Llama la atención que los insignes abogados: Iván Cancino, Francisco Bernate, Abelardo de la Espriella, Daniel Peñarredonda y Karen Juris, estuvieran detrás de la fallida inhabilidad de Antanas Mockus para meter baza y enervar la posesión del filósofo y matemático, como Senador de la República. Los precitados, redactaron una inusual carta para sentar posición de por qué el Consejo Electoral -desde el escenario jurídico- debía fallar en Derecho, en una clara advertencia de que al haber contratado Mockus con el Estado, precisamente por $ 428 millones con la Gobernación de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su elección, estaba impedido de solemnidad para asumir la curul.
Finalmente, Mockus se salvó y no hubo tal anulación de la elección. Con seis votos en contra, incluido el de la presidenta del Consejo Electoral Colombiano, Yolima Carrillo y solo dos a favor, fue derrotada la ponencia del magistrado Luis Bernardo Franco, quien solicitaba en un pliego de 70 páginas no declarar apta su elección por una supuesta inhabilidad. Mockus, a la larga, salió avante en su tesis cuestionable de que no firmó ningún contrato con el Estado en el último tiempo y resolvió con indemnidad su plaza en el Senado, asesorado y acicateado por los inefables Rodrigo Uprimny, Iván Cepeda y Claudia López. 

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Los 540.783 votos de Mockus, generaron un gran apoyo de los medios y de los columnistas que ya sabemos, tan afectos a tomar diabólicas posturas políticas. Los abogados contradictores hablaban de que el profesor Mockus figuraba como presidente de la Fundación Corpovisionarios aún después de ser electo en los comicios del último 11 de marzo, que era precisamente la entidad contratista Y que ello violaba el artículo 179 de la Constitución Nacional. Antanas, argumentaba que desde hace más de diez años no firmaba un contrato, ni era el representante legal de dicha Fundación -pues esa figura le correspondió al director ejecutivo Henry Murraín-.
Siempre hemos leído que Mockus fue un “duro” entre 2010 y 2017, con jugosos contratos que ascendieron a $ 6.000 millones. Baste citar algunos, celebrados con: Ecopetrol, Alcaldía de San Andrés, Banco de la República, Prosperidad Social y Ministerio de la Vivienda. Desde luego, todos se hacían con el comodín Corpovisionarios. Iván Cepeda dijo que la derecha estaba detrás de esto y el concejal Jorge Torres, aseveró que todo lo de estos abogados es el “eje del mal”. Este tema se politizó. También se destaca que hubo dos magistrados que estuvieron de acuerdo con que Mockus había violado el artículo 179 de la C.N., lo que es signo inequívoco de que el Derecho se interpreta desde muchos prismas como área del “deber ser” y no como ciencia “del ser”.

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Hay un hecho impúdico: sobre el Consejo Electoral Colombiano, Juan Manuel Santos tiene enorme influencia decisoria, dado el mecanismo de elección. No es imparcial, no es prenda de garantía y su integración es politiquera. Las críticas al Consejo Electoral han sido argumentadas. El 8 de agosto de 2017, El Colombiano tituló: Consejo Electoral quedó a la medida de Santos. El presidente tomó partido recientemente y expresó que “Mockus debe estar en el nuevo Congreso”. Ya lo dijo un portal (Razón Pública): “el CEC es un peligro para la democracia”. Y no pocos han pedido la eliminación de esta entidad.
El caso Mockus fue politizado, mejor aún, se dio a la medida de un órgano politiquero y de bolsillo del presidente de la república. Los cinco abogados sabían lo que estaban diciendo y haciendo, pero sus afirmaciones jurídicas se estrellaron contra una pared impasable y compacta pues está levantada sobre el estorbo de unos magistrados mayoritariamente manzanillos. Tuvo suerte, Antanas.

Comentarios:

Juan Manuel
2018-07-06 07:26:50

Los resultados de una votación no invalida la ley. Según CNE, cualquier bandido puede hacerse elegir para eludir la ley.

Juan Manuel
2018-07-06 07:25:16

En realidad, el fallo del CNE es más perverso de lo que dice el artículo; El CNE se declaró impedido para bloquear la posesión de un ciudadano electo, aunque ese mismo CNE falló en su deber de impedir su participación como candidato. Si la inscripción fue inválida, la elección lo es también ¡Vendidos!

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