Sobre la aparente incompatibilidad de concejales y diputados

Autor: Carlos Alberto Atehortúa Ríos
7 febrero de 2019 - 09:05 PM

Se resalta la importancia de que en estos casos se hagan interpretaciones razonables, especialmente ajustadas al tenor literal de los textos normativos.

Esta semana se ha abierto un debate sobre el correcto entendimiento y aplicación del mandato previsto en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, según el cual: “los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio” no podrán: “a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos; y b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales”.

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No obstante que de la lectura se deduce que lo que se impide es que en su condición de particulares, los ex servidores públicos actúen con intereses contrarios a los propios de la entidad en la que actuaron como autoridades o que actúen como apoderados o gestores ante sus correspondientes organismos de control o judiciales, se ha querido hacer una interpretación amplia de la norma para deducir, entre otras restricciones, que la ley prohíbe que concejales y diputados puedan ser elegidos alcaldes o gobernadores dentro de los doce meses después de terminar su período o se retiren del servicio.

Todo se origina en una lectura muy especial del artículo 43 de la Ley 1952, en la que se desconocen asuntos básicos, como son: (i) que en materia de interpretación de normas electorales debe primar la aplicación del derecho fundamental a la participación consagrado en el artículo 40 de la Constitución; (ii) que las normas que fijan restricciones como inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones deben ser explícitas y claras, (iii) que no se generan inhabilidades o incompatibilidades cuando se actúa en nombre del Estado, y (iv) que las dudas interpretativas en materia de restricciones deben resolverse a partir de la aplicación del principio pro homine a favor de los ciudadanos.

Aunque no es el propósito entrar en la exégesis del artículo 43 de la Ley 1952, el asunto es claro cuando al leerlo se tiene en cuenta que su texto se limita a establecer tres tipos de prohibiciones para los servidores que allí se indican, y que cada prohibición es autónoma e independiente de las otros dos que allí aparecen, sin que sea posible entender que además de las prohibiciones expresamente previstas existen otras, o que la interpretación del texto debe hacerse en forma amplia, extensiva o analógica a eventos que la norma no contiene

 Dentro de un entendimiento correcto del artículo, debe concluirse que:

  1. No se trata de la consagración de una incompatibilidad general, que es una prohibición de concurrencia, sino de una simple prohibición que extiende en el tiempo unas incompatibilidades en los eventos que prevé la Ley.
  2. No es una restricción para desempeñar todo tipo de cargos públicos, sino una restricción para: “(a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos; y (b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales”, del nivel territorial que determina su jurisdicción.”
  3. La norma citada solo puede ser aplicada dentro de su tenor literal y en consecuencia no puede ampliarse su ámbito de aplicación a situaciones deducidas analógicas o extensivas.

Aunque siendo una norma moralizadora, de acuerdo con la ley 153 de 1887, es de efecto general e inmediato y afecta situaciones jurídicas en tránsito, lo que no puede pretenderse es que ella regule en forma amplia situaciones a las que no hace referencia, pues su alcance debe limitarse a los eventos que su tenor literal regula, y en ningún caso podrá aceptarse la tesis de abandonar su tenor literal para consultar su espíritu, o incluir eventos que expresamente no están regulando.

Lo invitamos a leer: La interpretación del término mayoría absoluta

Finalmente, se resalta la importancia de que en estos casos se hagan interpretaciones razonables, especialmente ajustadas al tenor literal de los textos normativos, pues de lo contrario, solo se genera un pánico innecesario nada útil en un escenario democrático.

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