La educación superior pública no es un gasto, es una inversión.
Me sentiría más cómodo escribiendo esta defensa de la Universidad Pública, nada menos que en la semana crucial para hacerlo, si no perteneciera a ella. Pero es que en verdad la Universidad Pública no somos sus profesores, alumnos y empleados, sino el país entero. ¿Por qué? Como bien explica con cifras Hobsbawn en la Historia del Siglo XX, hasta hace muy pocas décadas la universidad no se había masificado más que en unos pocos países y constituía un privilegio de unos cuantos afortunados. Pero en poco tiempo el acceso a estudios universitarios se convirtió en el mundo entero, y sobre todo en las democracias, en una aspiración generalizada y legítima.
Estudié y trabajé en universidades privadas antes de llegar a la Universidad Nacional de Colombia como profesor hace veinte años, y por lo tanto valoro en grado sumo, porque además lo conozco de primera mano, el gran papel que cumplen las instituciones privadas que imparten educación superior. Y esto más aún cuando el sistema de becas (aparte del controvertido Ser Pilo Paga), se ha expandido tanto, sobre todo en algunas universidades privadas, que merecerían además una mayor visibilidad sobre ello. Pero si no se crea una política de Estado, más allá de lo que se logré en esta coyuntura, de apoyo sistemático a la Universidad Pública, esta labor privada será insuficiente para el desarrollo del país y para la relegitimación de nuestro sistema democrático tras los acuerdos de paz.
Si bien es verdad que las democracias “triunfaron” como modelo preferente al llegar al siglo XXI, y atrás quedaron los experimentos fascistas y comunistas, lo cierto es que la globalización acelerada supuso un crecimiento exponencial de los poderes económicos frente a los políticos, deslegitimando a muchas de esas “vencedoras” democracias. Ya décadas atrás Norberto Bobbio había insistido en que no existiendo en verdad un contrato social (¿en qué museo está?), y estando derrotadas de hecho las opciones de izquierda radical, la única manera de legitimar realmente a las democracias es dotándolas a todas de una vocación redistributiva.
Muchos autores han ahondado en esto, y las opciones socialdemócratas moderadas con las que me identifico fueron las que lograron más resultados en el mundo entero aplicando esta directriz (llámense Tercera Vía, Socialistas, Liberales e incluso populistas sensatos de izquierda o derecha). Y si bien es cierto que el debate persiste entre las derechas, los centros y las izquierdas sobre qué tanto Estado del Bienestar debe haber, el grandísimo error es incluir el tema de la educación superior como un asunto estrictamente referido a esa discusión del Estado del Bienestar.
A principios del milenio se reunieron los partidos políticos que defienden estas tesis socialdemócratas moderadas (y algunos colados de derecha fuerte o de izquierda radical), en la llamada Comisión Progreso Global, organizada por la Internacional Socialista, que ya para esa época carecía casi completamente de partidos con ideas de revoluciones violentas o revolcones neobonapartistas. Y una de sus principales conclusiones sobre qué debía hacerse frente a la globalización que iba a ahogar a la política, dicho en boca de su Presidente de entonces, Felipe González, era que la inversión en educación, y especialmente en educación superior, más que un deber del Estado es un simple acto de sobrevivencia colectiva.
NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN, decían los expertos con vehemencia, y se daban muchos ejemplos a nivel mundial de cómo los Estados que invirtieron en sus estudiantes, a través de la Educación Superior Pública, Universal y Gratuita, habían conseguido resultados económicos impresionantes y a muy corto plazo, por no decir de los efectos sociales que implicó la ampliación de sus clases medias. Y si se mira bien la historia de la segunda mitad del siglo XX, se verá como fueron tanto partidos de derecha como de izquierda los que apostaron por esta destinación preferente de recursos a la educación superior. Por ello insistía yo en otro escrito en EL MUNDO que no debía ser asunto de campaña política el apoyo a la Educación Superior Pública. Por ello todos los esfuerzos que haga Duque en este sentido ayudarán a que se vuelva un consenso para el futuro, no existiendo la figura de la reelección, y está semana es clave.
En estos días el Estado Colombiano deberá reaccionar a la exigencia legítima que han hecho las Universidades Públicas en su conjunto en Colombia de que se les rescate del injusto abandono presupuestal al que han sido sometidas. Pero sobre todo hay que enfatizar en que han logrado resultados importantes y medibles, con efecto real para el país, a pesar de ese abandono. Entonces el cálculo debe ser como va a ser de positivo en el futuro si de aquí y hacia el futuro se rectifica ese enfoque que se tiene de que la Universidad Pública como un subsidio y no como lo que es, una necesidad vital y una inversión. Hasta ahora, trabajando con las uñas, las universidades públicas colombianas han logrado aumentar enormemente el cubrimiento, fundar programas de maestría y doctorado, y quedar muy bien situadas en las mediciones de calidad que se han hecho. Pero el oxígeno se agota, eso tiene un límite, y nos aproximamos a él.
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Además no se trata de un cambio conceptual en el que se le hagan loas a la Educación Superior Pública, sino de una verdadera apuesta presupuestal que lo respalde, para que no se desvirtué el papel de la Universidad Pública. En el estado actual se las pone a depender de docentes ocasionales y se obliga a hacer maromas imposibles un día tras otro para cumplir los objetivos. No se trata de apagar un incendio, con unos aportes nuevos casi simbólicos o una esperanza de obtener algo de unas regalías que son concursables, sino de una verdadera revolución en el tema. El presidente por su experiencia en el BID lo conoce perfectamente y sabe que a pesar de estar solo unos meses en el gobierno ya pasará a la historia si da este gran paso.