La Fiscalía anunció este jueves que imputará cargos a dos funcionarios de la Cancillería y a un particular por presunta celebración indebida de contratos para la logística de la VI Cumbre de Las Américas realizada en Cartagena de Indias en 2012.

Los acusados son: Araminta Beltrán Urrego, en ese entonces directora Administrativa y Financiera de la Cancillería, y Alexander Potdevin Gutiérrez, coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato, informó la Fiscalía en un comunicado. También será imputado el representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012, Antonio Porras Gutiérrez.

El proceso se originó por petición de la Procuraduría General de Colombia para investigar contratos suscritos entre entidades del Estado y la citada Unión Temporal, conformada por las empresas Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS, Marketmedios Comunicaciones S.A y Creativa Producciones.

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En la investigación la Fiscalía encontró que el 29 de noviembre de 2011 fue suscrito un contrato por 43.500 millones de pesos entre la Cancillería y el consorcio para la logística y operatividad de la cumbre. Sin embargo, detalla el ente acusador, el 30 de marzo de 2012, la Cancillería autorizó una adición de 12.000 millones de pesos .

"A juicio de la Fiscalía, esta destinación configuraba un negocio nuevo y requería un proceso de comparación de ofertas, de tal manera que habría una violación grave a los principios de planeación, economía y eficiencia, y selección objetiva", agregó la información.

Igualmente se investiga si el 50 % de la adición fue usado para un doble pago de servicios de salud, imprevistos y gastos generales que estaban cubiertas por el contrato original. Los restantes 6.000 millones de pesos fueron destinados para la producción y transmisión de televisión.

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La Fiscalía encontró que antes de la licitación el canal público Rtvc ofreció a la Cancillería esos servicios por un precio menor, de 4.490 millones de pesos. Sin embargo, por este concepto fueron pagados 7.088 millones de pesos al consorcio, valor que salió indirectamente de la adición presupuestaria. Es decir que "habría un sobrecoste" de 2.500 millones de pesos respecto del ofrecimiento de Rtvc.

También se determinó que como lo estableció la Contraloría, los funcionarios de la Cancillería vinculados al proceso presuntamente pagaron sin soporte alguno más de 4.000 millones de pesos lo que incrementaría el supuesto.

La Fiscalía también envió copias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma la investigación contra María Margarita Salas Mejía, entonces secretaria general de la Cancillería, que tiene fuero constitucional, ya que actualmente es jefe de la misión consular de la Embajada de Colombia en Madrid.