Guerra contra la corrupción

Autor: Héctor Jaime Guerra León
5 febrero de 2019 - 09:01 PM

Es, en todo caso, en el proceso contractual en donde más riesgo se tiene de encontrar conductas antisociales que atentan contra la moral administrativa y se expone con mayor facilidad al saqueo de las arcas estatales.

Con todo y las dificultades que cada día atacan con mayor crudeza e implacable accionar,  nuestra patria trata de sobreponerse a los conflictos y problemas que le generan deterioro y desprestigio, y contra todos y cada una de esos embates prepara máquinas para emprender (diría para reforzar y fortalecer, pues siempre se ha querido apartar, todavía sin éxito, de las prácticas sociales e individuales que le hacen daño), una de sus tareas más delicadas e inaplazables,  la lucha contra la corrupción.

Esa es imperiosa tarea que la humanidad misma, desde el momento de su formación, ha tratado de dar en contra de sus propios miembros, cuando han querido  beneficiarse insanamente de las ventajas que suelen darse en las relaciones entre Estado, Sociedad e individuo, trasgrediendo las reglas sociales, las leyes y los principios de la sana moral y las buenas costumbres, o  lo que podría llamarse los principios éticos, que son los que -a todas luces- empiezan a fallar o faltan o se debilitan, cuando se incursiona en actos corruptos, faltándose al cumplimiento que debe darse de los principios que imperan en cada circulo o conglomerado social.

En el fondo, cuando se habla de corrupción, debemos acudir al estudio de los principios y valores imperantes que rigen las sanas relaciones del Estado y la Sociedad (los ciudadanos), pero en especial el principio de Imparcialidad, que debe regir y aplicarse en esas relaciones, sin atención a ninguna otra consideración. El Estado y, con él, todos sus servidores, deben ejercer su labor, sin atención a ningún sesgo o preferencia distinta a las dadas por la ley, el procedimiento imperante para cada caso y, de manera especial, respetando todos los demás valores que regulan el actuar humano en sociedad. Esto es, el deber ser y ería darse con la mera condición de haberse acogido a las pautas y comportamientos que regulen el procedimiento que se ha preestablecido para el normal acceso al servicio requerido y, especialmente, si la prestación del servicio pretendido es responsabilidad del Estado. Pero qué lejos estamos de que Ello sea así.

Son numerosas las insanas costumbres que se ven y que cruzan la frontera de lo permitido en esa principialísta y muchos son los valores que hoy se han venido birlando y, con ello, una abrumadora corrupción invade al Estado y a la Sociedad, haciendo ya casi que normales muchos casos que rayan con el delito y la criminalidad. Las ventajas para la distribución de la contratación, una de las áreas más complejas y sofisticadas, donde infortunadamente han prevalecido, diríamos con toda claridad, las trampas y maniobras malintencionadas que se utilizan para acceder al poder y al manejo de ciertos temas  por donde se despilfarra, malgasta y saquea más fuertemente al erario público. Porque, aunque por ejemplo, es corrupción, y en qué grado,  saltarse la fila, sobornar al portero, ofrecer la dádiva al servidor público, otorgar buena nota al alumno que concede favores no relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje, el pasteleo escolar, etc, etc, es, en todo caso, en el proceso contractual en donde más riesgo se tiene de encontrar conductas antisociales que atentan contra la moral administrativa y se expone con mayor facilidad al saqueo de las arcas estatales. Como dijo el Sumo Pontífice Francisco, en la visita que nos hiciera, “es por el bolsillo donde entra el demonio…”. No cabe duda alguna, es por el dinero por donde más fácilmente se pueden distorsionar los más importantes valores y principios éticos y morales que rigen nuestro proceso social e individual. Ello resulta irrefutable.

Lo grave de todo este penoso asunto, es que el escabroso fenómeno de la corrupción no sólo ha permeado el más profundo interior de nuestra  organización estatal, sino que también campea libremente en la Sociedad misma, moviéndose con toda libertad e inclusive impunidad, sin que hasta el momento haya sido posible establecer los correctivos que tan delicado y deplorable mal ofrece no sólo a la institucionalidad , sino a la vida misma de todas y cada una de las personas que hacemos parte de la Nación;  porque ello, a decir verdad, afecta directamente a todos, pero de manera especial y directa a quienes menos oportunidades tienen de acceder imparcialmente a un mundo donde la salud, la educación, el trabajo, seguridad, vivienda y los demás recursos,  servicios y oportunidades que se requieren para el bienestar general, se reparten no de manera imparcial y equitativa entre todos, sino atendiendo a la perversa e inmoral consiga de la ventaja ilegal, y de la intención torcida y perniciosa que busca favorecer a quien debiera desinteresada y diáfanamente prestar dicho servicio, sin consideración distinta a la de servir como lo ordenan las leyes y lo exige el deber ser del Estado frente a sus ciudadanos.

Por eso y con mucha razón el profesor César Augusto Andrade Moreno, investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, afirmó en una de sus publicaciones: “No se salva ningún sector; empresarios, políticos, gobierno, jueces, magistrados, docentes, medios de comunicación, entidades de control fiscal y administrativo, en fin todo el estamento y la sociedad. Por eso existe la sensación y percepción generalizada que la situación es preocupante y caótica, queda muy poco margen para que se arregle el mal que nos aqueja porque cada vez se profundiza más y los escándalos son diarios; como dicen algunos, “por donde se toca sale pus”. Razón que invita a plantear reformas profundas que ayuden a recomponer el rumbo”. (…).

De igual manera, ELMUNDO.COM, en uno de sus más recientes pronunciamientos (véase “Un Índice para Preocuparse” del 02/02/2019), ésta importante Casa Editorial, hace un profundo e interesante aporte a este debate, trayendo a colación este escabroso asunto y haciendo, entre otros razonamientos, el siguiente:

“La desidia contra la corrupción también encuentra razones en la incapacidad del Congreso para acometer las reformas reclamadas por los 11’687.951 votantes de la consulta anticorrupción. Tanto como las actuaciones de la justicia y los órganos de control, las decisiones legales y los actos simbólicos, son claves para poner freno al cáncer que acaba la eficacia del Estado y hace metástasis en los peligrosos éxitos del populismo”.

Colombia, nuestro amado país, tiene pues ese gran reto, de seguir luchando por su Prosperidad,  enfrentando ese terrible fenómeno con verticalidad y energía, porque de lo contrario estamos en peligro de sucumbir en un mundo de perdición e indolencia, siendo un país que por fortuna aún está compuesto por mucha gente buena, que goza de las más espléndidas riquezas y potencialidades, por las cuales vale la pena no dejarse vencer y, por el contrario, seguir trabajando y luchando sin tregua,  para hacerle frente y vencer finalmente a tan complejo y peligroso enemigo; pues éste mal se infiltra en el alma nacional de las más diversas e invisibles maneras, perfeccionando e innovando su actuar y mutando con facilidad de un estado a otras formas, lo que lógicamente hace mucho más difícil su detección y definitivo exterminio.

 

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Comentarios:

Caflos
Caflos
2019-02-05 22:14:04
Muy buen artículo. Lo tratas de manera integral, como debe ser. La corrupción no es sólo un delito que cometen los políticos sino la sociedad en general. Otra cosa es que siempre buscan relativizar la como lícita si va en mi beneficio e ilícita si el beneficio es para otros

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