Icbf atenderá por dos semanas la crisis humanitaria en La Guajira

Autor: David Fonseca
27 marzo de 2018 - 10:32 AM

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contará con un equipo de 600 personas para garantizar los derechos fundamentales de los niños de las poblaciones indígenas de esta zona del país. Sin embargo, existen inquietudes en la comunidad frente a cómo se manejan estos asuntos de cara a futuro.

La Guajira

La situación de crisis humanitaria que se vive en las comunidades de La Guajira continúa siendo precaria para los pobladores de una de las zonas más remotas y olvidadas del territorio nacional.

Al respecto, la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Karen Abudinen Abuchaibe, anunció que a partir del próximo 3 de abril y durante dos semanas liderará un equipo conformado por 600 funcionarios de esta institución para realizar brigadas comunitarias en pro de los derechos de los niños, adolescentes y familias de La Guajira.

“Recorreremos las diferentes zonas de La Guajira para brindar nuestros servicios de atención e identificar casos que puedan poner en riesgo la vida de los niños”, indicó Abudinen, quien expresó que la meta es generar que en todas las comunidades se sienta el acompañamiento del Icbf y el apoyo del Estado.

Sin embargo, Javier Rojas Uriana, representante legal de la Asociación Shipia Wayuu, manifestó que por el momento no han sido informados acerca de estas jornadas, y recalcó que la situación continúa empeorando cada día por las carencias de estas comunidades en temas de agua potable, saneamiento básico, alimentación y servicios de salud.

“Lo que sucede es que por más que el Gobierno haya hecho pequeñas acciones no han impactado en la población, especialmente en la niñez”, aseveró Rojas.

El plan del Icbf es lograr la atención a unas 4.000 familias, pertenecientes a 240 comunidades indígenas, a quienes se les brindará la oferta institucional. Además, 64 Unidades Móviles conformadas por un antropólogo, un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo, recorrerán zonas priorizadas como el corregimiento de Nazareth y los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y Fonseca. 

De la misma forma, otros diez equipos conformados por defensores de familia, psicólogo, nutricionista y trabajador social, atenderán eventos para restablecer derechos de los menores en caso de que sean vulnerados. El Icbf entregará a cada una de las familias que atiendan agua potable, Bienestarina Líquida, complementos alimenticios de alto valor nutricional.

Lea también: Dudas por falta de claridad con muertes por desnutrición en La Guajira

Rojas, por su parte, espera una mayor atención del Gobierno y el Icbf para que las intervenciones sean constantes y no un tema puntual de una jornada. 

“Es que ellos dicen vamos a hacer brigadas, visitar comunidades y entregar alimentos, y el alimento es una galleta y un tarro de Bienestarina líquida para un niño, para consumir por única vez y esas son las acciones que luego el Gobierno multiplica diciendo que repartieron 45 mil tarros de Bienestarina líquida a la comunidad que mejoró las condiciones”, enfatizó Rojas con preocupación debido a que asegura que el problema del hambre no es una cuestión de un solo día y que no se cura de la noche a la mañana.

Muertes asociadas a desnutrición

El Ministerio de Salud, en su informe de enero de 2018, reveló que durante el año pasado se disminuyeron el 49% de las muertes asociadas a la desnutrición en comparación con el 2016, cuando se notificaron 90 casos.

El pasado mes, el Instituto Nacional de Salud reportó que durante la segunda semana de febrero por lo menos once niños murieron por causas asociadas a la desnutrición en el país. Hecho que llamó la atención al informar que gran parte de esta cifra correspondía al departamento de La Guajira y que además, se encontraban en estudio de por lo menos 37 casos más de probables muertes por y asociadas a desnutrición.

No obstante, según Rojas,  el número de decesos por malnutrición es mucho más alto que las estadísticas que maneja el Gobierno debido a una falta de control, seguimiento y reporte: “Nosotros seguimos recibiendo notificaciones de las comunidades semanalmente, sólo que en este caso ya no publicamos estas cifras de niños muertos, sino que las enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso que se lleva de las medidas cautelares”.

A Rojas, como representante de la comunidad Shipia Wayuu, le preocupa el hecho de que si bien las cifras que están recolectando son, por mucho, superiores a las de los organismos del Estado, solamente corresponden al 55% del territorio de La Guajira que abarcan las comunidades asociadas a Shipia Wayuu.

“Sólo estamos en poco más del 55% del territorio y esas son las cifras que nosotros manejamos. El otro 45% es lo que no sale a la luz pública, ni tampoco es notificado a la Comisión, donde fallecen en sus comunidades y son sepultados allí mismo sin ningún registro”, explicó Rojas.

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