Colombia espera apoyo para atender a migrantes en tiempos de covid-19

Autor: Redacción
23 abril de 2020 - 10:56 PM

Colombia valora y destaca el soporte que ha recibido de Estados Unidos y la Unión Europea, organizaciones y distintas ONG que operan en el país para poder brindarle atención a 1.800.000 venezolanos durante más de dos años de esfuerzo, pero la epidemia que hoy acorrala al mundo plantea nuevos y grandes retos.

Medellín, Antioquia

El esfuerzo del Gobierno y de la sociedad colombiana para ofrecerle y garantizarle las mejores condiciones básicas de vida a los migrantes venezolanos, que ha sido fraterno, valeroso y persistente, enfrenta nuevos retos por causa de la emergencia desatada por la covid-19, por lo que desde el Gobierno Nacional se hace un llamado a los organismos internacionales y a los países cooperantes, para que se alleguen recursos económicos que permitan cumplir con esta impostergable misión humanitaria.

“El reto es que si esto toma más tiempo, del que inicialmente está previsto, pues vamos a tener que buscar mecanismos adicionales de apoyo y soporte, es decir, necesitamos más recursos internacionales. Si uno mira el Plan Regional de Naciones Unidas para la atención de migrantes y refugiados en América Latina, a esta fecha, en lo que va de este año, sólo se ha recaudado el 3%”, dijo Felipe Muñoz, gerente para la atención integral de la migración desde Venezuela, en entrevista con el portal Colombia Sin Fronteras.

Lea: Venezolanos regresan a su país desde Medellín por causa de la covid-19

Sin embargo, y pese a los aprietos, el Gobierno colombiano tiene en marcha una estrategia para atender a la población migrante del país vecino.

“El Gobierno Nacional se ha venido adaptando a la situación por la covid-19 y entendiendo que un porcentaje muy importante de los migrantes es población vulnerable”, explicó Muñoz al referirse a las iniciativas que se adecuaron para tal fin: “Lo primero fue hacerle saber a esos cooperantes que era necesario adaptar todos los programas que teníamos para poder atender rápidamente la crisis; fortalecer los programas de agua; convertir muchos de los programas que tenían en transferencias monetarias, para que la gente pueda comprar comida rápidamente o pagar los arriendos; y tener unos estándares muy cuidadosos en los albergues. Lo segundo fue tratar de llegar a la población vulnerable, mantener la alimentación a los niños que ya estaban en los colegios y recibían el PAE -Programa de Alimentación Escolar-; mantener el apoyo a los niños de 0 a 5 años -Primera Infancia- que teníamos en los programas de Bienestar Familiar. Tercero, el Gobierno dispuso 200.000 mercados para llegarle más o menos a un millón de personas. Esto no es fácil porque es población irregular, pero con los alcaldes, las asociaciones de venezolanos y la cooperación internacional, ya empiezan a llegar a los 45 principales municipios del país donde hay migración. Cuarto, escogimos tres municipios como priorizados: Soacha, Villa del Rosario y Maicao, donde sentimos que se conjugaban una serie de factores de vulnerabilidad y necesitábamos hacer una intervención específica. Quinto, un monitoreo permanente al tema de frontera: no sólo salieron 30.000 venezolanos los primeros días, sino que hemos tenido que montar un corredor humanitario para muchos que han querido volver a su país”.

En esa misma dirección, aclaró el funcionario que, para garantizar la atención a ese grupo de migrantes en condición de irregulares, “el Ministerio de Salud estableció mediante resolución que esas personas serán atendidas como cualquier otro colombiano. Si la persona tiene PEP -Permiso Especial de Permanencia-, y está afiliada a una EPS, se le atenderá allí. Si la persona tiene el PEP y no ha hecho la vinculación al sistema de salud, al momento de llegar a la EPS queda vinculado automáticamente por el decreto que expidió el Ministerio de Salud. Y si no tiene PEP, se va a comportar igual que cualquier otra persona que no esté afiliada”.

Y para argumentar esa decisión, insistió en que “la salud de uno es la salud de todos. Aquí no vamos a pedir pasaporte. Ni la pandemia pide pasaporte ni los programas del Gobierno lo van a hacer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es costoso? Sí, pero nuestro gran reto en este momento, sobre todo en el sector salud, es ampliar la capacidad en zonas de aislamiento para población vulnerable, independiente de su nacionalidad”.

 

Esfuerzo local

Según Migración Colombia, en el territorio nacional hay alrededor de 1.800.000 ciudadanos venezolanos, por lo que su atención y sobre todo su adaptación a la sociedad ha sido todo un desafío no sólo para el Gobierno Nacional, sino especialmente para los gobiernos departamentales y municipales.

Felipe Muñoz, encargado de coordinar entre los diferentes niveles de gobierno, la cooperación internacional, las organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad civil, toda esa ayuda y esa oferta oficial destinadas a mejorar las condiciones de los migrantes, destaca el papel de gobernadores y alcaldes: “Es en los gobiernos locales en quien recae esto. Lo que están haciendo las alcaldías, en especial de las grandes ciudades, de integrar a esta población vulnerable y buscar mecanismos de ayuda es demasiado valioso. Nosotros ponemos herramientas como Gobierno y se ponen algunos recursos, pero la respuesta del día a día la dan los gobiernos locales”.

Un gran esfuerzo que se ha podido cuantificar y cualificar a través del cruce de datos, para saber a cuántos migrantes se ha beneficiado con estas estrategias del Gobierno Nacional.

“Lo que tomó Planeación Nacional fueron las bases de datos del Sisbén, tanto del Sisbén 3 como la actualización del Sisbén 4, y las cruzó con los programas que en este momento tiene el Gobierno: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, etc. Lo que se hizo fue cruzar del grupo de venezolanos que están de forma regular, más o menos 50.000 que están en el Sisbén, y que son beneficiarios potenciales del tema de ingreso solidario, que es otra línea de atención que tenemos dentro del proceso. Y seguimos trabajando, porque algunos de ellos no están bancarizados, para saber cómo poder hacerles llegar el apoyo”, apuntó Muñoz.

En cuanto al tema de las fronteras, precisó que se habló con Ecuador y con Venezuela: “A las autoridades ecuatorianas se les ha pedido que haya mayor controlo transfronterizo, sean movimientos de Ecuador hacia Colombia o viceversa. Cada país necesita mantener sus fronteras cerradas para poder controlar la movilidad de las personas, independientemente de su nacionalidad. Aquí están cerradas las fronteras no sólo para los venezolanos; también lo están para los colombianos y para cualquier nacionalidad. Necesitamos que no haya movimientos y controlar el tema epidemiológico. Y con Venezuela, por instrucción del presidente, se abrió un canal a través de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) por medio del cual el Ministerio de Salud en Colombia y los responsables de la salud en Venezuela han compartido información de tres tipos: epidemiológica, contactos y capacidad médica en la frontera”.

 

Hay mucho riesgo

Una situación que en los últimos días ha creado nuevas exigencias, para muchas ciudades y especialmente para Cúcuta, es el retorno voluntario de migrantes venezolanos hacia su país.

“El Gobierno no promueve este proceso de retorno, porque nos parece que tiene riesgos inmensos a nivel sanitario para los migrantes y los colombianos. Lo que hemos hecho, de alguna manera, es que si hay algunas personas en carretera, coordinar con Migración Colombia y el Saime -Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela- para que pasen de manera ordenada como lo han venido haciendo más de 3.000 personas que se han movilizado en la última semana. Pero creemos que hay riesgos inmensos, estamos en cuarentena y lo recomendable, en la medida de lo posible, es no hacer este tipo de desplazamientos”.

Un grupo del que también hacen parte niños, niñas y adolescentes, quienes son la población más vulnerable de la migración venezolana y que, por lo tanto, reclama especial atención.

“Lo que hemos hecho es no desvincular a esos menores de edad del programa en el que ya estaban. Colombia terminó el año pasado con 220 mil niños venezolanos en los colegios públicos y de ellos más del 75% recibe el PAE a través del Ministerio de Educación. A todos ellos se les sigue dando por medio de alcaldías y gobernaciones ese suplemento alimenticio. Así mismo, con los niños que están en programas de prevención del Icbf, se está haciendo igual. Y a los más de 2.000 niños venezolanos que tenemos en protección y restablecimiento de derechos, que les habían sido violentados, se les sigue protegiendo bajo la egida de Bienestar Familiar y del Estado colombiano”, concluyó el gerente para la atención integral de la migración desde Venezuela.

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