En busca de la verdad completa

Autor: Manuel Manrique Castro
19 marzo de 2019 - 09:05 PM

Falta, eso si -y es un silencio que retumba y trasciende las fronteras del país- la voz de los responsables de la barbarie histórica que es el reclutamiento de menores de edad.

Nuevamente está en el centro del debate nacional uno de los asuntos más delicados y trascendentes de la historia reciente: el reclutamiento y uso de niños en el conflicto armado colombiano. El 1 de marzo pasado la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (Srvr) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrió el caso 007 buscando establecer la verdad completa sobre las violaciones a los derechos de la niñez, por medio del reclutamiento, ocurridas en un largo periodo de 45 años entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016.

Si la tarea es por si misma titánica, lo es más en el escenario actual de una JEP fragilizada por la revelación de hechos de corrupción que involucran a uno de sus fiscales de segundo escalón y la polémica desatada a raíz de las observaciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción que, aunque no la paralizan, si afectan su pleno funcionamiento.

Lea también: La herida abierta del reclutamiento

Dice la SRVR que “resolverá si la información allegada a esta jurisdicción contiene elementos de juicio suficientes para avocar el conocimiento de un caso relativo al reclutamiento y utilización de niñas y niños en diversas actividades del conflicto armado” y desde luego y anticipadamente la respuesta es un sí rotundo porque, desde los inicios de esta nueva búsqueda, tenemos evidencia más que abundante de las atrocidades cometidas contra la niñez por los grupos armados ilegales.

La Sala señala que utilizará ocho fuentes de información entre las cuales no aparece la que, a mi entender, es de las más valiosas. Se trata de los cientos, sino miles de testimonios recogidos por el programa de atención a niños y adolescentes víctimas de reclutamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), organizado en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, vigente hasta la fecha, que, contando con el apoyo de la cooperación internacional, alcanzó su mejor desarrollo cuando Beatriz Londoño estuvo a cargo del Instituto.

El programa cuenta con información detallada del perfil de cada uno de los 6,499 desvinculados entre 1999 y 2018; su lugar de procedencia, origen étnico, condición familiar y social y, desde luego, el relato pormenorizado de su reclutamiento, experiencia vivida mientras permaneció cautivo en el grupo armado y su entrega, en mayoría de casos (91%) voluntaria. Si la JEP se propone revisar hechos a lo largo de 45 años, la información más estructurada y consistente es de los últimos 20 y está en la base de datos del Icbf. Antes de esa fecha los datos disponibles carecen de la misma solidez.

Falta, eso si -y es un silencio que retumba y trasciende las fronteras del país- la voz de los responsables de la barbarie histórica que es el reclutamiento de menores de edad, cometida especialmente por las Farc. Sólo tenemos, de parte de los autores, justificaciones ideológicas insostenibles, desde luego contrarias a la legalidad colombiana y a los estándares hace tiempo alcanzados en la comunidad internacional. Esta es la oportunidad para armar el rompecabezas de uno de los capítulos más negros del conflicto armado al que le falta el arrepentimiento de los victimarios, su reconocimiento del incalculable dolor y daño que ocasionaron y obviamente la indispensable reparación.

Además Los niños merecen grandes metas

Entendiendo el valor que la búsqueda tiene, en primer lugar, para las víctimas del conflicto armado, la tarea de la JEP, para ser completa, debe contribuir a erradicar del país la práctica del reclutamiento de niños y adolescentes. Sería inaceptable que el trabajo de la SRVR, al concluir, acabe sólo en los anaqueles de la justicia colombiana. Al final de cuentas, su razón de ser es que el Estado y la sociedad saquen las conclusiones y aseguren cuanto sea necesario para cortarle los tentáculos al reclutamiento. No sólo eso; Colombia tiene una responsabilidad adicional con la comunidad internacional por ser el único país latinoamericano que está en el Consejo de Seguridad de la ONU por esta causa. El proceso y resultados del esfuerzo emprendido por la JEP le enseñará mucho al resto del mundo.

 

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