El mundo civilizado conmemora este martes 12 de febrero el Día de las manos rojas, buscando alertar por la persistencia del atroz crimen de reclutamiento forzado de menores de edad y las dificultades para hallar verdad, hacer justicia, reparar y restablecer los derechos de sus víctimas en distintos países. La base de esta conmemoración es la declaración del uso y vinculación de menores de edad a grupos armados u organizaciones delincuenciales como un crimen que tiene como únicos responsables a los victimarios, y la consecuente exigencia de justicia para los perpetradores y protección para las personas en riesgo y las víctimas.

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Como ocurre desde la oficialización de esta fecha conmemorativa, protocolizada mundialmente en 2002 cuando se firmó el Protocolo adicional a la Convención de derechos del niño, Colombia estará en el banquillo como uno de los países desbordados por este crimen. Lo hace porque, a pesar de las promesas del Acuerdo de Paz, el reclutamiento persiste, como lo ha comprobado Coalico, organización que documentó la existencia de 24 víctimas de reclutamiento en el primer semestre de 2017; a ese reclutamiento se ha de sumar el creciente, y tampoco debidamente documentado, uso de menores de edad por bandas criminales. El país también estará en la mira por su incapacidad - ¿desinterés? - por hacer justicia a las víctimas de reclutamiento forzado, situación confirmada por voceros de la JEP, quienes a una pregunta de EL MUNDO sobre los procesos por este crimen respondieron que “a la fecha no se ha abierto un caso específico sobre este tema (aunque no se descarta) pero esta conducta se encuentra entre los hechos investigados en los casos territoriales”. Y lo hace por su limitada comprensión y capacidad de atención a víctimas que en 2002 la prestigiosa ONG Human Rights Watch estimó eran 11.000, la mayoría responsabilidad de las Farc y los paramilitares (ver gráfico). 

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El reclutamiento de menores de edad es una atroz forma de conculcación de la libertad a personas en estado de indefensión, un crimen que produce daños invaluables en la víctima a la que le arrebatan el disfrute de la niñez y la compañía de los suyos para someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes, la más de las veces agravados por el abuso sexual -ver testimonio El conflicto de Lorena es olvidar y superarse-, y siempre con la vinculación a otros crímenes. Las familias, por su parte, sufren ausencias irreparables, la presencia perenne del miedo y, generalmente, la obligación de desplazarse para proteger a otros menores en igual riesgo de ser víctimas.

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Dada la respuesta ofrecida por la JEP, que ha priorizado otros crímenes en los que pudieron haber participado las víctimas de reclutamiento, ya como paramilitares o guerrilleros, se avizora más posible que estas personas sean obligadas a comparecer en grupo con sus victimarios, decir verdad y asumir las penas definidas en el Acuerdo de Paz, con algún argumento atenuante, pero sin que se juzgue por separado y directamente a sus reclutadores, para mantener el estado de cosas en el que los victimarios gozan de sus derechos, que incluyen curules parlamentarias y protección oficial, mientras a las víctimas ni siquiera se les ofrece verdad y dignidad. Aparente justicia que se torna en la máxima injusticia.

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Al país se le prometió que la justicia integral significaba imponer al victimario las obligaciones de reparación plena y de restitución de los derechos  a las víctimas. En los delitos de reclutamiento forzado, las Farc delegaron la reparación en el Estado, contando para ello con plena aquiescencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Al recibir tal responsabilidad, el Gobierno, que la entregó al Icbf y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, aceptó que apenas le fueran entregados 124 de un número indeterminado de menores de edad que permanecía en los campamentos de las Farc, y mantuvo la protección sobre los cerca de 3.100 infantes y adolescentes que llegaron al Icbf en los procesos individuales de desmovilización. Estas personas, objeto de programas limitados en recursos y alcances, los ausentes, y aquellos menores reclutados que se hicieron mayores en las filas, representan los retos de garantizar la efectiva reparación por los severos daños sufridos en el conflicto y la restitución plena de los derechos humanos, sociales y políticos conculcados.

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Los actos de justicia para las víctimas se realizan plenamente cuando se les garantiza la no repetición, que es la liberación plena del poder que los victimarios ejercen sobre ellas. Es imposible que esto ocurra con las víctimas de reclutamiento forzado cuando el Estado no les ha dado tal reconocimiento, como correspondía hacerlo a la JEP, y mientras los victimarios disfrutan de todas las garantías y derechos, mientras ellas callan por miedo o deben hacer enormes esfuerzos para que se les reconozcan su dignidad y el derecho más importante que tienen como víctimas, el de la verdad, justicia, reparación y no repetición.