La necesidad de ser solidarios con el prójimo y de reprochar la violencia, fueron las premisas de la jornada reflexiva de este lunes en la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo, tras el incidente a las afueras de la misma el pasado 31 de enero, en el que una menor de edad fue agredida y le fue cortado su cabello, mientras que otra resultó herida con un arma blanca; ambas a manos de otras dos menores de edad.

En el acto, los estudiantes demostraron su destreza con el violín y el saxofón y bajo la compañía de un docente guitarrista, amenizaron el momento. Con flores blancas, carteles en apoyo a la institución y pequeños letreros en cada uno de los asistentes con la frase “#Todos somos Inem”; se reflexionó sobre la indiferencia que reinó en esta situación, en la que decenas de ojos expectantes no ayudaron a las agredidas, en algunos casos se burlaron y en lo otros registraron en video y fotos.

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Las dos menores de edad víctimas estuvieron presentes en el acto de reflexión, en el que se presentó la campaña “Rompé la indiferencia, hacé la diferencia”, que se llevará a todas las instituciones educativas de la ciudad y con la que se busca que, ante situaciones de tal magnitud, los estudiantes sean solidarios, mostrando humanidad con los demás.

“El mensaje es que tenemos que ser solidarios, que lo peor que nos puede pasar a nosotros como sociedad es ser indiferentes, que vivimos un caso demasiado duro y aquí lo tenemos es una oportunidad para transformar la sociedad”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario local solicitó a las dos estudiantes víctimas que no se retiraran de la institución, que cuenta con unos 4.700 estudiantes, y que fueran un referente de lo que había ocurrido la pasada semana. A su vez, reconoció la valentía de la única persona que se metió para defender a su amiga.

Por otra parte, solicitó a los padres de familia comprometerse con la crianza de sus hijos. “Yo necesito el compromiso de los papás y las mamás de Medellín, que estén pendientes de sus hijos, no podemos aceptar un caso en el cual se vulneren los derechos de otros, en el cual no se respete la indiferencia, llámese como se llame: acoso, bullying, maltrato. Ninguna es aceptable”, detalló Gutiérrez.

La atención al caso

En 2017, 312 casos de bullying fueron reportados ante la Secretaría de Educación y en más de 228 instituciones educativas se harán actos simbólicos para rechazar la indiferencia y evitar actos en contra de los estudiantes.

“¿Qué es hacer la diferencia? Respetar a su amigo, cuidarlo, respetar las normas, comportarse en todos los espacios, dentro y fuera de la institución, de la mejor manera y sobre todo proteger cualquier forma de vida, ser capaces de estar muy pendientes del otro”, expuso Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de la ciudad.

Por lo anterior y ante el pedido a las dos estudiantes agredidas de que continúen en esta institución, Patiño explicó que se tiene un plan de acompañamiento para su regreso al colegio.

“Tenemos acompañamiento psicológico, van a tener el acompañamiento pedagógico y lo que queremos nosotros, y lo hemos hablado con el rector para que las niñas permanezcan en el colegio. Todas sus compañeras las están acogiendo y están viendo en ellas en símbolo del respeto que se requiere por las mujeres y en general por todos los niños y las niñas del país”, detalló el secretario.

La protección a menores de edad

Al ser menores de edad, tanto agresoras como víctimas son sujetos de derechos y de la protección a los mismos, tal y como lo indica la ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia.

Por ello, su comparecencia ante el sistema judicial es diferente y hace parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que cuenta con un modelo de rehabilitación y resocialización, que pretende que los menores de edad infractores reciban un acompañamiento al proceso de sanción, ya sea internarlos o no.

Según Federico Gutiérrez, el objetivo con las “las personas que se les lleva hoy un proceso dentro del Código de Infancia de adolescencia, es que sí exista resocialización, que ellos reflexionen que lo que hicieron es demasiado grave, que reorienten su vida. Espero que en unos meses puedan estar dando un testimonio de vida muy diferente, a por el que entraron a un proceso legal y penal. Sí tiene que haber justicia”.

En concordancia con Gutiérrez, Ximena Norato, directora de la Agencia de Periodismo por los Derechos de la Niñez (Pandi), explicó que cuando se recibe al adolescente infractor es necesario revisar qué está ocurriendo con estas dos jóvenes que vulneraron los derechos de dos más y evaluar cuáles son las acciones, todas tendientes a la resocialización, con lo que se busca que no cometan delitos en el futuro.

“Hay que mirar cuál de los dos derechos es superior, porque a las dos niñas que vulneraron los derechos tiene que hacérseles también un examen de contexto familiar, emocional y social guía y con seguridad vamos a encontrar carencias en la protección integral de sus derechos”, señaló Norato, quien agregó que por ello, es necesario que tanto para agresoras como para víctimas sea necesario restablecer los derechos. La verificación de los derechos de cada una es crucial para, según esta experta en niñez, determinar qué llevó a que esto sucediera. 

Por su parte Jorge Iván Avendaño, docente integrante de la Mesa del programa de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, indicó que es necesario tener en cuenta que el Código de Infancia y Adolescencia clasifica a los menores en edad en niños, niñas y adolescentes, lo que va a determinar las acciones que se realicen al momento de cometer un delito.

En este caso, las dos agresoras tienen entre 15 y 17 años, lo que las clasifica en adolescentes y a su vez infractoras, por lo que se diferencian de los adultos, pero pueden tener sanciones que las alejan de la libertad.

"El principio que rige esta ley es la rehabilitación y la resocialización, principios comunes en el derecho penitenciario del mayor de edad, pero en este caso priman estos dos y genera énfasis en los pilares de los programas y políticas que desarrollen públicamente para resocializarlos. En este caso tenemos que tener en cuenta que en esa acción en la que incurrieron estas adolescentes es motivo de una infracción y siempre la política del Estado será tratar primero de rehabilitarles", expuso Avendaño.