Comienza el 2020 y una nueva década con fallos absurdos que nos devuelven por lo menos al siglo pasado. Han transcurrido pocas semanas del nuevo año y ya se produce en nuestro país un precedente muy preocupante, Uber se va de Colombia. Las consecuencias serán inmediatas y en desmedro de los usuarios del transporte. Acatando una decisión judicial por parte del Tribunal Superior de Bogotá y otra de carácter administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal, la plataforma que cuenta con más de 88.000 conductores afiliados, 213 empleados y millones de usuarios, dejará de operar a partir del próximo 31 de enero.

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Es clara la necesidad de reglamentar esta y otra aplicaciones tecnológicas que prestan servicios de transporte. Sin duda es injusto que los taxistas tengan que pagar millones por un cupo que no genera un centavo de ingresos para el erario, sino que va a parar a bolsillos privados, además de varios seguros que tienen la obligación de costear. Pero ¿era necesario acabar con la empresa? ¿Qué medidas tomará el Gobierno? Los más afectados, como siempre sucede, serán todas esas personas que habían encontrado en Uber una forma de generar ingresos, sostener a su familia y pagar los estudios de sus hijos. ¿Cuál será el futuro de los conductores?

La omisión de la reglamentación por parte de este, el anterior gobierno y del Congreso de la República hace que al país lo dejen de ver como un lugar atractivo para invertir. Una señal al mundo de que Colombia es un país jurídicamente inseguro. De esta manera, la “confianza inversionista”, una de las banderas del uribismo ¡qué ironía!, se destiñe en un gobierno uribista. La inversión privada extranjera en el país pierde atractivo.

Tampoco se entiende como un gobierno que dice impulsar y apoyar las nuevas tecnologías, en el marco de promover la “economía naranja”, esté cerrándole la puerta en la cara al futuro. De nuevo, el discurso gubernamental hace cortocircuito con sus actuaciones. Es un duro golpe a la confianza del ciudadano en sus instituciones, a la libre competencia, a la innovación y a los consumidores-usuarios del transporte, quienes pierden una opción de calidad.

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El presidente y el Congreso no pueden seguir sacándole el cuerpo a los temas gruesos que requieren políticas y legislación regulatoria. Ni el populismo, ni el temor a los paros pueden atropellar el interés general. Es momento de concertar y trabajar en una legislación que reglamente las plataformas tecnológicas, teniendo como criterio rector el interés general y público de los usuarios y trabajadores. La economía debe ofrecer una cancha de juego nivelada para todos, garantizando igualdad de oportunidades pero no igualdad de resultados, en eso consiste la libre competencia por mejores tarifas y servicios para los usuarios.