Cinco estrategias para crear las condiciones que favorezcan la llegada al país de mayor inversión extranjera en el sector minero presentó este jueves la Asociación Colombiana de Minería (ACM) durante la instalación del Congreso Nacional, en Cartagena.

El acto, al cual el presidente Juan Manuel Santos envió un mensaje por escrito resaltando los logros de su Gobierno en relación a la minería, sirvió para que el gremio hiciera un balance de la situación actual del sector y un análisis de sus retos en el corto plazo, cuya principal conclusión es la necesidad de decisiones “para que la minería sea decisiva en el desarrollo económico y social” del país, según manifestó José Miguel Linares, presidente del Consejo Directivo de la ACM y presidente de Drummond.

Fomentar la exploración, lograr competitividad económica y fiscal, asegurar trámites eficientes en la industria minera, mejorar los indicadores de seguridad jurídica y mejorar la imagen del sector ante la sociedad fueron las estrategias enunciadas por el presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola, quien fundamentó su intervención en la premisa de que la minería debe ser una política de Estado y no de Gobierno y en que los países  con una industria minera desarrollada tienen la receta que Colombia debe copiar para lograr atraer los capitales que le den un nuevo impulso al sector.

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Ángel Urdinola ilustró que si bien 2017 mostró una recuperación de la inversión extranjera con respecto a 2016, que a su vez fue “el peor año desde 1994”, haber alcanzado US$ 1.000 millones cuando las expectativas eran de US$ 1.577 millones, plantean la pregunta de a dónde se fue ese tercio de la inversión esperada y por qué, finalmente, no llegó al país.

El directivo explicó que del capital internacional destinado a la minería, un 30% se invierte en América Latina, siendo Chile, Perú y México los países que mayores porcentajes se llevan de esa torta. A Colombia, explicó, apenas llega el 6%, algo coherente con el hecho de que el país, según el ranking de atracción de la inversión minera que hace el Instituto Frase, ocupa hoy el puesto 64, cuando en 2012 había estado en el puesto 32.

Las estrategias planteadas hacen frente a esta realidad. Así pues, según Santiago Ángel Urdinola, fomentar la exploración sólo es posible si se conoce el subsuelo para que los potenciales inversionistas sepan qué recursos hay disponibles; lograr la competitividad económica y fiscal sólo se logra si el régimen tributario se equipara con el de los demás países de la región, pues Colombia es la nación que mayor carga fiscal para el oro y el carbón posee. “Hay una cascada impositiva que atenta contra la competitividad”, opinó Ángel Urdinola, quien planteó  la necesidad de reformar el esquema de las regalías, para que los municipios productores vuelvan a recibir una compensación por sus recursos, se amplíe a todo el país y no sólo a las Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto) la estrategia de obras por impuestos y se cree una figura similar, que llamó obras por regalías, de manera que los territorios vean el beneficio de la industria.

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Sobre la estrategia de trámites eficientes, explicó el presidente de la ACM que en la actualidad se deben surtir más de 30 procesos ante distintas entidades y frente a los indicadores de seguridad jurídica expuso que, según los datos de la Brújula Minera 2018, el 34% de los empresarios mineros planean reducir sus operaciones en el país debido a problemas con la licencia ambiental (28%), la estabilidad jurídica (24%), el poco apoyo del Gobierno (22%), el rechazo de las comunidades (18%), los bajos precios (5%) y las oportunidades en otros países (3%).

En este mismo aspecto señaló como fundamental reglamentar las consultas previas y sacar adelante la ley de extracción ilícita, que tras un año de haber sido anunciada por el presidente Santos, apenas ha recibido un debate en el Congreso y “difícilmente tendrá el segundo”, comentó.

Otro indicador expuesto por Ángel Urdinola respecto a los indicadores de seguridad jurídica, fue el del interés de 125 municipios colombianos por prohibir actividades minero-energéticas, 28 de ellos en Antioquia, la mayoría vía consultas populares o Acuerdos Municipales, lo que a su juicio constituye un abuso del derecho.

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Finalmente, sobre la quinta estrategia, que trata de la imagen del sector, el directivo indicó que se debe educar a los líderes futuros, desde el colegio, para que conozcan los beneficios de la minería legal y bien hecha, mantener el sello de “Minería Bien Hecha” y darle a este sector el carácter de marca de exportación.

“Los países desarrollados han fundamentado su desarrollo apalancados en todas sus industrias”, dijo a modo de conclusión, razón por la cual, añadió, no tiene sentido que en el país se quiera desconocer a la minería.

Por su parte, José Miguel Linares apuntó que “el Estado no puede renunciar a desarrollar la industria extractiva”, puesto que genera 350.000 empleos directos y 900.000 empleos indirectos, así como aportes en impuesto y regalías cercanos a los tres billones de pesos.

Linares fue enfático también en señalar que, si bien a las comunidades hay que oírlas y respetarlas, “el futuro no puede depender de la voluntad de algunos por encima del beneficio de millones” de personas, en referencia a las consultas populares, por lo cual propuso que el Gobierno debería señalar, claramente, dónde se puede y dónde no se puede hacer minería.

“Para un inversionista decidir dónde invertir necesita reglas claras y estables”, puntualizó.

Comentarios:

Arturo
2018-05-05 16:55:27

Por otra parte, me parece que no está del todo equivocada la Corte cuando ordena indemnizar ANTES de que se materialice el daño; debemos ser preventivos y en la oportunidad procesal que se le brindó a la Drumond, no fue capaz de demostrar con contundencia, con argumentos técnicos y jurídicos, que esa probabilidad que ellos tanto deslegitiman, no era posible que se materializara. Ante la más mínima probabilidad o posibilidad de pérdida debemos actuar; ya hemos observado en otros episodios, que tampoco los daños se indemnizan, y la lista de daños es larguísima. Horror.

Arturo
2018-05-05 16:49:48

Nuestro país necesita que el Sector Minero tenga una mayor participación en la generación de ingresos, porque estos significa divisas que alivia los déficit comercial y fiscal, además de reducir el riesgo país. Lo que se necesita es que las empresas interesadas en intervenir en el sector, tengan una mayor socialización de cómo atenúan o alivian los fuertes impactos ambientales que generan. No se puede que estos inversionistas sigan trasladando los altísimos costos y perjuicios ambientales a la sociedad, porque los impuestos y regalías que generan no son suficientes, además de que estos no se pueden destinar a cubrir los daños que ellos mismos generan. internalicen esos costos, no los externalicen y la opinión pública cambiará. No están del todo equivocados los ambientalistas. Si temo que algunas consultas populares están influenciadas por la delincuencia que hace presencia en esas zonas geográficas. Me parece vergonzoso que el Ministro de Minas implore al Congreso un marco jurídico más eficaz, de mayor alcance para combatir a los ilegales, y que el Congreso priorice otros debates y ocupe su tiempo en politiquería. Horror.

Alberto
2018-05-04 03:45:43

El sector minero no necesita protección a la inversión extranjera. Casi todo está en manos de empresas foráneas, y a las pocas regalías y la poca inversión local que dejan, se suma el mal ecológico que producen. No, que algo les cueste (aunque el pueblo no vea ni un peso de esos tributos...). Y si no les gusta, que se vayan: ojalá nos dejaran libre el carbón, el oro, las esmeraldas y otras piedras preciosas, el petróleo y demás... Seguro que con tantos años al servicio de extranjeros ya debemos tener excelentes profesionales con la experiencia suficiente para explotar con sensatez una tierra que llevan en la sangre...

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