Tres agendas ¿en conflicto o en articulación?

Autor: Max Yuri Gil Ramírez
2 junio de 2020 - 12:02 AM

El reto que tenemos que encarar es la articulación de estas tres agendas, de manera complementaria, no excluyente, y sin perder de vista que el sentido de la acción pública es en todo caso, el mejoramiento de las condiciones requeridas para una vida digna

Medellín

En las últimas semanas la discusión pública en Colombia, al igual que ha pasado en prácticamente una buena parte del mundo, se ha reducido al tema del coronavirus, cómo enfrentar sus efectos en la salud y en la sociedad en general. Esto ha provocado el desplazamiento e invisibilidad de un conjunto de temas públicos de enorme interés y trascendencia, lo cual hace necesario encontrar una forma de mantener la atención de manera simultánea a diferentes asuntos, pues la atención de las urgencias puede relegar la atención a procesos que ya están en desarrollo y que pueden terminar de manera irreversible en el olvido.

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Lo primero, es que el país tiene una agenda de temas desde hace un largo tiempo que se pueden agrupar bajo la denominación de agenda de la democracia. Allí se encuentran iniciativas en torno a las medidas necesarias para preservar los derechos humanos, en su acepción más amplia e integral, vida, integridad, libertad, igualdad, equidad, justicia social, identidad, reconocimiento, medio ambiente, desarrollo, entre otros. La actual definición de los planes de desarrollo municipales y departamentales es un escenario prioritario para impulsar la concreción de temas de esta agenda, pero lamentablemente el proceso de discusión pública de estos planes y la participación ciudadana en los mismos se ha visto seriamente limitada por la pandemia, lo cual justifica que se haga uso de la posibilidad de ampliar el periodo de deliberación pública para incrementar la discusión y hacer un ejercicio más democrático. En estos asuntos, el afán suele traer graves consecuencias en materia de legitimidad en un proceso que es central en la construcción de apuestas colectivas y compartidas desde los territorios.

La segunda agenda que se debe considerar es la de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional en nombre del estado colombiano y la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016. Como se desprende de lo acordado, hay que recordar que esta agenda no tiene como principales beneficiarios a los exintegrantes de esta organización armada, sino que fue el reconocimiento de una deuda histórica en el país, especialmente en la definición de una vía democrática para la transformación del campo colombiano, sobre la necesidad de recuperar el proyecto democratizador truncado de la Constitución del 91, así como la importancia de crear un sistema institucional para satisfacer las demandas de cerca de diez millones de víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Los logros en materia de implementación en casi cuatro años son muy precarios y se mantienen las propuestas de modificar lo acordado, lo cual puede significar en la práctica, la frustración de las posibilidades de democratización que tiene el Acuerdo de Paz.

Y claro, está la agenda de la atención a los efectos de la pandemia de la covid-19, que incluye la definición de planes de atención a las víctimas directas del virus, así como a las víctimas indirectas que se hacen cada día más visibles. Esta pandemia ha dejado en evidencia la precariedad en que viven millones de personas en nuestro país, pero también la debilidad de miles de pequeños comerciantes, industriales y empresarios que han visto quebrar sus proyectos económicos. La sola cifra del crecimiento del desempleo en abril cercana al 20% y la destrucción de 5.4 millones de puestos de trabajo, a lo cual se debe sumar la enorme informalidad que caracteriza el mercado laboral colombiano (47.5%), debe ser suficiente motivo para la implementación de acciones tendientes a encarar el hambre y la miseria. De manera urgente hay que discutir medidas como la creación de una renta básica universal, la restructuración del sistema tributario, y la necesidad de subsidios a pequeñas y medianas empresas.

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El reto que tenemos que encarar es la articulación de estas tres agendas, de manera complementaria, no excluyente, y sin perder de vista que el sentido de la acción pública es en todo caso, el mejoramiento de las condiciones requeridas para una vida digna. Ya lo sabemos y estamos advertidos, no podemos dejar que lo urgente no nos deje tiempo para lo importante.

 

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