Si la prueba ácida es el mejor indicador para conocer la capacidad de una empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, con la rocambolesca discusión de las seis objeciones del presidente Duque al proyecto de ley estatutaria 08 de 2017 (Senado) y 016 de 2017 (Cámara) (1), ha llegado el momento de aplicar una prueba ácida, para saber la capacidad que tiene el gobierno de cumplir sus obligaciones legales frente al ordenamiento mixto legal-ilegal que nos rige.

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En efecto, tenemos una Constitución expedida en 1991, buena, mala, regular o pésima, con cerca de 50 enmiendas, pero adscrita al sistema democrático representativo, de derechos humanos, libertades individuales y empresariales, separación de poderes, predominio de la ley, independencia e imparcialidad de los jueces, elecciones libres, etc., sobre la cual se sobre impuso, contra la voluntad mayoritaria del pueblo, un mamotreto leninista que, además, “se implementó” con más de un centenar de estatutos expedidos con absoluta violación de los mecanismos previstos por la Carta.

Su análisis indica claramente que todos y cada uno de los 159 artículos de ese proyecto de ley estatutaria de la JEP son inconstitucionales y perjudiciales. Sin embargo, el presidente apenas objetó los seis peores. La tormenta posterior, nacional e internacional, que se suscitó contra él indica que da lo mismo objetar uno, cien o mil, porque cada intento de modificar el NAF y sus corolarios “legales” está condenado al fracaso, porque la supra constitución está blindada, no solo “legalmente” sino también por la acción coordinada de los amigos de la subversión, el desorden y la revolución, en Cortes y Congreso, columnistas, emisoras, e incontables raposas jurídicas.

Lo que acabamos de presenciar es simplemente el enfrentamiento entre la Constitución y la supra constitución.

Como el pueblo (constituyente primario) rechazó el NAF y luego eligió al doctor Duque, la Carta del 91 sigue vigente, pero supeditada inexplicablemente a un convenio de 312 páginas entre Santos y Timochenko, cuya “validez” reposa en la firma de estos dos sujetos.

Para no decirnos mentiras, es necesario considerar el enfrentamiento inevitable entre el régimen constitucional (que el doctor Duque juró cumplir) y el supraconstitucional (no jurado por él), que carece de legitimidad jurídica, electoral y moral.

El NAF no es cosa distinta de la “hoja de ruta” para el gobierno de transición que debía ejercer Petro: Impunidad, tolerancia notoria (=estímulos) de los narcocultivos, ideología de género en la educación, “memoria histórica”, reforma agraria colectivista, desfinanciación y desmotivación de las Fuerzas Armadas, sometimiento del gobierno a multitud de órganos cooptados por las Farc, predominio de la “protesta” sobre el orden público, erogaciones astronómicas para el “postconflicto”, etc., etc.

¡Las consecuencias de este régimen mixto legal-ilegal consisten en obligar a Duque a ejecutar el programa demoledor de su adversario!

En el frente económico, el PND obedece en buena parte a los lineamientos de La Habana, en cuanto obliga al erario a atender “compromisos” de imposible financiamiento, que superan ampliamente los 39 billones de pesos destinados a implementar el NAF en el cuatrienio, pero con posible duplicación de estos porque hay muchas partidas camufladas que tienen la misma finalidad.

El NAF no es el único factor tras el desequilibrio estructural del presupuesto colombiano, pero lo agrava. Y el gobierno, mientas siga maniatado “legal” y presupuestalmente por ese pacto, no podrá equilibrar las cuentas. Cálculos prudentes del déficit previsible indican que Colombia tendrá que sumar otros 50 o 60 billones de dólares a su endeudamiento para poder ejecutar cabalmente el PND del actual gobierno. Nos aguarda, entonces, el destino de Argentina y Grecia, si no se procede a un ajuste drástico, realista e impostergable, del gasto público, para que el desorden demagógico-fiscal no se convierta en el detonante de la revolución…

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En realidad, el éxito que deseamos para el gobierno del doctor Duque exige su emancipación de la camisa de fuerza que le dejaron Santos y Timochenko. Por eso, el gobierno debe someter la situación de su administración a una prueba ácida que le permita evaluarla, porque está maniatado, mientras la subversión, desatada, cuenta con dinero, incomprensibles mayorías legislativas, la connivencia de los jueces y poderes fácticos como los medios, además del coro internacional de los mamertos…

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Amarrar el gato con la longaniza ­- A eso equivale el llamamiento del grupo de Lima a la dictadura cubana para que colabore en la solución del impasse venezolano, causado en buena parte por la pusilanimidad, indecisión y tontería de esos mismos cancilleres… y, como si fuera poco, Holmes desautoriza las atinadas observaciones del embajador Ordóñez sobre la acción castro-chavista en todos nuestros países. “¡Con enemigos así, Maduro no necesita amigos!”

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Fernando Vallejo denuncia, una y otra vez, veraz y valerosamente, el horror del NAF y de la entrega del país. Sin ser santo de mi devoción, admiro su coraje en estos asuntos.

(1) ¿Cómo es posible que la JEP esté actuando sin ley que determine sus procedimientos? ¿Por qué no están detenidos todos sus integrantes por usurpación de funciones?