La participación de cerca de un millón de personas en las marchas del 21 de noviembre y en los cacerolazos convocados en las principales capitales y ciudades intermedias del país hicieron visibles diversas agendas, con diferencias no despreciables entre ellas y de estas con las de otros ciudadanos, pero todas buscan un país en paz, con respeto a la vida y con posibilidades para la sociedad participante vinculada en procesos de diálogo social, con metodologías transparentes, como el que ha anunciado el presidente Duque al informar del inicio de conversaciones públicas nacionales y en las regiones, en las que ha convocado amplia participación ciudadana.

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Concluidas las marchas pacíficas y los cacerolazos reconocemos que en ellos vibró una ciudadanía que respeta y valora las instituciones democráticas que el país ha forjado con gran dificultad; que aspira a ser copartícipe en la construcción de cambios pendientes anhelados por los colombianos, reconociendo la pluralidad de sus ideas, identidades y expectativas, y que rechaza llamados aventureros de políticos extremistas.

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Al presidente Iván Duque la manifestación de esta ciudadanía emergente, en gran parte representada en organizaciones en proceso de maduración y por algunos partidos políticos, le da la gran oportunidad de realizar la promesa de su discurso inaugural, en el que ofreció propiciar “el sano debate de las ideas” en un gran “Pacto por Colombia”, que propone “concertar políticas” y “buscar lo que Colombia necesita”. La tarea es compleja, pues exige reconocer las agendas de la ciudadanía que ha marchado; la de aquella que parecía llamada a hacerlo, pero se abstuvo, y la de aquella que no estaba llamada a tomar parte en protesta, pero cuya voz es indispensable para forjar acuerdos que definan las normas que interpreten las necesidades y reclamos del país todo.

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La apertura de la concertación deseable y posible propiciará al Gobierno romper las barreras, algunas mezquinas, que le ha levantado el Congreso, y a los poderes constituyente y constituidos, actuar para fortalecer las instituciones democráticas, meta que necesita reconocer que el republicanismo se nutre en las diferencias políticas e identitarias, entre ellas las regionales, y se puede realizar sobre el compromiso universal de renuncia y rechazo a la violencia. Que en las marchas y los cacerolazos hayan predominado las voces que reclaman diálogo y que las protestas hayan estado lideradas por organizaciones responsables por su marcha, muestran a Colombia como una democracia con mayor solidez y potencialidades que la de lejanos países con duras batallas por la democracia, como Hong Kong o Irán, o aquellos que buscan cambios estructurales aplazados, como ha sucedido en Bolivia y Chile, para no hablar de la apabullada Venezuela.

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La interpretación de las movilizaciones del 21 de noviembre y los cacerolazos, en su mayoría convocados por redes sociales, no estaría completa sin una reflexión sobre el muy grave impacto de inaceptables episodios violentos en Bogotá, donde se decretó toque de queda el viernes 22 después de un día y medio de gravísimos y despreciables actos vandálicos; Cali, ciudad con restricción de movilidad en la noche del 21, y Medellín, donde la Universidad de Antioquia fue nuevamente atropellada por terroristas que no representan a la comunidad universitaria, la cual ha tenido comportamiento ejemplar previa la marcha -cuando impidió que encapuchados robaran cilindros de gas- y tras el ataque al Alma Mater, con sus valederas demostraciones de solidaridad. Usar capuchas y vandalizar bienes colectivos o privados niega la palabra y aplaza las reformas que el país espera construir por la difícil ruta del diálogo social.

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A diferencia de la apuesta de líderes y organizaciones al frente del comité de paro, de aquellos que han acompañado las manifestaciones sin estar en ese grupo, y de ciudadanos que marcharon exponiendo sus ideas y propuestas pacíficamente, el senador Gustavo Petro ha incurrido en actuaciones antidemocráticas que afectan la construcción de los objetivos de la ciudadanía plural. Lo ha hecho al intentar apropiarse de una movilización en la que participaron militantes de su partido junto a una multitud de ciudadanos discrepantes con él. Y lo ha hecho, junto a sus seguidores, al justificar, cuando no impulsar, reacciones de vándalos.

Si el Gobierno Nacional y los ciudadanos que pueden participar en la gran conversación nacional así lo entienden, tienen en sus manos una gran oportunidad para construir una sociedad pacífica, ya no la que se pretendió imponer a todos mediante la impunidad con un grupo armado, sino la que aprende a nombrar sus necesidades y expectativas, reconocer a los otros y la validez de sus posturas, y tramitar sus diferencias para construir transformaciones mediante el diálogo abierto y plural que convoca a los distantes.