Del POT y otras hierbas

Autor: Gloria Inés Upegui Valencia
7 septiembre de 2019 - 12:02 AM

Las curadurías urbanas son sinónimo de una débil institucionalidad, dotadas de espléndidas sedes y un staff de lujo, pero con poco conocimiento de sus funciones y escasa empatía con el ciudadano

Medellín

 

En 1997 mediante la Ley 388 se creó en Colombia el instrumento de planificación denominado Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con la finalidad de regular los territorios en cuanto a utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. En consecuencia, las oficinas de Planeación dependientes de las alcaldías perdieron las facultades de velar por la aplicación de la normatividad para construcción y desarrollo del territorio, quedando limitadas al diseño de las políticas. En su reemplazo se generó la instancia de las Curadurías Urbanas (CU) que entraron a suplir el papel que desempeñaba la oficina de Planeación Municipal, ante la cual se consultaban y presentaban todos los proyectos de desarrollos urbanísticos de las ciudades. En retrospectiva, para Medellín, este cambio institucional que se presentó como una panacea para ingresar al siglo XXI con armas para el desafío del desarrollo, no ha producido tantos beneficios como prometieron sus gestores.

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Hoy sufrimos las consecuencias de un crecimiento sin norte y la densificación en la construcción parece no tener límite. Se destruyeron zonas enteras que debieron declararse patrimoniales: Laureles, Conquistadores, El Poblado, Aranjuez, Miraflores, son ejemplos de barrios que fueron demolidos sin contemplación por picas y bulldozers, para dar paso a desangelados edificios que multiplicaron por miles las unidades de viviendas y oficinas. Solo Prado Centro es una excepción cuasi vergonzante, abandonada por las familias “de bien” que en su momento emigraron a El Poblado o Laureles; en este barrio todavía quedan en pie casonas centenarias casi todas dedicadas a negocios de salud o entidades educativas. Otras más, todavía en manos de las familias propietarias, se resisten a caer, pero no por mucho tiempo debido a las cargas de impuestos y a la alta tasa de inseguridad que abruma y deteriora el sector.

A partir de la creación de las curadurías urbanas la ciudad sufrió un desenfrenado crecimiento de construcción en altura. Ni ladera, ni planicie son obstáculo para sembrar torres de hasta treinta o más pisos. Tampoco importan los estratos sociales, ni la cercanía a fuentes hídricas, la estrechez de la malla vial, la orientación solar, ni cumplir a cabalidad la normatividad; nada se interpone entre un constructor sediento de ventas y una institucionalidad permisiva y ausente. Sincerémonos, la sangre que corre por las venas de las Curadurías se llama Expensas. Y funciona sencillo: las expensas que van a las arcas de cada Curaduría son directamente proporcionales a los metros cuadrados de construcción que se aprueban en cada licencia que se expide. El corolario es elemental para entender ya no solo el desmesurado crecimiento del área construida en la ciudad, sino también los múltiples casos de edificios que se caen o se deben demoler (por deficiencias y errores constructivos) y las acusaciones de coimas a algunos curadores, no hay que olvidar el caso emblemático del edificio Space y los sucedáneos en todo el país.   

Están lejos los días en que Planeación Municipal brindaba a arquitectos, ingenieros, constructores y vendedores de inmuebles, todos los insumos normativos para llevar la tarea de manera eficiente; era una atención integral que hacía acompañamiento amigable al constructor, brindaba asesoría multidisciplinaria y también dictaba sanciones que iban desde cierres de obras, hasta demoliciones cuando se ameritaba. Hoy tenemos mucha normatividad amén del POT: Planes Parciales, la NSR o Norma Sismo Resistente (que es rey de burlas), la norma Retie para redes eléctricas, la norma… la norma… al infinito. Hay un copioso papeleo para aprobar hasta el más infeliz proyecto: estudio de suelos, planos estructurales (firmados por dos ingenieros, ojalá no sea el famoso Aristizábal), certificación de servicios públicos (hidrosanitarios, electricidad, gas), permiso del Tránsito y de Obras Públicas, quizás estudio de impacto ambiental ante una Corporación Regional. Todo eso estaría bien si fuera un rasero para garantizar construcciones seguras y un óptimo desarrollo urbano. Pero no es así, las curadurías urbanas son sinónimo de una débil institucionalidad, dotadas de espléndidas sedes y un staff de lujo, pero con poco conocimiento de sus funciones y escasa empatía con el ciudadano, porque según “el marrano”, hay laxitud en la aplicación y exigencia de los estándares y normas. Densidades de construcción, número de parqueaderos internos, áreas mínimas habitables, dotación de ascensores en adecuada proporción a las unidades de vivienda, cesión de áreas al municipio, regulación de espacios públicos, retiros a fuentes de agua, dotación de servicios para los propietarios son algunos de los déficits más relevantes que contribuyen a empeorar la calidad de los desarrollos que se adelantan y al detrimento de la ciudad en general.

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El resultado hoy es de cero confort, una ciudad que no cabe en sí misma, con vías muy estrechas en relación con el parque automotor, con transporte público multimodal pero ineficaz. Donde a diario superamos la cota de expansión urbana, lo que nos lleva a ineficiencia en la prestación de servicios. ¿A esto se le llama modernidad y crecimiento económico?

 

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