Editorial

Lección básica de democracia
16 de Octubre de 2016


El acuerdo que finalmente se firme entre las Farc y, ojalá, un Gobierno Nacional que sí represente a todos los sectores, sólo podrá ser implementado mediante decretos, leyes y aun reformas constitucionales, con mecanismos de la Constitución.

Bajo el sugestivo título En suiza no saben qué hacer con el acuerdo Farc-Santos, el portal periodismosinfronteras.org dio cuenta el viernes del debate que se está gestando en la confederación helvética acerca del destino que le darán al documento que el Gobierno de Colombia le entregó el pasado 28 de septiembre para que fuera incorporado al Archivo Nacional, en Berna. Aunque la decisión misma de depositar el texto en dicho país como un “Acuerdo Especial en los términos del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra” resultó polémica desde que se hizo pública, la situación originada por el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre, convirtió ese gesto de buena fe por parte del Gobierno suizo en una verdadera papa caliente que tal vez sea resuelta, a finales del presente mes, por el Consejo Nacional, la cámara mayor del Parlamento de ese país, que bien podría, simplemente, devolver el documento.


Las preguntas comenzaron un día después de la refrendación popular de los acuerdos, cuando, en una primera muestra de lo difícil que será para las Farc someterse a las reglas universales de la democracia, su máximo jefe, alias timochenko, afirmó que el texto adquirió “innegables e irrevocables” efectos jurídicos al ser firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo Federal de la Confederación Suiza. La afirmación del señor timochenko ha sido secundada por varios de los integrantes del secretariado, ante lo cual la prensa suiza ha inquirido al Departamento Federal de Asuntos Exteriores, que aprovechó la coyuntura para darle a alias timochenko, y a la guerrilla en general, su primera amonestación pública, señalando con toda claridad que ese país “respeta los resultados de votaciones democráticas, ya sea en el interior o en el exterior”, y que el hecho de haber aceptado una solicitud de las partes en negociación para recibir un original del acuerdo firmado, no significa que la confederación suiza exprese alguna “opinión respecto a su validez o su rango jurídico”, ni lo lleva a asumir “una garantía o control sobre la ejecución o el cumplimiento de dicho acuerdo”. El ministro de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, es enfático en señalar, según periodismosinfronteras.org, que a Suiza “no le corresponde meterse en los asuntos internos de otros países”.


El episodio trae a colación cómo timochenko y muchos de los defensores de la negociación, desconocen que el Artículo 4 del Acto Legislativo para la Paz definía que el ingreso del acuerdo final al bloque de constitucionalidad sólo se podría producir después de que el acuerdo hubiese sido firmado, aprobado en plebiscito y entrado en vigor el Acto Legislativo mismo. En otras palabras, como con el triunfo del No en el plebiscito, en virtud del Artículo 5 del mismo Acto Legislativo, su vigencia estaba condicionada a los resultados de la votación, debe entenderse entonces que los cinco artículos que componían dicha reforma constitucional fueron rechazados por el constituyente primario. Vale anotar que ante esta realidad, se hace innecesaria, inoportuna e inocua por ausencia de materia, la evaluación de constitucionalidad sobre esa propuesta de reforma constitucional que tanto pedimos a la Corte Constitucional.


Esto quiere decir que el acuerdo que finalmente se firme entre las Farc y, ojalá, un Gobierno Nacional que sí represente a todos los sectores, tanto del sí como del no, podrá ser implementado mediante decretos, leyes y aun reformas constitucionales, pero usando los mecanismos establecidos por nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, con el concurso autónomo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y teniendo el nuevo acuerdo final como un compromiso político vinculante, mas no como un conjunto de normas con jerarquía constitucional.


Si las Farc tienen verdadera voluntad de someterse a las leyes y dinámicas del Estado de Derecho que mediante la más amplia y diversa concertación se obtuvo con la Constitución de 1991, esta nueva realidad no debe asustarlos. Intentar revivir, en cambio, una reforma constitucional ya rechazada por el pueblo soberano, develará las oscuras intenciones de servirse de un procedimiento legislativo extra rápido, que recortaba las obligaciones y los poderes del Congreso para debatir y aprobar autónomamente todas las normas que tuvieran que ver con el desarrollo legislativo de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final; así como recortes al proceso de revisión constitucional, por parte de la Corte, y atribuciones extraordinarias al presidente de la República, además del ya citado ingreso a la categoría de norma constitucional de todo el acuerdo. Por esto, rechazamos todo intento de revivir el Acto Legislativo 01 de 2016. Con la victoria del no, como bien lo repitió una y otra vez el mismo Humberto de la Calle, dejó de existir esa propuesta de reforma constitucional y ese sí es un efecto jurídico innegable. 


Intentar burlar la voluntad popular y la Constitución sería tan deplorable como las declaraciones o las actitudes que por estos días buscan desconocer la decisión democrática de los colombianos el 2 de octubre.