Conciencia de lo público

Autor: Jorge Alberto Velásquez Betancur
15 mayo de 2020 - 12:00 AM

La debilidad del Estado de Bienestar le abrió la puerta de la propagación al nuevo virus, en todos los continentes, por la carencia de sistemas de salud bien dotados de recursos humanos y de equipos técnicos para atender una enfermedad desconocida y fácilmente transmisible

Medellín

Los seres humanos somos dados a sacar conclusiones, a teorizar y a veces hasta a pontificar, tanto de los hechos en los que participamos en primera persona como de los sucesos de los que somos testigos. Esa no es una mala costumbre, salvo lo de pontificar, porque se niega el debate y se proclama la imposición de puntos de vista. Pero esa es otra discusión. Lo que interesa ahora es establecer que gracias a la reflexión no solo podemos definir con claridad el estado de las cosas que nos interesan sino derivar normas de conducta que nos ayuden a vivir mejor.

La actual crisis sanitaria, económica y social por la pandemia del COVID 19, que abrió un largo paréntesis en nuestra vida, nos puso en estado de reflexión casi ininterrumpida. De esta manera, sabemos qué hicimos mal en la etapa precedente y tenemos claridad sobre qué debemos corregir si queremos salvarnos como especie en lo que esperamos sea una nueva y mejor etapa de la humanidad.

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La primera gran conclusión general es la toma de conciencia acerca de la importancia de lo público, es decir, del Estado, sus instituciones y sus servicios, como desarrollo afortunado del régimen de los Derechos Fundamentales.

Los Derechos Fundamentales legitiman la existencia del Estado de Derecho y son la base del consenso sobre el cual se constituye la sociedad democrática.

En teoría, no estamos mal. La Constitución Política de Colombia consagra la garantía y protección de los Derechos fundamentales del hombre, la vigencia del Estado Social de Derecho, la defensa del individuo y el reconocimiento de la dignidad humana y de la solidaridad como valores fundantes de la sociedad. (Art. 1 C.P.)

En materia de derechos y valores, la Constitución de 1991 tiene como su principal valor la protección de la vida conjuntamente con la dignidad humana, de conformidad con el Preámbulo y el artículo 1°.

Cuando la Constitución Política señala que Colombia es un Estado Social de Derecho, reconoce la primacía de los Derechos Fundamentales, su garantía por parte del Estado y su respeto por los ciudadanos. Así mismo, quiere decir que el ejercicio de los derechos y libertades está supeditado al marco legal.

Por mandato de la Constitución, todas las acciones de los ciudadanos deben partir del respeto a la dignidad humana y del reconocimiento de la solidaridad como valores supremos de la sociedad colombiana. En este sentido, el acceso o la práctica de un derecho, por ejemplo a la información, no debe perturbar los principios de dignidad y respeto inherentes a la condición humana y no debe vulnerar los derechos fundamentales de ninguna persona, por acción o por omisión.

El respeto al buen nombre, a la honra, a la libertad de conciencia, en fin, constituye una dimensión de la dignidad humana, tanto para quien lo propicia como para quien lo recibe.

Sin embargo, la debilidad del Estado de Bienestar le abrió la puerta de la propagación al nuevo virus, en todos los continentes, por la carencia de sistemas de salud bien dotados de recursos humanos y de equipos técnicos para atender una enfermedad desconocida y fácilmente transmisible. Mientras se adecuaban los centros hospitalarios y se instalaban las unidades de cuidados intensivos, se contrataban médicos y enfermeras y se adquirían los equipos necesarios, todos los gobiernos, invariablemente, decretaron el confinamiento obligatorio de la población y el cierre de fronteras, no como medida de salud pública, sino como táctica para ganar tiempo y frenar la expansión de la enfermedad para evitar el colapso de los hospitales.

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¿Y eso por qué? Porque el neoliberalismo, como doctrina económica vigente, obligó al desmonte del Estado de bienestar mediante la privatización de los servicios públicos (artículo 60 de la Constitución desarrollado por la Ley 226 de 1995) y la supresión de la inversión social en salud y educación, al tiempo que enterró los propósitos de pleno empleo y de salud universal para impulsar la privatización, el libre mercado y las fronteras abiertas para los ciudadanos del primer mundo.

La actual crisis está demostrando que esta receta era ineficaz. En efecto, la atención de la crisis la asumió el Estado con un sistema de salud sin capacidad de respuesta y sin recursos.

El Estado, suplantado por las corporaciones privadas, reemplazado por los organismos internacionales y minado en su autoridad interna por los gobiernos seccionales y los grupos al margen de la ley, debe revitalizarse, volver a los principios que le dieron origen y justificación histórica, porque es el único que puede enfrentar amenazas letales como la actual y atender las consecuencias económicas y sociales de una crisis de grandes proporciones, porque ha quedado demostrado que, aun en situaciones de emergencia, el sector privado sigue pensando en sus utilidades y los ciudadanos solo tienen como motor la solidaridad, pero esta es insuficiente ante la magnitud de la catástrofe.

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