En afinidad con el Gobierno colombiano y el Grupo de Lima, Amnistía Internacional (AI) levantó la voz para pedirle a la justicia internacional su inmediata actuación y revisión de la situación por la sistemática y grave violación de los derechos humanos en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, AI dijo este martes que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, reclamó Guevara Rosas.

Se explicó en el informe que los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad en el ámbito nacional. No sucedieron al azar ni de forma aislada, se explicó, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

Pero lo más considerable es que el informe denuncia que “las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes han sido parte de la política de represión”.

Y allí se explica que debido a las características de los ataques que se produjeron en enero de este año, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que demandó la actuación de una instancia judicial independiente e imparcial.

“Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018”, agrega AI al señalar que el grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país, de las cuales cerca de tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dice Erika Guevara Rosas.

“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello”, concluye el informe.

Graves violaciones

Cuando Amnistía Internacional se refiere a las características de los ataques que se produjeron en enero pasado, revela que a través de una misión de investigación que operó, principalmente del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país, se pudieron detectar graves violaciones al derecho internacional y los derechos humanos.

La investigación estableció que durante esos cinco días, en doce de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

Y agrega que en ese mismo lapso, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela. 

Previa denuncia

Desde finales del año pasado, el Gobierno de Colombia y la comunidad internacional ya habían denunciado al régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional.

Fue en cabeza del presidente Iván Duque, apoyado por cuatro países más del área, que se oficializó la primera demanda ante la Corte Penal Internacional en contra del régimen de Maduro, por crímenes de lesa humanidad.

Decisión que reafirmo el Grupo de Lima tras la XI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores que se celebró a finales de febrero en Bogotá, en la que solicitó a la Corte Penal Internacional considerar la grave situación humanitaria en Venezuela, debido a “la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”.

Voces a las que entonces también se unió otro grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quienes concluyeron que existía un “fundamento razonable” para considerar que once funcionarios, entre ellos el presidente del vecino país, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, habrían cometido crímenes de lesa humanidad.