El Decreto 2265, que hasta el cierre de esta edición no había sido modificado, es una prueba incontestable de las mañas del doctor Santos.
Gracias a la carta que el pasado 12 de enero dirigió el gobernador de Antioquia al presidente Santos, alertándolo por la inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 2265 del 29 de diciembre de 2017, los departamentos dieron un paso adelante para proteger las rentas monopolísticas que les han sido garantizadas por el artículo 362 de la Constitución y la Ley de licores (1816 de 2016). También mantuvieron abierta su negociación con los ministerios de Hacienda y Salud, a fin de encontrar mecanismos no centralistas ni expropiatorios delas rentas de los departamentos, que permitan la financiación del régimen subsidiado.
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Por haber intervenido para defender el mandato constitucional que consagra los monopolios rentísticos en desarrollo de los principios de descentralización, el gobernador Pérez fue descalificado por algunos medios de comunicación que tildaron su intervención de protagónica y que incluso osaron llamarla tardía, a pesar de ocurrir una vez fue estudiado el decreto en mención. Yendo en contrario de tales afirmaciones, los gobernadores del país, antes temerosos de las conocidas retaliaciones del Gobierno Nacional contra sus críticos, se sumaron a la queja de su colega, participando en la reunión del pasado lunes, en la que el ministro de Salud reconoció la ilegalidad de la norma y se comprometió a su revisión y a liderar nuevos acuerdos sobre la financiación de la salud. Mientras ello ocurre, los departamentos sacrifican parte de su autonomía para decidir el gasto de las rentas monopolísticas, a fin de mantener su histórica participación en la cofinanciación del régimen subsidiado.
El Decreto 2265, que hasta el cierre de esta edición no había sido modificado, es una prueba incontestable de las mañas del doctor Santos. Al publicarlo, desconoció un extenso proceso de interlocución de sus funcionarios con los gobernadores buscando soluciones posibles para la problemática de la financiación del régimen subsidiado de salud. Con esta norma, de rango inferior, pretendió hacer modificaciones de fondo a artículos constitucionales y legales que taxativamente entregan las rentas monopolísticas a los departamentos. Con la publicación entre los 45 decretos presidenciales emitidos en la última semana de diciembre, le apostó a que pasara inadvertido para las entidades territoriales severamente afectadas en sus ingresos y autonomía para el manejo de los mismos.
Esta nueva crisis por el manejo del monopolio rentístico, que tiene los ingresos por licores en el centro de la discusión, vuelve a demostrarle a las autoridades departamentales -como en 2016 lo hizo el trámite de la Ley de licores- que cada vez es más difícil defender las fábricas de licores como principal fuente de ingresos de los departamentos. En consecuencia, no ha de abandonarse la búsqueda de soluciones que les permitan a estos entes territoriales cambiar este negocio incierto por inversiones en otros negocios rentables, mientras conservan su participación en los ingresos tributarios por la venta de licores, lo mismo que los tienen monopolio rentístico por las ventas de tabaco en sus jurisdicciones.
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Después de la reunión de funcionarios encabezados por el ministro de Salud con los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos, quedaron compromisos de reformar el decreto para que los gobernadores sigan destinando parte de las rentas monopolísticas a la cofinanciación del régimen subsidiado, mientras se reservan el derecho al uso de la rentabilidad financiera de tales rentas en sus proyectos. También se acordó mantener la negociación, decisiones que no impiden acciones jurídicas contra la referida norma. La discusión, aunque avanzada, sigue abierta y el riesgo del zarpazo a sus recursos sigue latente para los departamentos.
El decreto en mención hace parte de la cascada de 45 decretos presidenciales emitidos entre el 26 y el 29 de diciembre y que tocan la reforma tributaria, la salud, el medio ambiente e inclusive la financiación del proceso de paz. Esta sorpresa amarga fue descubierta por los avisados funcionarios de Antioquia, ¿quiénes destaparán otras allí ocultas?
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