Y, pese a todo, aún subsiste

Autor: Manuel Manrique Castro
11 junio de 2019 - 09:06 PM

El día mundial contra el trabajo infantil, como varios otros, intenta mover conciencias y la voluntad política de gobernantes para que hagan algo al respecto.

Medellín

Manuel Manrique Castro

Al final de cuentas es una dura señal de incapacidad colectiva que aún siga en pie la conmemoración del 12 de junio como día contra el trabajo infantil. Ya no debería existir, como no existe un día contra la poliomielitis porque fue eliminada. Incapacidad porque, desde antes de su implantación en 2002, se sabe de sus cuatro grandes inconveniencias: obstaculiza el desarrollo de las potencialidades de la niñez, viola sus derechos humanos, lesiona la democracia y le pone un palo en la rueda al desarrollo sostenible. Sin embargo, aún subsiste.

Como en muchos otros casos y pese al conocimiento de sus efectos contraproducentes, los niños siguen siendo presa fácil y barata de ese trabajo que lesiona su derecho a la educación y a un futuro mejor. Ni siquiera se explica cuando, movidos por la pobreza, muchas familias justifican su existencia y urgidas por las carencias, acaban aceptando una realidad reñida con su condición humana. El estado boliviano cayó en esa trampa y en 2014 legisló a favor del ingreso de los niños al trabajo desde los 10 años.

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El día mundial contra el trabajo infantil, como varios otros, intenta mover conciencias y la voluntad política de gobernantes para que hagan algo al respecto. La realidad, sin embargo, es que suscriben cuanto acuerdo internacional existe a favor de su erradicación, aprueban leyes, definen políticas públicas de reducida eficacia, montan sistemas de vigilancia y control poco eficientes y así se pierden años e innumerables oportunidades para hacer del trabajo infantil un hecho del pasado. Estando ya en larga mora, qué sentido tiene esperar hasta 2025 para que el propósito de eliminación de todas las formas de trabajo infantil, contenida en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se cumpla.

Hace sólo una semana fue el Día Mundial del Medio Ambiente y estábamos dedicados a repasar los daños, muchos de ellos irreversibles, que le hemos infringido al planeta. Hoy nos encontramos ante una realidad de magnitud menor que desafortunadamente aún persiste. Más de 150 millones de niños de los 5 continentes siguen siendo víctimas del trabajo infantil, la gran mayoría laborando en el sector rural, muchos de ellos indígenas, especialmente en la agricultura, ganadería, aunque también en el sector servicios e industria. Colombia, desde luego, no está exenta y aquí nos toca retirar de la actividad laboral inconveniente a más de 600.000 niños.

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sancionado por el presidente Iván Duque el pasado 25 de mayo tiene metas ambiciosas con relación a la niñez, brilla por su ausencia la eliminación del trabajo infantil. No está contemplada en el Pacto por la Equidad donde están depositados buena parte de los propósitos sociales. Ni en la sección sobre los desafíos del campo, menos en aquella dedicada a los asuntos laborales.

Tampoco hace parte de las 20 metas prioritarias de la actual administración donde perfectamente tenía cabida al lado del propósito de “duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales” o “multiplicar más de cuatro veces Jóvenes en Acción, llegando a 500 mil cupos. ? Según el Dane “para el trimestre octubre-diciembre de 2018, en el total nacional la población de 5 a 17 años que trabajó fue de 644 mil personas”, 68.9% hombres y 31.1% mujeres.

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De haber aprovechado las consideraciones del Plan Nacional de Infancia 2018-2030 aprobado por la administración de Juan Manuel Santos en julio del año pasado, muy cerca del fin de su mandato, el sensible tema del trabajo infantil seguramente haría parte del PND aprobado hace poco. Todo indica que no fue así, tal vez por provenir de la era Santos. Esperemos que el gobierno de Iván Duque separe la paja del grano y recoja aquel esfuerzo. Qué importa si fue hecho en tiempos de Juan Manuel Santos, lo que importa es que sirva para hacer más eficaz la política pública destinada a garantizar los derechos de la niñez.

 

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