Los niños de la narco guerra

Autor: Manuel Manrique Castro
11 septiembre de 2019 - 12:00 AM

El reclutamiento de niños crece de manera alarmante como modalidad operativa de la delincuencia de nuestra región y es un severo atentado contra los derechos de la niñez.

Medellín

Manuel Manrique Castro

Cuando se piensa en el reclutamiento de niños mexicanos por parte de los cárteles de la droga, es inevitable volver la mirada al Medellín de los 90. La impronta de las organizaciones delincuenciales paisas y caleñas de hace casi 3 décadas aparece, por donde se mire, multiplicada exponencialmente, en el accionar de las bandas ilegales.

No sólo están presentes en casi todo el territorio mexicano, cuentan con ejércitos sofisticados portadores de armamento moderno, alianzas extendidas con policías y políticos; son multinacionales de poderosos y diversificados negocios, compran armas con gran facilidad en Estados Unidos, han crecido en ferocidad y siguen utilizando, sin contemplación a niños y jóvenes.  El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presente en 14 países y el 75 % de los estados mexicanos, es una operación de 20 mil millones de dólares, buena parte de cuyos ingresos proviene de la producción de anfetaminas.  

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Los cárteles, como el CJNG, tienen campamentos clandestinos para entrenar, con lujo de crueldad y durante varias semanas, a menores de edad. Saben que cuentan con una gran masa de jóvenes sin rumbo ni interés por el estudio, fácil de atraer con el poder de las armas, el dinero fácil y la compensación de que sus familias recibirán un inesperado y con frecuencia bienvenido pago mensual.  Ya no es tan cierto el manido argumento de que recurren a ellos porque son supuestamente impunes ante la ley.  Este enganche ilegal crece de manera alarmante como modalidad operativa de la delincuencia de nuestra región y es un severo atentado contra los derechos de la niñez.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, el reclutamiento empieza con niños de 9 o 10 años que a los 15 o 16  terminan "graduados" como sicarios, aptos para delitos atroces. Son seres cuya vida está en juego todos los días. Sólo entre enero y marzo de 2019 hubo 285 homicidios dolosos de menores de edad. 

Hace 4 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calculó que las diferentes organizaciones criminales mexicanas tenían en sus filas 30 mil niños y jóvenes. Ese número se ha multiplicado considerablemente el último quinquenio. Tristemente, México es uno de los países donde la delincuencia ha enganchado mayor cantidad de niños para sus fines ilegales.

La legislación internacional al respecto, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño o el Estatuto de Roma, centran su atención en el reclutamiento propio de conflictos armados. El escenario mexicano es de grandes multinacionales del delito cuya motivación principal es dinero y poder, que aprovechan las carencias de miles niños y sus familias para engrandecer sus negocios ilegales.  Lo propio ocurre en El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina. No hay, ni por asomo, ideales de ninguna clase. Lo dicen los muchachos: preferible morir joven con dinero, que viejo y pobre.

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Aunque el gobierno mexicano quiere ir al origen de los problemas y neutralizar la estrategia militar del narcotráfico, tiene dos serios escollos. Mostrar que su programa de becas “Jóvenes Construyendo Futuro”, que en 9 meses incorporó 1 millón de jóvenes con una beca mensual de 180 dólares, tiene la fuerza suficiente para arrancarlos de los riesgos y atractivos del narco enganche y que la polémica Guardia Nacional, creada hace menos de un año, conseguirá convertirse en la fuerza pacificadora que México necesita.

En 2015, el Comité de los Derechos del Niño le manifestó al gobierno mexicano su profunda preocupación por la “insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento continuo de niñas y niños por grupos armados y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas. Le recomendaba también que “revise la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia”.  Ambas recomendaciones están pendientes y bien haría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en darle la atención que merece a esta delicadísima realidad, ojalá mirando de cerca la rica experiencia colombiana.

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