Al resolver una tutela interpuesta por Henry Chaverra, del grupo Pro-Chocó en Belén de Bajirá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Registraduría disponer que en Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo, los ciudadanos voten por candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento de Chocó. La decisión adoptada cuando apenas faltan dos semanas para las elecciones de Congreso le exige al órgano electoral improvisar en un proceso que venía surtiendo desde el pasado noviembre y enrarece, polarizándolo, el clima preelectoral en esos corregimientos.

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El Tribunal, conocido por sus desafueros especialmente en la práctica de “manirrotismo judicial”, sustenta su pronunciamiento al revisar la decisión de un juez de Bogotá, en que la decisión, largamente estudiada por la Registraduría, de convocar elecciones de representantes a la Cámara por Antioquia “desconoció el principio de legalidad y la Constitución, al pasarse por alto el acto administrativo mediante el cual el Igac, con la publicación de un acto oficial, ubicó los territorios como parte de Riosucio, Chocó”. En otras palabras, un órgano no competente para tomar tal decisión da un zarpazo al territorio antioqueño al calificar como legal una actuación administrativa objeto de discusión ante el Consejo de Estado.

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La sentencia, que la Registraduría puede recurrir, regresa la situación con Belén de Bajirá al pasado mes de julio y se alinea con pretensiones ilegales del director del Igac, que también ha pretendido desconocer el acuerdo en el que los gobernadores de Antioquia y Chocó, mediados por el Gobierno Nacional, decidieron congelar el diferendo y respetar la decisión sobre su trámite que adopte el Consejo de Estado. Ello luego de que la Gobernación de Antioquia demandara la arbitraria resolución con que el Igac pretendió dar un golpe de mano al territorio de este departamento. Habiendo quedado la solución en la instancia judicial competente, los corregimientos en disputa siguen siendo territorio antioqueño, y así lo entendieron la Registraduría y el juez que en primera instancia tramitó la tutela que comentamos.

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En tanto es claramente antijurídica y contraevidente, esta actuación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se suma a recientes de otros tribunales que han incurrido en decisiones politizadas, aportando desde sus orillas al proceso de deterioro de las instituciones, con la consecuente pérdida de confianza en los órganos y mecanismos que la democracia dispone para solucionar conflictos y conocer la verdad.