últimos cinco años ha exportado 40 toneladas de oro bruto hacia Estados Unidos.


Hernández Santa, el director Contable, el revisor Fiscal, y las otras 23 personas que fueron capturadas responderán ante la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, falsedad, fraude procesal, concierto para delinquir, entre otros, lo que les acarrearía penas de hasta 30 años.