La sensación de seguridad que genera un ministro de justicia como Enrique Gil, es inmensa. Su recorrido vital lo convierte en un símbolo de lo que debe ser un abogado. Recorrió el ejercicio de la abogacía en todas sus facetas y logró lo que muchos no pueden, que es la visión perfecta del derecho frente al Estado y sus ciudadanos, para lo que es necesaria una combinación adecuada de academia y praxis, de acatamiento de la norma y respeto por las personas, de rigor jurídico y visión consciente de la realidad. Él y Alejandro Gaviria, dejaron en alto el nombre de Antioquia a nivel nacional. ¡no todo es malo!

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Quedaron muchas cosas por hacer en materia de organización de la Justicia, pero es que en un año no es mucho lo que se puede hacer en un país en el que la presión sobre las cortes y tribunales, las permisiones y la corrupción generalizada, ameritan una rigurosa intervención. Habría que comenzar por dos asuntos graves, serios y urgentes como son la enseñanza del derecho y la designación de operadores de la Justicia. Tenemos el problema de la proliferación absurda de las facultades de derecho que se volvieron trofeos y semillas desde las que nacen los grandes negocios de la educación superior.
Una persona que por sus notas académicas es nombrada primero monitor y luego profesor de una facultad de derecho, podrá dedicarse al estudio de los franceses, los italianos, los alemanes, pero si no tiene contacto con el mundo real, será incapaz de actuar frente al sistema judicial. Desde aquí pueden surgir los inconvenientes de la enseñanza del derecho, por lo que son tan importantes los centros de práctica y entrenamiento, como en el caso de los consultorios que en ningún caso deben usarse para el cumplimiento de un requisito de grado, pues son la oportunidad de hacerle ver a los estudiantes la realidad del mundo.
Llegó la hora de repensar los métodos de la enseñanza del derecho y los contenidos de los pensum. Pero debe hacerse desde la realidad del país, las necesidades de los ciudadanos y las causas de los delitos e inequidades. La certeza controlada de una buena formación jurídica es el primer paso para la seguridad de los derechos de la población. Aunque para muchos lo que trae la L.1905/18 es insuficiente para enderezar el camino, puede ser una de esas aparentemente insignificantes decisiones que cambian el rumbo de las instituciones. Este debe ser el inicio del gran debate sobre reformas a la justicia.

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Las facultades de derecho son fundamentales para la consecución de la paz en nuestro país: son las sementeras de los defensores de la verdad, la equidad y el respeto de los derechos, y todo eso nos lleva a la convivencia pacífica. El Estado tiene que intervenir permanentemente las facultades de derecho, que deberían volver a ser escuelas. El examen de Estado, aunque la Ley no lo diga, debería estar proscribiendo, por ejemplo, el negocio de los preparatorios de las universidades privadas; lo que si se prevé es que la norma tendrá que ser reglamentada, ojalá sin pensar en lo propio de los funcionarios, solo pensando en Colombia.