Se ha dicho muchas veces que “la primera víctima de la guerra es la verdad”. Algunos le atribuyen la sentencia al senador estadounidense Hiriam Johnson, quien la habría dicho en 1917 durante la Gran Guerra, pero parece que en realidad su autor es el dramaturgo griego Esquilo, considerado el padre de la tragedia. Lo cierto es que, si la guerra convierte en víctima a la verdad, la paz la requiere como condición para la reconciliación y como promesa de no repetición.

También se atribuye a Esquilo esta otra: “Toda el agua de los ríos no bastaría para lavar la mano ensangrentada de un homicida”. Por eso la justicia debe, más que quitar la sombra de las manos, develar los hechos para saber qué pasó y cómo ocurrió, en la idea de construir una sociedad más tolerante y más respetuosa del otro, y de su dolor. 

El sometimiento del general en retiro Mario Montoya Uribe a la JEP, suscitó reacciones encontradas. Los críticos del proceso consideran que el excomandante del Ejército no debió validar la Jurisdicción Especial, pues se pone en el mismo racero que los levantados en armas; algunas organizaciones de víctima en cambio consideraron que se trata de una estrategia para burlar la justicia ordinaria y asegurar impunidad en los procesos que se le adelantan por presunta connivencia con paramilitares y excesos en la Operación Orión de la Comuna 13 y las ejecuciones ilegales conocidas como “falsos positivos” en Valledupar y Santa Marta, bajo su mando.

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Hubo también quien valorara como positiva esa decisión, que según su abogado significa acatar a su nuevo “juez natural”. En todo caso es una determinación que podría marcar el derrotero de muchos otros procesos y que pondrá a prueba la efectividad de esa jurisdicción y su enorme responsabilidad. Sobre todo, porque para el general Montoya no se trata de reconocer culpa alguna sino la aceptación de un nuevo escenario jurídico en el que, según su abogado Andrés Garzón, espera demostrar su inocencia en los hechos que se le imputan. 

Como cualquier tribunal de justicia en un régimen democrático, éste debe garantizar el debido proceso, la libre defensa y la presunción de inocencia. Tendrá que ser con argumentos y pruebas que se sustente el nivel de responsabilidad del general Montoya Uribe en los hechos que nos avergüenzan como sociedad. Pero es imperativo que, como hemos señalado, su testimonio avance por el camino de la verdad y ayude a esclarecer sin reservas ni maquillajes la dureza de lo que ocurrió. Son muchos años sin respuestas y muchas víctimas que siguen esperando la verdad.

Una verdad que reclaman desde 2002, cuando los rostros del general Montoya y su amigo el general de la policía Leonardo Gallego brillaban de emoción al dar parte de victoria en la “recuperación de la Comuna 13 de Medellín”. Al excomandante policial la Procuraduría lo destituyó por las operaciones Orión y Mariscal y lo señaló como violador de derechos humanos. Su nombre ha aparecido incluso en procesos como el que se adelanta por el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya, sin embargo, los casos siguen en la oscuridad.

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El sometimiento del general Montoya a la JEP debe ayudar a conocer la verdad de los posibles excesos de agentes del Estado como parte del conflicto. Él está en su derecho de buscar la jurisdicción que más le convenga, pero la sociedad en la obligación de reclamar el esclarecimiento de cada muerte, de cada violación, de cada vejamen.

Tiene razón el dramaturgo griego, nunca se acaba de lavar la sangre en las manos, pero no se puede cargar el peso de la culpa toda la vida en solitario. De otro modo, seguiremos lamentando las listas de amenazas a periodistas, dirigentes y líderes sociales, extrañando las voces apagadas y llorando sobre la sangre derramada. No podemos dejarnos engañar por los espejismos de la muerte, aquí, ahora, es preciso ponerle fin y empezar a construir una sociedad mejor, sustentada en la verdad, la justicia y la reparación.
@HenryHoracio