Me estrujó la reciente columna de nuestro admirado amigo Luis Fernando Múnera “¿En qué país viven nuestros empresarios?”. La pregunta obedece al desconcierto producido por la Agenda Empresarial 2018-2022 presentada por el Consejo Gremial Nacional, la agrupación de los voceros económicos y empresariales del país. Importante documento, pues se trata de la ruta del aparato productivo nacional en los próximos 5 años. Allí los empresarios definen sus prioridades y focalizaciones, acorde con los dictados de sus cuentas. Como dice Luis Fernando: “desconcierta el sesgo del documento hacia el beneficio exclusivo del sector empresarial, omitiendo la necesidad de un desarrollo equilibrado de toda la sociedad , y, sobre todo, la enorme responsabilidad que en esa materia les cabe a empresas y empresarios”.

Lea la columna referenciada

La agenda es una recopilación de dificultades y expectativas, traducidas en propuestas. La baja o nula productividad afecta la capacidad competitiva del país. Verdad de Perogrullo. La apertura económica por allá en los 80 y 90 no desató las fuerzas productivas de Colombia. Al contrario, acabó con la industria. Y con ella, la posibilidad de generar empleos decentes o dignos que solo las grandes fábricas podía ofrecer en la época dorada de “Medellín la primera ciudad industrial del país”. Esa debacle la aprovechó el narcotráfico para instalarse y quedarse. Los empresarios con vocación industrial prefirieron emigrar, vender o aliarse con multinacionales con poco interés de reinvertir sus utilidades en el territorio. Y el Estado tampoco quiso reaccionar. Hoy carecemos de una política nacional por la reindustrialización. De allí la informalidad que carcome el mercado laboral y que el empresariado achaca a los salarios de los trabajadores, a las garantías pocas que aún perviven, a los altos impuestos destinados a la inversión social. De allí el reclamo para fortalecer la mal recordada tercerización, ampliar la brecha entre el salario mínimo y el medio, incrementar la edad de jubilación, definir como base para liquidar pensiones no los últimos diez años, sino toda la vida laboral, reducir las pensiones de los sobrevivientes, defender los fondos privados de inversión…

Si el país está en paz o no, poco importa, en la agenda no se concibe ninguna obligación mayor para el empresariado que se beneficiará de una mayor tranquilidad y seguridad.

Si lo anterior es preocupante, genera alarma la insensibilidad del poder económico nacional ante los vergonzosos niveles de desigualdad e inequidad que nos tienen en el curubito mundial. La brecha entre los ingresos altos y bajos, medida por el coeficiente de Gini como parámetro universal, no inmuta a los grandes gremios. Busqué en el extenso documento del Consejo Gremial Nacional palabras como desigualdad, inequidad, brecha, y ninguna apareció. La representación de la dirigencia empresarial colombiana está en manos de quienes miran la salud del país, por el comportamiento de sus bolsillos. Así, por más que lo queramos, por más consensos que haya, la palabreja paz seguirá siendo una entelequia. 

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