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Justicia

The “pitirris”: false judicial positives
Los “pitirris”: falsos positivos judiciales
Autor: Juan David Morales Gaviria
21 de Agosto de 2012


Según el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, casos como el de Sigifredo López solo demuestran una cosa: que “la justicia tiene que buscar nuevas vías”.

Foto: Cortesía 

Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación, revocó la medida de aseguramiento domiciliario que existía contra Sigifredo López al considerar que los cuatro testimonios que se tuvieron en cuenta para asegurar al exdiputado del Valle "presentaban incoherencias y contradicciones".

La Fiscalía sí estremeció al país... pero en su propia contra. Esa fue la conclusión a la que llegaron varios expertos penalistas, quienes conceptualizaron acerca del caso del exdiputado del Valle, Sigifredo López. Proceso que, según los analistas, “deja más que claro que en Colombia sí existe una fábrica de testigos”.


El jurista Jaime Restrepo, presidente de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, explicó que existe un derecho que se conoce como presunción de inocencia y, en aras de ese principio y de ese derecho fundamental, la Fiscalía tiene la obligación de hacer una investigación objetiva analizando todos los elementos y materiales probatorios en disfavor del procesado, al igual que aquellos que se favorecen.


“También es  triste ver de qué manera el mismo fiscal General de la Nación acepta que de acuerdo a los cánones y de acuerdo a los preceptos del Código de Procedimiento Penal, lo que es el programa de protección a víctimas y testigos se ha convertido es en un programa de compra de testigos”, señaló el abogado.


Restrepo aseguró además que hay que ver de qué manera se manipulan los testigos con el único objetivo de la Fiscalía de llegar a una acusación y de llegar a sentencias condenatorias.


“Eso lo he venido denunciado en diferentes casos, muchos de ellos de defensas de militares desde la Fundación de la Defensoría Militar Integral y desde la Fundación Héroes Visibles, en las cuales los fiscales presionan y contienen a los testigos para que dirijan sus denuncias en contra de los militares. Eso obviamente no es gratuito, eso es ofreciendo favores jurídicos con base en el principio de oportunidades que es la figura nueva de la Ley 906 del 2004, ofreciendo asilos en el exterior respaldados y acompañados por muchas ONGs, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, dijo.


En cuanto al “carrusel de los testigos”, el penalista fue enfático al expresar que “yo le podría decir que en Colombia sí existe una fábrica de testigos pero es un método masivo y no sistemático. Mal haría en decirse que desde la Fiscalía General de la Nación, que yo no lo creo, se den directrices para que eso ocurra, pero infortunadamente la forma en que está edificado el Código de Procedimiento Penal y el sistema de protección a víctimas y de testigos se ha convertido en eso”.


Jaime Restrepo terminó recalcando que “así como los medios de comunicación le han otorgado el epíteto a los homicidios o a las bajas operacionales en combate fallidas, donde no han muerto guerrilleros sino campesinos y lo han calificado como falsos positivos, pienso que aquí, analógicamente hablando, podríamos estar hablando de falsos positivos judiciales, que ese es el resultado de ese carrusel de falsos testigos, donde hay cantidad de personas que están siendo procesadas y muchas de ellas condenadas como consecuencia de falsos testigos que nosotros coloquialmente llamamos los pitirris”.


Iván Gómez Osorio, reconocido jurista de la ciudad, explicó por su parte que “en el país hay un carrusel de testigos y los fiscales, por una parte con el ánimo de tener algún protagonismo, y por la otra parte con la idea de mostrarnos resultados que apenas son aparentes, van recibiendo testimonios de personas que son testigos profesionales en el sentido de que se dedican a delatar casos que no han ocurrido o personas que no han participado en la comisión de ningún delito, con la finalidad de obtener beneficios a través de la delación y, a veces, con finalidades políticas también”.


El abogado Jairo Gallego también hizo referencia al tema diciendo que el caso de Sigifredo López es un ejemplo de lo que no debe existir en el país.


“Es una vergüenza para la Fiscalía General de la Nación y una pesadumbre para el ciudadano de bien, que no está exento de ser sindicado penalmente por razones políticas, económicas o de cualquiera otra índole, que se presenten casos como estos. Las fábricas de testigos tienen que recibir sanciones ejemplares, las cuales están consagradas en la normatividad penal”, apuntó.


Justicia colombiana, ¿fácil de engañar?


El abogado Gómez Osorio precisó que “engañar a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía es difícil pero no imposible.  Lo que se debe tener muy claro es que cuando se vaya a valorar un elemento de prueba con un testimonio, hay que empezar por conocer primero quién es el testigo. El solo hecho de que una persona se presente como reinsertada o como informante no es suficiente para otorgarle credibilidad. Le ha faltado a la Fiscalía profundizar un poco más en la personalidad, que es un criterio que se debe evaluar de los presuntos testigos”.


En cuanto al fiscal Eduardo Montealegre, el penalista dijo que “tenga la seguridad que con él no va a pasar nada, pero esta decisión sí deja muy mal parada a la Fiscalía porque le genera a la opinión pública una desconfianza fundada por medidas absolutamente exageradas y además injustas”.


El jurista Jaime Restrepo manifestó por su parte que “yo pienso que es muy fácil engañar a la justicia colombiana porque tenemos una administración judicial débil, donde los fiscales y los jueces no llegan a sus cargos por meritocracia, tenemos una justicia politizada, llena de burocracia”.


“No podemos desconocer que el doctor Montealegre es un hombre con mucha sapiencia en lo jurídico, absolutamente idóneo y que conoce con filigrana todo el andamiaje jurídico de nuestro país, contrario a lo que sucedía con la fiscal Vivian Morales, que no era penalista y no tenía ni idea de eso, pero sí me parece un acto responsable y loable  que haya reconocido que sí hay malos procedimientos en el seno del ente acusador que él dirige en materia de manipulación y compra de testigos”, aseguró.


Finalmente Restrepo subrayó que “con el acaecer de la denuncia del carrusel de los falsos testigos me parece que, contrario a pedir la cabeza del fiscal General de la Nación, el doctor Montealegre debe ser respaldado y acompañado toda vez que él mismo está haciendo el reconocimiento que fiscales anteriores no se habían atrevido a hacer y, además, está sugiriendo que deben realizarse cambios en el seno de la estructura del sistema acusatorio para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.


El jurista Jairo Gallego añadió en este punto que el fiscal General quedó “demasiado mal” frente al pueblo colombiano y por fuera del ámbito nacional.


“Si esto ocurrió con Sigifredo López, una figura bastante visible por todo lo ocurrido con él, en especial por el sufrimiento del secuestro, ¿qué se podrá decir de un ciudadano de a pie, común y silvestre que se pueda encontrar en situaciones similares? Pensemos en cuántos ‘Sigifredos’  han sido procesados por nuestro sistema penal sin la oportunidad de ser escuchados. En Colombia se violan los principios al debido proceso y la presunción de inocencia, derechos fundamentales,  y no ocurre nada”, finalizó.


Preocupado


El fiscal General Eduardo Montealegre dejó ver su preocupación por el incremento de falsos testigos en varios procesos judiciales como sucedió en el caso del exdiputado Sigifredo López, y que incluso se han detectado en investigaciones relacionadas con la Ley de Justicia y Paz.


"Debo declarar mi preocupación por la aparición de falsos testigos, engañando a la justicia, tenemos que buscar a nivel nacional en qué caso se están dando este tipo de declaraciones", señaló el fiscal en diálogo con Caracol Radio.


Frente al caso del exdiputado del Valle, Montealegre aseguró que se actuó con diligencia al comprobar la inexactitud en los testigos.


"No existe evidencia creíble en contra de Sigifredo López, el fiscal del caso la próxima semana definirá si hay que practicar una prueba adicional. No tengo evidencia para dudar de la buena fe del fiscal 38 y por tal motivo se ordenará una investigación en contra de los testigos que declararon contra Sigifredo", concluyó el fiscal.





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