Derechos Humanos

Construction of indigenous villages advances
Avanzan construcciones de pueblos indígenas
Autor: Heidi Tamayo Ortiz
14 de Junio de 2014


Las viviendas tienen 36 metros cuadrados y se componen de dos cuartos, cocina, baño, lavadero y corredores. El costo de cada una es de 26 millones aproximadamente.


Foto: Cortesía 

Entre las diez comunidades beneficiadas, se estima que hay alrededor de 1.100 familias, que equivalen a por lo menos 9.000 personas.

derechoshumanos@elmundo.com


Estamos muy felices, porque vemos la realización de un proyecto que nunca se había gestionado. Es un hecho muy grande y tenemos muchas expectativas. Mejor proyecto que este no va a haber”. Con estas palabras, Hilda Baldovino, la cacica del resguardo Vegas de Segovia, ubicado en Zaragoza, Antioquia,  se refiere a la satisfacción compartida de los habitantes por la construcción de un nuevo pueblo. 


Y es que esta comunidad hace parte de otras nueve que han sido beneficiadas con la construcción de nuevos pueblos, en busca de mejorar su calidad de vida. “En el ámbito nacional se creó el programa de Unidades Especiales Administrativas para la Consolidación Territorial, el cual da recursos para trabajar como si ya estuviéramos en un posconflicto y para mirar cómo lograr que las personas que siempre han estado olvidadas, se desarrollen social y económicamente”, explica el coronel (r) Raúl Peña, asesor en Acción Integral y Consolidación del Grupo Asesor del Comandante de la Séptima División. 


La expansión de una experiencia


El primer pueblo construido en el marco de este proyecto fue para la comunidad Jaikerazabi, en el municipio de Mutatá, Antioquia. A la precariedad de las viviendas y del pueblo en general, se sumaron los estragos de la violencia padecida por esta comunidad. La idea de mejorarles su territorio surgió en la Séptima División y contó con el apoyo del Gobierno Nacional. Sin embargo, fue la misma comunidad la que decidió cómo construir su nuevo pueblo. 


A finales del 2011, los Jaikerazabi estaban estrenando un pueblo con viviendas mejoradas, escuela, jardín infantil, colegio para los más grandes, campo deportivo, casa de gobierno y casa comunitaria, entre otros lugares que ayudaban a satisfacer sus necesidades básicas. El sitio posteriormente se convirtió en la sede de los encuentros y convenciones que hacían los indígenas de la región. 


En vista de lo agradable que era el lugar, indígenas de otras comunidades y resguardos presentaron peticiones escritas y firmadas por todos los habitantes, con el fin de que les otorgaran la oportunidad de reformar su hábitat. Como respuesta, se inició en enero de este año la edificación de nueve pueblos más, para las comunidades Senú, Emberá y Tule Cuna. En total están en construcción ocho pueblos en Antioquia, en los municipios de Caucasia, Zaragoza, Turbo, Necoclí, Apartadó y Dabeiba y uno en Tuchín, en el departamento de Córdoba. 


La inversión fue de 26.500 millones de pesos, otorgados por el Ministerio de Defensa. Además, otras entidades como los ministerios del Interior, Agricultura y Justicia, la Gobernación de Antioquia, EPM, el Icbf, entre otros han contribuido no solo con apoyo económico sino también con dotaciones, capacitaciones y acompañamiento formativo. “Esperamos que nos llegue dotado el centro de salud, la escuela, los jardines infantiles,  para poder atender a las personas, porque nosotros somos pobres y no tenemos cómo comprar los materiales para dotar los lugares”, expresa Baldovino. 


Un proceso concertado


Antes del inicio de las obras, se hicieron reuniones para presentar los diseños y se acordaron los parámetros establecidos por los indígenas. “Ellos pusieron la condición de que las construcciones debían ser estrictamente en los resguardos y que no podíamos intervenir en sus aspectos culturales. Por eso la idea no era volverlos occidentales sino mejorarles las condiciones de habitabilidad y, por ende, la calidad de vida”, anota Peña. Para Baldovino, fue muy importante que les enseñaran las maquetas de los pueblos antes de su construcción, pero considera que faltó “la entrega de los proyectos completos, sobre todo, para estar pendientes del presupuesto y de todo lo que se va a hacer”. 


Ella también reconoce que les gusta la combinación de elementos occidentales y tradicionales, porque eso mejora sus condiciones. “Queremos una vivienda digna, en la cultura de nosotros eso lleva unos materiales específicos, pero no nos podemos quedar tan estrictos en la cultura, porque queremos casas más duraderas y de mejor calidad. Eso no significa que vamos a perder nuestros elementos culturales, se los vamos a adicionar. Por ejemplo, nos gusta mucho tener las dos medicinas en nuestros resguardos”. 


Casi todos los pueblos comparten el mismo equipamiento que el de Tuchín, pero con particularidades propias de cada comunidad. Se conservaron aspectos fundamentales como la casa del chamán y los centros comunitarios. “Hasta el momento hay empresas que llevan terminado casi el 50 % de las obras y se espera que para septiembre todas estén finalizadas”, dice Peña. Muchos de los obreros hacen parte de los resguardos y reciben un pago por las labores que realizan. 


Además de los adelantos en la infraestructura de los pueblos, se inició un proceso formativo en aspectos relacionados con la salubridad y el cuidado de la primera infancia. Funcionarios del Icbf están capacitando a las comunidades respecto al uso de los baños y las normas de higiene (lavado de manos y utilización de papel higiénico), todo con el fin de evitar la proliferación de enfermedades. Asimismo se está trabajando en programas de capacitación para que los indígenas tengan la posibilidad de desarrollar  proyectos productivos, dependiendo de las actividades económicas de cada etnia. 


Mitigar los estragos del conflicto


“La violencia nos ha generado hambre, dolor y sufrimiento, nos han asesinado a los familiares y estamos ahí porque no tenemos para dónde irnos, aunque nos desplacemos, las cosas van a ser iguales”, cuenta Baldovino. Y es que todas las comunidades incluidas en el proyecto han sido víctimas de asesinatos, abusos, reclutamiento y desplazamiento, lo que les quita oportunidades de empleo, estudio, salud y tranquilidad. 


Además, los grupos armados ilegales han usado sus territorios como puente para traficar y a ellos mismos para transportar drogas. Según Peña, uno de los mayores problemas con estas comunidades es que “cada vez están más confinados y se han ido acorralando por causa del conflicto armado interno”. Pese a que la Fuerza Pública hace presencia en estos territorios, “la autoridad indígena es la legal en los resguardos y solo se acepta a los militares afuera de las obras, porque sabemos que estamos trabajando en este proyecto de la mano del Gobierno”, indica Baldovino


Una de las grandes razones por las cuales se adelantan estas construcciones es la dignificación de las poblaciones indígenas, en tanto que es preocupante la tendencia que tienen a desaparecer. El objetivo es que las administraciones departamentales y locales se unan y acompañen a las comunidades durante todo el proceso. Baldovino espera que para diciembre se haga la entrega de los pueblos, aunque piensa que las obras están un poco retrasadas.  


Si bien, en este momento no se cuenta con los recursos para atender a otras comunidades indígenas del país, es un propósito lograrlo. Según Baldovino, “los indígenas confían en que se les cumplirá con todo lo prometido y esperan con ello poder mejorar sus condiciones de vida”.  



Una población olvidada

El coronel (r) Raúl Peña explica que el proyecto partió del estudio de las condiciones de las comunidades indígenas. Los datos fueron extraídos de entidades como Unicef, pues una de las mayores preocupaciones es la infancia. 


- Mientras la mortalidad de la niñez colombiana es del 1.9 %, la de los niños indígenas es del 25 %.  


- Mientras la desnutrición de la niñez en Colombia es del 12 %, la de la niñez indígena es del 70 %.


- Mientras los niveles de pobreza de la niñez colombiana alcanza el 32.7 %, los de los niños indígenas llegan al 63 %. 


Por otro lado, en Colombia hay alrededor de 1.390.000 indígenas, de los cuales el 40 % son niños, niñas y adolescentes. El 50 % de los indígenas está en riesgo de desaparecer, muestra de ello es que hay 66 pueblos con menos de 500 habitantes. Finalmente, el 3.5 % de los indígenas carece de registro civil, por lo cual el Estado no los reconoce y pierden garantías respecto al cumplimiento de sus derechos.