Derechos Humanos

20% of the Embera population has been displaced
El 20 % de la población Emberá ha sido desplazada
Autor: Redacción EL MUNDO
27 de Noviembre de 2014


En el marco del conflicto armado, el pueblo Emberá ha sido víctima de desplazamiento forzado, amenazas, señalamientos, desaparición forzada, asesinato de líderes, violación de niñas y mujeres, entre otras vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos.


Una crisis humanitaria vive el pueblo Emberá en distintas regiones de Colombia”, así lo determinó un informe realizado y presentado esta semana por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, el cual fue desarrollado en el marco del proyecto Reparación integral a pueblos indígenas y afrocolombianos, énfasis en consulta previa como derecho fundamental, que se adelantó en el periodo 2011 – 2013. 


El informe muestra cómo el conflicto armado y otros elementos como la minería ilegal han contribuido en distintas violaciones a los derechos de los indígenas emberá, especialmente a los chamí, que se encuentran tradicionalmente en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Antioquia. 


“El objetivo es visibilizar el seguimiento que se le ha hecho a la problemática de la población emberá desplazada, que equivale a casi el 20 % del total de este pueblo en Colombia”, explica Sonia Londoño Niño, analista de Codhes. 


La problemática aún continúa. Durante la presentación de los informes, Arbey Gañán, vocero emberá, expresó que “los distintos grupos armados, guerrillas, autodefensas, narcotráfico y Ejército Nacional conviven en la comunidad Embera Chami”. 


Tipos de desplazamiento


El Codhes y la Onic presentaron sus resultados ante la Corte Constitucional, en octubre del 2011, mayo del 2012 y mayo del 2013, en un proceso que pretendía hacer seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que le ordena al Gobierno adoptar medidas estructurales que prevengan y atiendan el desplazamiento.


Y es que esta problemática ha afectado con fuerza a las comunidades emberá asentadas en varias regiones del país, en tanto que arriesga su pervivencia, sus tradiciones y cultura, sus derechos y el arraigo que tienen en sus territorios, que para ellos son sagrados y tienen toda una serie de significados de gran trascendencia. El caso más reciente ocurrió en mayo de este año, cuando hubo un desplazamiento masivo en el Alto y Medio Baudó, Chocó, de más de 2.700 personas emberá, debido a enfrentamientos entre grupos armados. 


Buena parte de los emberá se desplaza dentro de sus propios territorios o quedan en una situación de confinamiento, muchos se quedan resistiendo en sus resguardos, pese a la presencia del conflicto armado en la zona. Esta condición trae consigo una serie de impactos negativos para las comunidades, en tanto que, como explica Londoño Niño, “hay ausencia del Estado, no hay suficientes vías de acceso, por lo cual hay que caminar hasta dos días, para trasladar a las personas enfermas y las mujeres embarazadas”. 


Asimismo, hay otros aspectos que obstaculizan el acceso a los derechos, cuando hay desplazamiento dentro de los mismos territorios, tales como la distancia de las instituciones educativas, la poca dotación de los centros médicos para brindar el derecho a la salud, los obstáculos para realizar actividades cotidianas de caza, pesca o agricultura, la imposibilidad que tienen algunas instituciones y la ayuda humanitaria de emergencia para ingresar a los territorios, debido a las condiciones de seguridad, entre otros. 


Sin embargo, desplazarse a otras ciudades no es una solución positiva. Según el informe, las ciudades más receptoras de población emberá desplazada son Bogotá, Pereira, Medellín, Cali y Armenia. Aun así, otras familias “se ubicaron en asentamientos en diferentes departamentos del país, como Antioquia, Quindío, Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare, Valle del Cauca y Tolima”.


El informe anota que no se tienen datos precisos de “la ubicación de los desplazamientos emberá en las cabeceras municipales del país, en las grandes ciudades, ni del número de desplazados intraurbanos”. En las cabeceras municipales y en las principales ciudades receptoras, los emberá encuentran grandes riesgos. En primer lugar, salir de sus territorios, implica “estar en espacios ajenos a su cultura, los niños pasan mucho tiempo fuera de sus territorios y no quieren volver y cuando vuelven ya no se adaptan con facilidad a estos”, afirma Londoño Niño. 


Cuando llegan a las ciudades, los emberá se ven abocados a situaciones como consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, mendicidad, pobreza extrema, entre otros factores, de los cuales uno de los más graves es la propensión a su exterminio cultural.  Y es que según Gañán, el conflicto sigue afectando sus territorios. “Aunque el Gobierno y las Farc estén hablando de paz, se recluta a menores, existen dinámicas de guerra y se siguen violando los derechos humanos”. 


Indígena emberá desplazada, que llegó a Medellín. 


Algunas recomendaciones


La Onic y el Codhes hacen una serie de recomendaciones al Estado, para que resuelva la situación de las familias emberá desplazadas y que están dentro o fuera de sus territorios, todo con el fin de mantener su integridad física y cultural y evitar que desaparezcan. Según las entidades, “ello supone que los procesos de reparación colectiva con vocación transformadora, se orienten a la garantía de derechos territoriales, recomposición y fortalecimiento del tejido social, y procesos culturales, organizativos, económicos del pueblo Emberá”.


La reparación colectiva es importante, porque las comunidades indígenas tienen un fuerte arraigo, no sólo en sus territorios sino también con su tejido social. Para Londoño Nieto, esto se puede lograr de una forma más eficiente, si las instituciones trabajan en conjunto y “los recursos son suficientes, con un enfoque preferencial por estas comunidades”.


También es importante que se tomen medidas para aquellas familias emberá que están en territorios rurales ajenos o en zonas urbanas, donde experimentan gran vulnerabilidad. “Se recomienda la construcción y adecuación de centros de protección para ellos, se sugiere que la Unidad de Atención Integral a Víctimas y las entidades competentes financien y concierten con las organizaciones representativas del pueblo Emberá la construcción de alberges/centros de protección en sitios seguros que ellos identifiquen en los territorios, para la recepción de familias en situación de desplazamiento”, anotan la Onic y el Codhes. 


Del mismo modo, recomiendan a las ciudades fortalecer los albergues para la población indígena víctima de desplazamiento que llega. Aun así, lo más importante, consideran, es la aplicación de mecanismos integrales y transformadores de reparación, que permitan tener todas las garantías para que las comunidades puedan retornar a sus territorios. 




En riesgo de exterminio

El Auto 004 de 2009 fue emitido por la Corte Constitucional y declaró el riesgo que tienen los pueblos indígenas de Colombia de ser exterminados física y culturalmente, por causa del conflicto armado. Al hacer un diagnóstico de la población indígena desplazada, ordenó la “creación de un programa de garantías o política pública dirigida a todos los pueblos y de planes de salvaguarda étnica dirigida a pueblos específicos”. Asimismo, dio órdenes para mitigar el desplazamiento forzado. En primer lugar, se debe “diseñar e implementar un programa de garantía de derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento”, en segundo lugar, “diseñar e implementar distintos planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el desplazamiento forzado” para los pueblos en peligro de extinción.




La ley, en el papel

Aunque Colombia se perfila como uno de los países con mayor legislación a favor de los derechos de los grupos étnicos y la Constitución Política de 1991 reconoció el componente multicultural del país, en la realidad no son muchos los avances que se han hecho en materia de una protección de las comunidades indígenas. “Muchas veces las leyes y los mecanismos de protección especial se quedan en el papel, porque del reconocimiento oficial al goce efectivo de derechos hay una gran brecha”, expresa Londoño Nieto.  


Asimismo, agrega que en muchos resguardos indígenas no hay presencia de la institucionalidad, lo que extiende las amenazas en el caso del conflicto armado. “Hay necesidad de que haya políticas y medidas específicas para las mujeres, muchas no hablan español y no tienen un nivel de escolaridad alto y cuando se van desplazadas para las ciudades, se dedican a ejercer la mendicidad en las calles y eso las revictimiza más”. Pero, en sus territorios, según el informe, “son sometidas a presiones constantes por parte de los grupos armados; muchas son víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual, y diversas formas de violencia de género, entre otras violaciones a derechos humanos”.