El rey de las exoneraciones

Autor: José E. Mosquera
2 febrero de 2017 - 12:00 AM

La crisis que afronta la Universidad del Chocó es más crítica y profunda de lo que alcancé a describir en el análisis anterior. 

La crisis que afronta la Universidad del Chocó es más crítica y profunda de lo que alcancé a describir en el análisis anterior. Una crisis que tiene diversos eslabones, pero esta vez sólo me ocuparé de cuatro. El primero, el académico, todos sus 33 programas están sin licencia de funcionamiento y las explicaciones que ofrecen sus directivas sobre las faltas de acreditaciones y de registros calificados son ridículas y vergonzantes. El segundo, la crisis económica, la Universidad afronta dificultades financieras graves y está funcionando a punto de sobre giros bancarios que se constituyen cuantiosos detrimentos patrimoniales. Además, sortea otros detrimentos patrimoniales generados por demandas de exfuncionarios y por extensiones ilegales de beneficios de las convenciones colectivas a empleados públicos.

Aprietos que sus directivas solo se los atribuyen a los poderes nacionales, cuando las mayores responsabilidades recaen sobre la deficiente administración del rector Eduardo García Vega, quien en su afán de perpetuarse en el poder ha comprado lealtades de manera exagerada, y por las graves fallas que tiene en la administración de las finanzas universitarias.

El tercero, el cáncer de la descomposición ética en todos sus estamentos, todo se vende y todo se compra como en una especie de mercado persa. El cuarto eslabón, tiene que ver con los líos judiciales que afrontan varios funcionarios y exfuncionarios. De la serie de investigaciones que cursan solo haré referencias a las que involucran al rector García. De acuerdo con una certificación de la Fiscalía Seccional del Chocó, García Vega tiene un record de 26 investigaciones penales en los últimos años. Pesquisas por celebraciones indebidas de contratos, prevaricato por omisión, intereses ilícitos en contratos, celebración de contratos sin los requisitos legales, tráficos de influencias y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros. Lo que llama la atención es el hecho que solo dos fiscales son los que le han dictado resoluciones inhibitorias y archivados 20 de los 26 procesos.

Más allá de estas perlas se encuentran otras como en los cuentos de hadas y llenas de más ficciones que realidades. En la página oficial de la Universidad se dice: “La Universidad le está apostando a la acreditación de calidad de los programas académicos con el objetivo de ofrecer servicios educativos con mejores niveles de calidad”.

El mismo discurso y slogan de hace doce años cuando aspiró por primera vez a la rectoría García Vega, una aspiración estructurado sobre su lema “trabajando en minga por la acreditación", un cuento idéntico en cada reelección durante los tres períodos consecutivos. Doce años después es el rey de las exoneraciones judiciales y su libreto continúa siendo el mismo, pero los resultados son profundamente cuestionables, porque el decrecimiento del nivel académico de la Universidad es desastroso.

Debido a que los programas han perdido sus acreditaciones años tras años y han tenido que recurrir a maromas con otros centros universitarios para poder funcionar. De la calidad educativa ni hablar es un centro universitario que ha ido decreciendo de manera preocupante porque sus estudiantes han ocupado los últimos lugares en las pruebas del saber.

Ridículamente pretenden engañar a la opinión pública, demostrando como un gran logro en la calidad de los estándares educativos la obtención de una certificación de calidad en los procesos administrativos del Icontec. Cuando son evidentes los retrocesos en los procesos administrativos. Para los que conocen como funcionan los procesos administrativos en aquella Universidad hablar de “trasparencias en los procesos administrativos” suena un poco risible cuando desde hace tres años varios funcionarios no han legalizado avances por sumas millonarias. Y más aún cuando la Fiscalía Séptima de Administración Pública allano la residencia de una ex Jefe del Programas de Derecho, implicada en delitos de falsedad ideológica en documento público y ese es un pequeño eslabón de los que faltan caer por la corruptela académica que pulula en aquel centro universitario.

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