La Corte Constitucional rechazó, como todos saben, el ajuste que hizo el Congreso referente a no otorgar castigos “alternativos” de “limitación de la libertad” a los responsables de delitos sexuales en las Farc, sino sancionarlos con el rigor de la ley ordinaria, por cuanto estos crímenes -violación, esclavitud sexual y aborto obligado- son de lesa humanidad y, en cuanto tales, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados y deben ser castigados con penas de prisión, según los compromisos que adquirió el país al firmar el Estatuto de Roma.

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El acuerdo con las Farc estableció una impunidad disfrazada: “Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves, las sanciones serán de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Será un sistema de restricción de la libertad bajo un régimen de vigilancia y control, pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, P&R: Jurisdicción Especial para la Paz)”, funciones que incluyen formar parte del parlamento, como está sucediendo hoy.  Esto es inadmisible. Y, como si fuera poco, ya el país conoce su nula contribución al desminado y es consciente de que la erradicación de cultivos no sólo no está en sus planes, sino que algunos de sus comandantes, como alias Santrich, están en capilla por continuar su participación en este ilícito, para no hablar de las crecientes disidencias, que están en el corazón de esta actividad.

Más aun, la “sanción” será impuesta por la Jep, cuya composición garantiza la máxima “flexibilidad”. La justificación de la Corte es que el Congreso no tenía la facultad de hacer el ajuste; pero, además, y esto es verdaderamente insólito, que desea privilegiar la verdad de lo sucedido en las filas de esa organización.

Insólito porque la verdad ha sido expuesta al país y al mundo, nada menos que por las víctimas directas, las mujeres abusadas sistemática y masivamente, en las Farc por los comandantes y otros mandos, organizadas en la Corporación Rosa Blanca. Este grupo ha tenido el valor de denunciar los asaltos sexuales a los que fueron sometidas, siendo niñas y adolescentes, y los abortos obligados, so pena de muerte, aun a los ocho meses de embarazo, como resultado de una orden de la comandancia general y la entronización de una práctica perversa. Pero, además, porque el castigo severo que se merecen estos criminales ayudaría a que centenares de casos ocultos fuesen denunciados por las mujeres que los sufrieron, que verían como sus victimarios serían castigados con todo el peso de la ley.

Se dijo a todo el que quisiera escuchar, que la negociación con las Farc pondría a las víctimas en el corazón del acuerdo. La decisión de la Corte produce el efecto contrario: les da una bofetada a estas y lanza un pésimo mensaje a los colombianos: la famosa justicia transicional, avalada ahora, plenamente por los jueces constitucionales, beneficia a los victimarios a costa de los agredidos gravemente, en su mente y en su cuerpo, por las viles acciones de los perpretadores, y lanza, una vez más el mensaje de que ser pillo paga.

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Y lo hace violando, como se dijo más arriba, el Estatuto de Roma. La humanidad ha avanzado hasta el punto de que hoy es aceptado por la comunidad internacional civilizada, que es inadmisible que ciertos delitos, que atentan contra lo que representa cualquier ser humano, son imperdonables y deben ser sancionados severamente, como una manera efectiva de disuadir a los criminales de toda laya, que se ensañan contra niños y adultos, en confrontaciones locales o internacionales. Al tomar su decisión, la Corte va en contravía de estos valores universales de la vida y la dignidad humanas, avalando el que se camufle la pena real bajo la figura de los “castigos alternativos”.

Ante esta situación, las mujeres de la Corporación Rosa Blanca, o las personas de la comunidad nacional e internacional, que se sientan ofendidas por esta decisión, deberían poner esta decisión en conocimiento de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, para que actúe de oficio, pues se trata de un caso típico de denegación de justicia por parte del órgano jurisdiccional del Estado colombiano. Que el caso pase de Linares, el presidente de la Corte Constitucional, a Fatuo Benzoica, la Fiscal de la CPI, para que la impunidad no sea el derecho de los colombianos. Y de paso, para que el mundo sepa el compromiso real de ese tribunal internacional con la justicia de los desvalidos de Colombia.

Comentarios:

Edgar
2018-08-19 08:37:03

La Corte Constitucional pasó a ser una corte para uso y abuso de los terroristas farianos. Y las víctimas son acá revictimisadas al desconocérseles su estado.

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