Estas noticias alivian parcialmente al agobiado pueblo venezolano, que, sin embargo, tendrá que esperar a que la Corte tome su caso y lo trate con la prioridad que merece
El secretario general de la OEA confirmó que ya presentó ante la Corte Penal Internacional el informe del Panel de expertos internacionales que documentó la impunidad que cobija las violaciones del chavismo a los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela. Para atender la recomendación de los expertos, entregada en mayo pasado, de someter su informe a la CPI, Luis Almagro recibió apoyo de varios países americanos y la Asamblea Nacional, órgano emanado del pueblo y asaltado por la dictadura y su constituyente de bolsillo. También se apoyó en el informe del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recomienda que la Comisión ponga a consideración de la CPI la impunidad reinante para las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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El Panel internacional de expertos, en el que participaron los juristas Manuel Ventura Robles, costarricense; Santiago Cantón, argentino, e Irwin Cotler, canadiense, documentó asesinatos, torturas, detenciones políticas, hechos de violencia sexual contra las mujeres, violaciones a la libre expresión y otras violaciones a los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, los expertos, que actuaron con visto bueno de sus gobiernos, demostraron la interesada inacción de la justicia venezolana en estos hechos, agravada por la parálisis de procesos que había abierto la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Para los juristas, las actuaciones de la dependiente justicia venezolana demuestran afán de impunidad del régimen.
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El Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU entregó el pasado viernes 22 de junio la actualización del informe 2017 de esa dependencia sobre los derechos humanos en Venezuela. Su informe llegó apenas dos días después de que Estados Unidos anunciara su retiro de la Comisión, alegando “hipocresía y egoísmo” en actuaciones de la Comisión, que el gobierno Trump consideró que son selectivas. A semejanza de los expertos de la OEA, Zeid Ra’ad Al Hussein denunció la impunidad para “autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura”. También alertó por la conculcación de los derechos a la alimentación y la salud, a consecuencia de la crisis económica que enfrenta Venezuela. A raíz del informe, Al Hussein recomendó a la Comisión de Derechos Humanos designar una comisión de investigación sobre ese país y concluyó que “existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.
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Los pronunciamientos de los dos más importantes organismos multilaterales sobre Derechos Humanos a los que responde Venezuela son un importante paso para que la comunidad internacional ponga coto a la tiranía chavista. Su valor, sin embargo, no oculta lo tardío que resulta para un pueblo al que su propio gobierno le arrebató la democracia, los derechos civiles, políticos y sociales, mucho más cuando esa sociedad queda sometida a esperar que la CPI aboque el proceso y empiece a tomar decisiones sobre los responsables, pues no es sólo Nicolás Maduro el culpable de la situación, de los hechos denunciados y la impunidad que los ampara.
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Mientras desatan, por fin, procesos para enfrentar a la tiranía chavista, las autoridades internacionales de Derechos Humanos permanecen ajenas, o a duras penas proponen tibias medidas, frente a la gravedad de la crisis política desatada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, país en el que sus organizaciones de Derechos Humanos calculan en 134 los muertos por las protestas. ¿Qué cuota de dolor le impondrá el lento multilateralismo a ese pueblo centroamericano?
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